Los ambientalistas entrerrianos compartieron el documento que les envió, el sábado 8 de febrero, el Superior Tribunal de Justicia y lo calificaron como "escandaloso". La Coordinadora Por una Vida Sin agrotóxicos Basta es Basta repudió la medida tomada por los jueces Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone "donde rechazan el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos".
Fumigaciones: ambientalistas repudiaron la notificación del STJ
La Coordinadora Por una Vida Sin agrotóxicos Basta es Basta compartió el documento que firmaron los jueces
9 de febrero 2020 · 19:33hs
El Supremo Tribunal reunido casualmente con la Mesa de Enlace, beneficiados por sus fallos ya que tendrán más tiempo para fumigar.. Jamás escucharon a las y los afectados.
Además reclamaron que "la decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo). Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda".
El documento
Los integrante de Basta es Basta reclaman, en forma irónica, los resultados que generó el Decreto 2239/19 que se confeccionó por el amparo que presentaron en su momento. "Según el fiscal este decreto que entró en vigencia el 1° de enero es ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios".
Remarcan que Rodríguez Signes destacó que “el decreto garantiza la seguridad ambiental y la salud” por lo que le solicitaron, en una nota publicada en el sitio de la organización, que responda las siguientes preguntas:
- ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Rios (art 7°)? Esa información fue provista en 2014 a la Secretaría de Agricultura, relevada por uno de nuestros compañeros. Pero ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud.
- ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Art 15°)?
- ¿Ya puso en línea el Gobierno de Entre Ríos el cacareado “sistema web de gestión de información con tecnología georeferencial” y el “sistema de monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos que implique la adquisición, registro y gestión de alarmas con transmisión de datos basados en una microcentral para ser instalado en pulverizadoras” prometido en el artículo 8° del decreto. ¿Habrá llegado la hora milagrosa de que los pueblos fumigados podamos acceder a la información de quienes son los responsables de envenarnos? Las empresas aplicadoras y el Colegio de Agrónomos ya lo saben de sobra, hace largo tiempo porque la tecnología está vigente y es utilizada por la agroindustria.
Hasta que lleguen las respuestas creen que "es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología" que el gobernador Bordet armó en febrero de 2019. Hace un año los productores fueron los que rompieron el foro y nunca más se hizo una reunión con todas las partes.