Comedores: Gobierno intenta probar que hubo un "modus operandi" de extorsión a los pobres

En las próximas horas, el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello ratificará su denuncia por los comedores “fantasma” y aportará nueva información en el juzgado de Ariel Lijo. Sospechan que existió un modus operandi para permitir la extorsión a los beneficiarios de planes sociales. Esta más vigente que nunca el temor de La Cámpora a que las investigaciones prosperen.

La denuncia es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso ocurrió.

Entre el lunes y el martes próximo, la Subsecretaría de Legales del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello se presentará en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores “fantasma”. De 1201 comedores que los funcionarios del área de Leila Gianni terminaron de auditar. Muchos de ellos se encontraban inhallables, otros ya no existían más y, en los casos más singulares, existían en barrios privados o funcionaba una escuela de pole dance –el famoso baile del caño-.

La decisión que tomó la ministra del gobierno de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida que se realizaban a través de las organizaciones sociales. Esto es, eran los dirigentes sociales –devenidos en funcionarios- quienes definían cuántos bolsones de comida se enviaban a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían. No existía control alguno.

Por esa razón, están recabando más información para agilizar las investigaciones judiciales apuntando a las responsabilidades penales de los funcionarios a cargo de las millonarias cajas. El Registro Nacional de Comedores y Merenderos –Renacom- fue creado en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Dependía de la Secretaría de Articulación Social de la camporista Laura Alonso. Le decían “la buena” para diferenciarla de la ex titular de la Oficina Anticorrupción macrista llamada igual. Victoria Tolosa Paz tendrá que dar explicaciones sobre su gestión y los planes sociales.

Allanamientos

Tras 15 denuncias judiciales, el escándalo explotó en la agenda pública. Los audios y chats de integrantes del Polo Obrero sumado a los 76 mil dólares encontrados en los allanamientos de las segundas líneas del movimiento piquetero argentino instalaron el tema que fue altamente capitalizado por la oficina de tolls se Javier Milei.

Todo comenzó con la denuncia sobre el DADSE- Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales-. Esa área dentro del Ministerio de Desarrollo Social adquiría medicamentos oncológicos para personas vulnerables a precios elevados. El gasto en cuatro años alcanzó la friolera suma de 65.289.274.

Además de las denuncias que prepara el gobierno nacional sobre los comedores fantasma, en Capital Humano están analizando las compras de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social y algunos llamativos gastos en Tecnópolis.

El Polo Obrero manejó el 4% de los Planes Potenciar Trabajo. El Movimiento Evita llegó a recibir casi el 50% de esos planes. Emilio Pérsico como funcionario al frente de Economía Social, era el gestor de esos recursos. Los controles en el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández eran inexistentes.

Eso intentará demostrar Capital Humano en la justicia