Sequía extrema: Salta en emergencia hídrica

La Cámara de Diputados de Salta convirtió en ley el proyecto de declaración del estado de emergencia hídrica por escasez de agua en todo el territorio provincial por el término de un año, con el objetivo de dotar al Poder Ejecutivo de instrumentos para paliar la situación de sequía extrema que se registra.

La nueva ley promueve la utilización racional del agua, priorizando el abastecimiento poblacional mientras dure el plazo de la emergencia, e instruye al Enresp para que adopte medidas tendientes a asegurar el normal abastecimiento del servicio de energía eléctrica, en virtud del “Estado de Emergencia Hídrica”.

La normativa, que el jueves pasado recibió media sanción de los senadores provinciales, establece la creación del Comité de Crisis de Emergencia Hídrica, integrado por un representante con rango no menor a secretario de estado de los Ministerios de Infraestructura; de Economía y Servicios Públicos; de Desarrollo Social; Salud Pública y de Producción y Desarrollo Sustentable.

Además, lo conformarán un representante de la Cámara de Diputados, otro del Senado y un tercero del Foro de Intendentes, junto al presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) y el de la empresa prestadora Aguas del Norte, en cargos ad honorem.

La ley, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, también le asigna al comité competencias para cumplir con los objetivos y finalidades en orden a la prevención, mitigación y remediación de los efectos de la emergencia hídrica. De esta manera, lo faculta a adoptar colaboración y coordinación interjurisdiccional, mediante convenios u otras acciones concertadas con organismos nacionales, de otras provincias y municipales. Por otro lado, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la afectación, incorporación y reestructuración de partidas presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.

La semana pasada, el Gobierno de Salta conformó el Comité de Emergencia Hídrica para el departamento San Martín, con el objetivo de atender los efectos de la grave sequía que afecta a las localidades del norte provincial. Voceros gubernamentales informaron que bajo la coordinación de Aguas del Norte, del Comité participan las secretarías de Recursos Hídricos, Salud, Seguridad, Asuntos Indígenas, el Enresp, el Ejército y los municipios del departamento.

Este Comité ya coordina medidas para la organización y prestación del servicio de agua potable frente a la extraordinaria situación de crisis que se registra en el departamento, como consecuencia de la histórica bajante del dique Itiyuro -principal fuente de abastecimiento de agua en el departamento San Martín-, considerada la más grave de los últimos 50 años.

En este marco, se decidió la distribución equitativa de agua potable a través de los camiones cisternas y nuevos cargadores de agua potable, para lo que la Policía de la Provincia releva y controla la prestación de este servicio alternativo, para evitar inconvenientes.

También se dispuso la suspensión de los cortes programados de energía eléctrica, salvo situaciones en las que resulte indispensable, para garantizar el continuo funcionamiento de los pozos profundos de abastecimiento, y se fijó un cupo máximo de mil litros diarios por familia, entre otras medidas.

En tanto, el viernes pasado, Sáenz suspendió la facturación del servicio de agua potable en el departamento San Martín, por los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, como medida excepcional ante la emergencia hídrica que provocó el corte del suministro de agua potable durante varios días. Tartagal y otras localidades del norte salteño no tienen agua desde hace más de diez días, por lo que pobladores cortaron la semana pasada la ruta nacional 34.

Feroz deforestación

Entre 2007 y 2021 se deforestaron en Salta casi 700.000 hectáreas de bosques. La provincia, junto con Chaco, Formosa y Santiago del Estero, acumula el 80% de los desmontes ilegales del país. Lo de Salta equivale a 35 veces la superficie de de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Grrenpeace, y a pesar de la vigencia de la Ley Nacional de Bosques (26.331/07) Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas, fundamentalmente en la región del Gran Chaco, por el avance de la frontera agropecuaria: soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa. El 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

"Las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. Y en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios en la violación de la normativa, mediante la realización de recategorizaciones prediales para permitir desmontes en bosques protegidos; la autorización de desmontes para ganadería intensiva (manejo silvopastoril) y para desarrollos urbanísticos donde no está permitido; la autorización de desmontes en territorios indígenas; y la elaboración de Ordenamientos que permiten deforestar en amplias zonas", se indica desde la ONG.