El recorte inesperado y la convivencia cada vez más difícil

Si bien en sus más de dos años y ocho meses de gestión la actual administración provincial pocas veces tuvo la certeza del entendimiento pleno con el gobierno nacional, las últimas horas marcaron un nuevo nivel de desencuentro con el macrismo gobernante.

Algunos intendentes que asistieron al encuentro que el gobernador, Gustavo Bordet, mantuvo el lunes en Paraná con los presidentes municipales de Cambiemos dejaron trascender que el mandatario les dijo que la situación económica y social iba a empeorar rápidamente. Alguno podrá pensar que para hacer ese diagnóstico alcanza con ver los indicadores económicos publicados en los diarios, pero en boca de un gobernador la apreciación adquiere más contundencia, dado que quien lo señala maneja posiblemente más datos que los publicados en los medios.

Ese encuentro con los presidentes municipales fue para coordinar la reducción de obras publicas en el proyecto de presupuesto de 2019 ante el anunciado recorte presupuestario para el año que viene. Es probable que Bordet les haya dicho a los intendentes cuál iba a ser la noticia del día siguiente: la eliminación por decreto de necesidad y urgencia del Fondo Federal Solidario. Para algunos de los intendentes de Cambiemos conocer esa noticia fue chocarse con la pared. Una cosa es ser convocado por la Provincia para discutir la reducción de obras, algo que puede discutirse, con muñeca y sutil presión; y otra, muy distinta, saber que ese flujo de dinero que llegaba religiosamente desde 2009, sin intermediarios, sin filtros, por el mecanismo de la coparticipación, no iba a estar más, desde ese mismo día. Y además, con el bozal político, sin margen de queja porque la decisión es de "su" gobierno nacional, el del presidente, Mauricio Macri.

Al otro día, el martes, la noticia comenzó a marcar el humor político de la semana con uno de los pocos hechos que tuvo visibilidad en los medios al margen del escandaloso derrotero de la investigación judicial iniciada a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, que puso al descubierto un mecanismo de coimas en la obra pública primero y luego en el transporte de dimensiones impensadas.

La relación de la Provincia con la Nación presenta siempre para la administración de Bordet importantes dificultades; y luego de 32 meses de convivencia, uno supone que ninguna de las actitudes que toma el gobernador resultan exageradas; sabiendo que muchas veces lo dejan mal parado frente a sectores del peronismo.

El gabinete provincial se mantuvo tres días en silencio respecto de la medida y recién el viernes, al ser consultado por el tema en Rosario del Tala, el gobernador dijo que la medida había sido inconsulta y sorpresiva. Antes algunos legisladores o intendentes había dicho algo, pero a riesgo de quedar a contramano de la corriente. La Provincia había logrado sellar un trabajoso acuerdo para cobrarle al gobierno nacional una importante suma de dinero cuyo pago la Nación había incumplido, relacionada con los planes de viviendas; y con esa suma, la gestión Bordet piensa financiar nuevas unidades habitacionales. Es dinero que la Provincia tuvo que poner en su momento para terminar otras viviendas, ante el incumplimiento nacional; no son fondos nuevos, ni más recursos.

Se trata de cobrar una deuda que se venía reclamando desde hace tiempo. Tal vez por eso se explique el inicial silencio de las principales autoridades provinciales, en la intención de evitar una represalia, como muchas que ya hubo, que pudiera retrasar ese pago.

Sin embargo, la llegada a la Provincia del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, para despedir el jueves un embarque de cítricos dulces a China, siguió cargando los ánimos. El funcionario dijo que la eliminación había sido acordada con los gobernadores. Ese mismo día, el diputado provincial Joaquín La Madrid (Cambiemos) publicó una columna tildando de perversos a los que se quejaban del recorte, dado que –en su lógica– nadie puede ignorar la situación del país tras años de desidia kirchnerista o pensar que en dos años y medio se puede revertir el déficit fiscal. "¿Quién puede tener la osadía de reclamar al gobierno nacional?", se preguntó el concordiense, que además sostuvo que la decisión es de impacto neutro en las arcas provinciales y municipales.

La osadía de reclamar se volvió una necesidad para gobernadores e intendentes que se enteraron que desde ese mismo día no contarían con esos fondos. La paradoja de muchas localidades rurales era contar con el financiamiento para alguna pequeña obra como un premio consuelo que el sistema sojero le dejaba a cambio de contaminar el suelo y afectar la salud de la población y dañar el medio ambiente. Ahora ya ni eso.

El reduccionismo se intentó imponer desde algunos medios nacionales. Defender el fondo de la soja equivalía a kirchnerismo, y por ende se emparentaba con valijas con millones de dólares, corrupción y delito. Pero la cuestión no es tan sencilla, ni tampoco cierta por supuesto. No hubo solo kirchneristas reclamando por la poda sorpresiva, se sumaron otros sectores políticos.

"Hay que hacerlo, si no esto explota", le explicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los gobernadores, de acuerdo a lo que reveló el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto; mientras Macri aseguraba que estaba todo bien, el dólar se acercaba a los 31 pesos y la inflación minorista de los primeros siete meses del año tocaba el 20%.

Y aunque pueda considerarse que la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de crear el mecanismo de distribución de fondos, más conocido como Fondo Sojero, haya obedecido a la necesidad de fortalecerse políticamente en el marco de un conflicto desgastante como fue el de las retenciones, no puede ignorarse el impacto positivo en el interior del país, pese a que sin tener un metro cuadrado de soja la Ciudad de Buenos Aires (y otros distritos) accedían al mismo beneficio.

Se señaló al momento de crearse el fondo sojero, y ahora nuevamente, que las retenciones (derechos de exportación) son anteriores al Estado nacional, ya que surgieron con la creación de la Aduana de Buenos Aires a fines del siglo XVI (1580) con objetivos recaudatorios.

Incluso la provincia de Buenos Aires se mantuvo fuera de la organización nacional diagramada en 1853 como forma de garantizarse que esos recursos no fueran distribuidos a otras provincias y quedaran solamente para la provincia del puerto.

La pérdida de recursos provinciales a manos de la Nación, ya sea a través de recorte de partidas o de la transferencia de servicios a las jurisdicciones subnacionales sin el correspondiente financiamiento, han sido la constante de las últimas tres décadas y media, al amparo de pactos fiscales de escaso federalismo. En este contexto –y si se quiere, aún estando motivado en una necesidad coyuntural del kirchnerismo– la implementación de este mecanismo significó un avance, una recuperación de tanto terreno perdido; y más aún cuando se dio en el ingreso por las retenciones.

Desde el macrismo se explicó que esta medida buscaba dar una señal al mundo respecto de la decisión de llevar adelante el ajuste, en momentos en que la desconfianza en la Argentina se acentuaba. Lo cierto es que el ajuste pasa por las provincias y que el recorte de estos fondos es eliminar obra pública en provincias y municipios; es eliminar la posibilidad de tener mejor calidad de vida ya sea por la obra misma o por el empleo que genera: y golpea con más fuerza a la zona núcleo del complejo sojero, la que aporta los recursos de este fondo, comenzando por Entre Ríos, donde el 20% del gasto de capital estaba representado por los ingresos del FFS.

Para dar señales al mundo sobre la confiabilidad del gobierno nacional para llevar adelante el ajuste, el presidente Macri ajusta a las provincias y municipios en las pocas posibilidades que tienen de hacer obras públicas. A las promesas de otros recursos que lo compensen es difícil creerlas, sobre todo a la luz del acuerdo con el FMI. La merma de la obra pública, ya se sabe, significa desocupación y más recesión.