Fiscalía pide procesar a médicos por fraude al PAMI con facturas truchas

En el hospital Santa Rosa de la localidad de Aranguren las desprolijidades causaron dudas, las dudas una denuncia, y esta una investigación que determinó presuntas maniobras para estafar al PAMI. Tres médicos y una secretaria están acusados de emitir facturas por prestaciones que el nosocomio no daba a pacientes y pretender así cobrárselas a la obra social de jubilados y pensionados.

Habían sido procesados por el juez federal Leandro Ríos, por Defraudación contra la administración pública y Estafa. Luego, al presentar documentación que los favorecía, les dictó la falta de mérito, medida que fue apelada por la Fiscalía.

Ayer, en una audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el fiscal general Ricardo Álvarez pidió que vuelvan a procesar a los cuatro imputados para llevarlos a juicio. Dos de los defensores, Pedro Fontanetto D’Ángelo y Maximiliano Casey, reclamaron que se confirme la resolución del juez Leandro Ríos al sostener la inocencia de dos médicos.

Los imputados son Marcelo Javier Ascúa (médico y director), Silvia Mabel Victoria Mac Dougall (secretaria), María Victoria Codino (médica y exdirectora) y Gerardo Miguel Adaime (médico). Según la acusación “defraudaron en forma conjunta y coordinada al PAMI en la suma de 343.176 pesos aproximadamente, mediante la presentación de dos facturas de fechas 13 de abril de 2016 y 5 de enero de 2017, correspondientes al hospital, en las cuales consignaron falsamente internaciones por un total de 362 días y prácticas no realizadas a nueve afiliados. Asimismo, con anterioridad a esas fechas y para respaldar las prestaciones generadas indebidamente, adulteraron y/o falsificaron las historias clínicas de los pacientes mencionados”.

La Fiscalía entiende que Adaime redactaba las historias clínicas falsas, la secretaria hacía las facturas y los directores la firmaban para los cobros correspondientes. Adaime fue, hasta hace unos meses, director del hospital. Declaró y aportó documentación al expediente para clarificar cuestiones sospechosas, lo cual permitió que luego se dictara la falta de mérito.

Internados ambulantes

En su alegato ante los camaristas, el fiscal Álvarez sostuvo: “Creemos que lo mejor es procesarlos por fraude a la administración pública”. Refirió que se facturaban al PAMI “módulos”, en lugar de prestaciones detalladas de acuerdo a la necesidad de cada paciente, pese a que “las prestaciones son el presupuesto para que se pague algo, aunque la modalidad contable sean módulos”. En ese espacio del hospital, donde funciona una especie de geriátrico, los pacientes “figuraban en una ficha como personas que vivían allí, pero andaban en libertad, deambulaban y los buscaban las familias. Y decían que estaban internadas”, sostuvo el fiscal.

“Es un fraude”, sostuvo Álvarez convencido, y explicó: “Se emitieron facturas idóneas para inducir al error al PAMI”. Una de las facturas secuestras en el allanamiento corresponde a prestaciones de fines de febrero y marzo de 2016 y otra de noviembre y diciembre del mismo año. “Estas dos facturas son la prueba del ilícito”, aseguró Álvarez, y demuestran la falsedad: “Decían que esas dos personas estaban internadas con distintas prestaciones, pero andaban libremente”.

Además, Álvarez indicó que el juez Ríos reconoció que el hecho ocurrió, y que la diferencia radica en que él sostiene que hubo una tentativa en el delito, ya que el dinero no salió. Es decir, hubo una “pretensión de pagos por servicios no satisfechos”.

Por otro lado, acerca de la responsabilidad de las autoridades del hospital, el fiscal explicó que “la factura incluye la firma de la directora del hospital, y si la factura es ilegal, conlleva su responsabilidad”. También Álvarez insistió en que “existió coordinación” entre ellos porque cada uno intervino según su rol. Por ejemplo: “No se puede facturar sin la historia clínica, el seguimiento decía que estaban internados, cuando en realidad andaban deambulando por el patio”.

“No sabía cómo facturaban”

El abogado defensor del médico Adaime, Pedro Fontanetto D’Ángelo, sostuvo que “la falta de mérito ha sido razonable y ajustada a la prueba existente, y la Fiscalía no ha podido probar” el delito, por lo que pidió confirmar la resolución de Ríos. “Esto arranca con una imputación que no es la correcta. Dicen que defraudaron en forma conjunta y coordinada, pero no hay ni siquiera indicios de esto”, afirmó.

“El doctor Adaime era un clínico que hacía las evoluciones de los pacientes. Llegaba y los atendía, dejaba indicaciones en las hojas de Guardia, ni siquiera las llevaba al área de facturación. Ni siquiera sabía cómo se facturaba al PAMI ni cómo eran los pasos administrativos”, sostuvo el defensor.

“Coincido en que acá algo raro pudo haber pasado, pero eso no se puede achacar al doctor Adaime. No pudo, haciendo las historias clínicas, saber que se estaba facturando mal para defraudar a la administración pública”, agregó Fontanetto D’Ángelo, y plasmó en la audiencia que “Adaime es un médico prestigioso en Lucas González, un procesamiento le hace un daño gravísimo. Si es que esto pasó, él no sabía lo que hacían con la facturación”.

Por su parte, el defensor de Codino, Maximiliano Casey, coincidió en que “la valoración del juez ha sido correcta”, dijo que “no está acreditado que el dinero haya salido del PAMI”, y agregó que “no se auditaron las cuentas del hospital, ni quienes eran las personas autorizadas para administrarlas”.

Los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, tras escuchar los argumentos de las partes, anunciaron que en los próximos días darán a conocer la resolución.

Comentarios y una denuncia anónima

Los comentarios acerca de presuntas maniobras irregulares en el hospital de Aranguren circulaban desde hace varios años, hasta que en 2018 formalmente se comenzaron a investigar. Una persona declaró en calidad de testigo de identidad reservada y detalló los movimientos que se habrían realizado bajo distintas gestiones en el hospital Santa Rosa, y que afectaban directamente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

La denuncia recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que depende de la Procuración General de la Nación. Desde Buenos Aires, su titular, Gabriel González Da Silva, envió las actuaciones a la Fiscalía Federal de Paraná para iniciar una investigación al respecto.

El 2 de agosto del año pasado se ordenó un allanamiento en las oficinas del nosocomio. El objetivo fue el secuestro de historias clínicas relacionadas a pacientes internados en el asilo de ancianos que depende del hospital.