Este año el transporte urbano se debatirá en una nueva licitación

Que los colectivos urbanos tengan aire acondicionado –y también cámaras de seguridad– resulta una exigencia casi disparatada, en un contexto de demandas más sencillas y realistas: que haya más colectivos en las calles para mejorar las frecuencias, y que lleguen a todos los barrios, muchos de los cuales, nuevas urbanizaciones que se multiplican con celeridad en la ciudad, no cuentan con tal servicio. Más allá de que hay localidades como Rosario, que tienen la refrigeración dentro de los vehículos.

Esas disposiciones fueron estipuladas por una de las últimas ordenanzas sancionadas en relación al transporte urbano de pasajeros, durante 2015, para que sea considerada obligatoria y su incorporación progresiva, a partir de la renovación de la concesión del servicio, que expira este año.

La posibilidad de una nueva licitación, luego de más de 30 años de prórrogas sucesivas cada cinco años, y su debate público, será uno de los temas centrales de la realidad ciudadana paranaense, que involucra también a las crecientes poblaciones de Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde.

Mientras el intendente, Sergio Varisco, anunció durante la campaña electoral y tras ser electo, su decisión de realizar un llamado a concesión, desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se confirmó a UNO que en el transcurso de la próxima semana, se entregará al jefe comunal una recomendación con los fundamentos para que se concrete una nueva licitación, junto con otros informes elaborados en los últimos años sobre el servicio, su funcionamiento y los reclamos de los usuarios.

El transporte urbano de pasajeros de Paraná es un sistema que opera con unos 100.000 pasajes diarios y moviliza en el año más de 25 millones de usuarios, en unas 16 líneas urbanas y unos 122 ramales. De las empresas originarias de la concesión, suscripta entre la Asociación del Transporte Urbano de Pasajeros y la Municipalidad de Paraná, solo quedó la firma Mariano Moreno: la última modificación fue hace un par de años, cuando Ersa adquirió a La Victoria. En el camino fueron desapareciendo firmas como Independencia, Martín Fierro y Transporte Urquiza.

Las obligaciones, las necesidades, las demandas y el propio servicio fueron mutando a lo largo de tres décadas. En los últimos años la prestación mejoró –coincidente en gran medida con la incorporación del monitoreo por GPS–, aunque sigue la queja por las frecuencias, fundamentalmente, y están pendientes otras medidas –algunas de ellas responsabilidad también del gobierno municipal– como la presencia o reemplazo de garitas en los barrios, vehículos que garanticen la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad, la falta de información de recorridos y horarios en garitas y en el interior de los colectivos, y hasta el funcionamiento del sistema de parada inteligente y del software “Cuándo pasa”, entre otras establecidas por ordenanzas.

El transporte urbano de pasajeros es un sistema subsidiado por el gobierno nacional, que en el caso de Paraná es de carácter netamente privado –hay lugares del país con sistema mixto público-privado–, que opera a través del poder concedente de la Municipalidad, pero que es facultad del Concejo Deliberante.

Situación
La última prórroga de la concesión, realizada en el último tramo de la gestión del intendente José Carlos Halle, finalizará con el último día hábil de octubre.
Ante esa realidad, el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, sostuvo que a criterio de la institución, “se debería llamar a licitación” y que distintos actores involucrados en el servicio puedan exponer y discutir distintas propuestas. “Esto no es en contra de una empresa en particular, sino para que todas se ajusten a las necesidades de los usuarios. Por eso, en esa línea, hicimos recomendaciones desde la Defensoría, y la última fue en 2013, pidiendo que se haga una mesa de diálogo de transporte, compuesta por los usuarios –a través de entidades sindicales de comercio, empleados públicos, docentes–, jubilados, estudiantes, además de integrantes del Concejo Deliberante, de la Defensoría del Pueblo, de Defensa del Consumidor, de los empresarios y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Es decir, todos los interesados en que tengamos un mejor transporte, para que por lo menos se discutan alternativas”.

Diálogo y debate, en un espacio, fue una demanda incumplida con el paso de los años, acotada a temas ocasionales, en contadas oportunidades durante los últimos 15 años.

“Será la Municipalidad la que tendrá el control y decidirá qué tipo de transporte urbano tendrá la ciudad, pero hay una necesidad de que por lo menos todas las partes puedan ser escuchadas”, graficó Garay.

En ese sentido, expuso que hay muchas temáticas para abordar en ese ámbito a partir de las presentaciones que se realizan a diario en la Defensoría. “Hay vecinos que quieren que el colectivo pase por la esquina de su casa, pero eso por un lado alarga las frecuencias. Entonces tenemos que ver qué tipo de discusión nos damos: si debería haber colectivos troncales en las grandes avenidas, más rápidos y de mayor frecuencia, y otros de conexión entre barrios, o un servicio diferencial para las zonas más alejadas”.

En relación a las quejas más comunes, planteó que en relación a las garitas, se han mejorado, sobre todo en la zona céntrica, pero queda pendiente aún mucho en los barrios. Habló también de molestias de los vecinos ubicados en las terminales o cabeceras de los ramales, por el ruido tempranero de las unidades, que se encienden antes de iniciar la jornada; el mal estado en que quedan calles de tierra, donde concluyen algunos recorridos; la falta de limpieza de las unidades; pero sobre todo, la realidad de las frecuencias, fundamentalmente en épocas que no hay clases o los fines de semana.
“Creemos en esos espacios que sean facilitadores de diálogo, con mediadores que dan la palabra a todos, y que todos puedan opinar con respeto, escuchándonos, anotando y dando la posibilidad de sacar algo en limpio”, aportó el defensor del Pueblo sobre la propuesta.


Datos
*La concesión en 1984 se suscribió entre la Municipalidad de Paraná y las empresas Transporte Urquiza, Independencia, Martín Fierro, Mariano Moreno y La Victoria.
*De ellas solo quedó Mariano Moreno, que es acompañada actualmente por la firma Ersa, que adquirió a La Victoria.
*El sistema se presta con 16 líneas y unos 122 ramales.
*Se transportan a diario unos 100.000 pasajeros y hay 25 millones de cortes de boleto en el año.
*Es un servicio vital para localidades que explotaron demográficamente en los últimos 10 años, como Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde.
*Entre las principales quejas, figuran la necesidad de mayores frecuencias y de llegar a los nuevos barrios y urbanizaciones de la ciudad.