Tras dos meses de haberse realizado la audiencia pública para comenzar formalmente la actividad del fracking –explotación no convencional de petróleo y gas– en Mendoza, ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta esa actividad.
En Mendoza ya se puede emplear el fracking
El decreto reglamentario para regular la explotación no convencional de petróleo y gas se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Por Paola Ale
10 de marzo 2018 · 08:34hs
Se trata de un compendio de requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas en explotar las formaciones no convencionales y poder proyectar objetivos a largo plazo, ya que por tratarse de una actividad mucho más cara y compleja que la explotación convencional, el permiso que se otorgará será más largo. Básicamente el decreto pone énfasis en dos aspectos: la seguridad y el control del ambiente, pero también el respaldo para los empresarios. Esto también tiene que ver con que las inversiones para realizar fracking en nuestra provincia oscilan entre 500 millones y 1.000 millones de dólares, según dijo el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.
Agregó que de concretarse estas inversiones, se duplicaría la actividad económica de Mendoza.
En tanto, el secretario de Ambiente de la provincia, Humberto Mingorance, explicó cuáles son los aspectos más importantes que se plasmaron en el decreto 248/18, firmado el 5 de marzo por el gobernador Alfredo Cornejo.
En primer lugar determina que el organismo de control de la explotación en formaciones no convencionales no sólo la llevará adelante el Departamento de Protección Ambiental (DPA) que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, sino que también serán monitoreados por el Departamento General de Irrigación. Esto es por los cuidados que conlleva el uso de agua para el procedimiento.
Otro de los aspectos que se tendrán que tener en cuenta son las diferencias entre nuevas áreas y áreas que ya se están explotando y en las cuales se realizará fracking. En el primer caso, se pedirá una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), y además, una audiencia pública. En cambio, en las áreas ya concesionadas, lo que se exigirá es un aviso de proyecto, o un estudio de algún aspecto puntual del ambiente. Esto porque ya se ha pedido la MIA para la explotación convencional. No tendrá que pasar por una audiencia pública, pero sí es posible que se realice una consulta a los vecinos.
En cuanto al agua, no se podrá autorizar ningún proceso de fracking que no esté avalado por el DGI. En ningún caso, se autorizará uso de agua subterránea que sea utilizado para consumo humano. Además, será agua de formación –no apta para tomar ni para el riego– en 70% y 30% agua dulce. Luego deberá ser tratada, pero informando con qué productos. Además, los concesionarios deberán contratar un seguro de responsabilidad civil, y se evalúa el pedido de un seguro ambiental.
¿Qué es?
La fracturación hidráulica es una técnica de explotación, extracción y producción de hidrocarburos almacenados en los poros de rocas subterráneas.
Punto por punto
Autoridad de aplicación. No sólo será la Secretaría de Ambiente, a través del Departamento de Protección Ambiental, sino también el Departamento General de Irrigación.
el rol de irrigación. El DGI autorizará si en la zona en la que se quiere realizar fracking el uso de agua es suficiente para las actividades básicas humanas (consumo, higiene y riego).
exigencias EN pozos nuevos. En los pozos ya existentes y de explotación convencional no hace falta la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). En cambio sí en los nuevos pozos. Para presentar la MIA deberá llamarse a audiencia pública.
Tratamiento del agua. Después de realizado el proceso, el agua deberá tratarse. Pero previamente, deberá controlarse con qué productos.
Agua subterránea. En la técnica del fracking se usará agua de formación (no apta para el consumo) en 70% y en 30% agua dulce. Sin embargo, si el agua subterránea de la zona es utilizada para satisfacer las necesidades de la gente, no se podrá usar para fracking.
Contratación de seguro. Las empresas deberán contratar un seguro de responsabilidad civil para poder operar, y se evalúa que además sea necesario un seguro ambiental, pero todavía no está decidido.