El caso de los vinos adulterados que mató a 29 personas y le costó caro al Estado

En 1993 lotes de vinos adulterados con alcohol de quemar provocaron la muerten de 29 personas oriundas de distintas provincias argentinas. Soy Cuyano y Mansero eran las marcas que comercializaba la bodega sanjuanina de la familia Torraga. Por el costo, estaba orientada a consumidores de escasos ingresos, en general clase trabajadora. El escándalo fue tal que hasta provocó la intervención del entonces presidente Carlos Menem que ordenó clausurar la bodega sanjuanina. Los responsables fueron condenados pero también el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por la falta de control y fiscalización, por no adoptar medidas de atención y vigilancia que la naturaleza de sus funciones le exigen.

Soy Cuyano y Mansero, los vinos de la muerte

En los años ‘70, ‘80 y ‘90 inclusive, la compra del vino suelto en damajuanas de cinco litros era un clásico en las casas de las familias trabajadoras argentinas. Hasta que aparecieron los de alguna marca pretenciosa o de cierto nivel, la costumbre era ir con el envase vacío y elegir el preferido en toneles gigantes que prometían distintos sabores en la vinería del barrio: todavía no se había impuesto el auge de los tintos y las elecciones se inclinaban más por los rosados o los blancos.

vino adulterado

Era un negocio que crecía día a día... Hasta que una noticia sacudió el mercado: “Dos personas murieron en Ensenada y una más está grave en Quilmes por haber tomado, presuntamente vino en mal estado”, podía leerse el 21 de febrero de 1993 en un convulsionado domingo como título principal en todos los diarios de la Argentina, y el tema se convertía en tema de debate en los programas de radio y en los noticieros de televisión.

De inmediato la noticia se convirtió en denuncia contra el bodeguero Mario Arnoldo Torraga, por entonces propietario de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga S.A. Los casos se multiplicaban por todo el país y hasta trascendían a Uruguay. La cantidad de muertos crecía y alcanzaba finalmente el inusitado número de 29. El escándalo fue tal que hasta provocó la intervención del entonces presidente Carlos Menem que ordenó clausurar la bodega sanjuanina.

Los titulares se sucedían cada vez más catastróficos y variados: “Mansero y Soy Cuyano ya mataron más que el propóleo”, “Nueve muertos en el Gran Buenos Aires y Entre Ríos”, “Intoxicados en Huinca Renancó”, “Intentan encontrar los 25 mil litros de vino adulterado que siguen en circulación”...

También surgían víctimas en Misiones, Corrientes y Capital Federal con todo tipo de alteraciones en su salud, la mayoría con consecuencias neurológicas y en la vista. Córdoba resultó otra de las provincias muy afectadas. Principalmente las localidades que recorren las rutas 7 y 35 en el sur del territorio. En la mencionada Huinca Renancó llegaron a secuestrarse 600 envases y varias personas debieron ser trasladadas a la ciudad capital para ser internadas de urgencia.

El caso Torraga golpeó a la sociedad pocos meses después de otra fatal intoxicación masiva: la que en la primavera de 1992 les había costado la vida a 25 personas que consumieron productos de propóleos del laboratorio Huilen. Con la salvedad de que en ese caso la Justicia determinó que se trató sin dudas de un sabotaje.

Torraga siempre intentó subirse a la ola del sabotaje usufructuando la pica histórica entre sanjuaninos y mendocinos. Por entonces el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) era claramente "mendocino" y ahí apuntó el bodeguero, aunque sin éxito.

El 12 de junio de 1996 Mario Torraga fue condenado a a 15 años de prisión. Incluso en 2010 quedó firme una indemnización contra la bodega y el INV iniciada por una de las víctimas.

A 17 años de la intoxicación masiva, la Sala II de la Cámara de La Plata estableció una indemnización de 300.000 pesos, más intereses, para los herederos de Atilio Bengolea, un tractorista de 57 años que murió como consecuencia de tomar el vino envenenado.

A la hora de los juicios civiles, los responsables de las 29 muertes -registradas en Buenos Aires, Misiones. Corrientes y Entre Ríos- tuvieron una circunstancia muy a su favor. "Mansero" y "Soy Cuyano" se vendían en damajuanas de 4,5 litros a 3,5 pesos. Prácticamente eran los vinos más baratos del mercado. A ellos accedía una parte de la población de muy bajos recursos, recursos que también hacen falta para sobrevivir con una demanda en la Justicia.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura

El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado con el objeto de entender en la promoción y el contralor técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola. A tales efectos, su Consejo Directivo puede adoptar las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos comprendidos en la Ley de Vinos (arts. 2 y 8, inc. f de la ley 14.878).

El origen y el objetivo de la ley 14.878 es la participación del Estado tendiente a asesorar y garantizar la genuinidad del producto a través de un eficaz control de policía, evitando la competencia desleal, el perjuicio de las economías regionales y defendiendo los intereses de los consumidores. El Instituto es el responsable directo de que el vino argentino sea de una genuinidad indiscutible, pues el Estado no puede permanecer indiferente ante la eventual actitud de industriales o comerciantes deshonestos, cuya acción se vería favorecida por tratarse el vino de un producto fácilmente adulterable. Se crea así una institución que con carácter federal controle la comercialización y distribución del citado producto.

Esta función no cambia con el dictado del decreto 2284/91 mediante el cual se desregulariza, entre otras actividades, la vitivinícola, aunque se redefinieron sus facultades que se concentran en la fiscalización del carácter genuino de los productos vitivinícolas (art. 54). En concreto, se confió a su Dirección General de Fiscalización la responsabilidad primaria de “fiscalizar en el territorio nacional todo lo inherente al contralor técnico y analítico de la producción, industria y consumo vitivinícola, a fin de asegurar la genuinidad y aptitud para el consumo de los productos definidos en la ley 14.878 y sus complementarias” (decreto 1485/92, Anexo II)

Fentanilo contaminado: el rol de la Anmat

Por éstas horas las muertes por fentanilo contaminado en Argentina llegaron a 96, aunque sigue la investigación sobre algunos fallecimientos. El martes se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. Se trata de más de 100 mil ampollas adulteradas con las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae que fueron secuestradas y las cuales no se le aplicó a ningún paciente. De esta manera, ya ningún hospital tendría el opioide contaminado.

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen unificado sobre los proyectos de pedidos al Gobierno sobre los controles que debieron existir a los laboratorios que produjeron el fentanilo contaminado. El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, anunció el consenso entre los cinco proyectos presentados por diputados de Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el socialismo. Por lo tanto, hubo un solo dictamen sobre el pedido de informes al Gobierno.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo un informe sobre los controles a los laboratorios involucrados en el fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por este opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En una época donde se flexibilizan los controles, legalmente el Estado tiene la obligación de ejercer el contralor y fiscalización. “Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, indicó Yedlin al abrir la reunión.

El Estado, a través de la Anmat, podría estar frente a un caso de incumplimiento de su rol, y las consecuencias podrían ser legales y económicas, como ocurrió con el Instituto Nacional de Vitivinicultura.