Aborto: qué dice el proyecto que anunció Fernández

El proyecto de legalización del aborto del Poder Ejecutivo, cuyo envío al congreso el presidente Alberto Fernández anunció este martes, tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Así se lee en el texto de la iniciativa, que se conoció poco después del mensaje del mandatario.

En sus 21 artículos, entre otros alcances, el proyecto establece que las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho decidir la interrupción del embarazo; a requerir y acceder a la atención de esta práctica en los servicios del sistema de salud, así como de la atención postaborto "sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley". También establece que tienen derecho a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

Semana 14

El proyecto contempla la posibilidad de ejercer este derecho hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en dos situaciones: si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente –en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida– y si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

La interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia debe realizarse en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Los profesionales de la salud están obligados a dar trato digno, ofrecer privacidad y confidencialidad, sin permitir injerencias ilegítimas por parte de terceros, entre otras obligaciones.

Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. "Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho", dice el proyecto.

Objeción de conciencia

El texto dice que el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, con una serie de pautas, por ejemplo: "Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".

También, quien ejerza la objeción de conciencia deberá "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica" y "cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas".

No obstante, el personal de salud no podrá negarse a la realización del aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Además, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto". Quien no cumpla con estas pautas, estará sujeto a sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

La iniciativa también fija que el sector público de la salud y "todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos asistenciales a las personas afiliadas independientemente de la figura jurídica que posean" deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir que todas las instituciones públicas y privadas deben garantizar la práctica del aborto.

Este es el texto de la iniciativa de Alberto Fernández: