El femicidio de Micaela García demostró que silenciar las leyes de violencia de género mata. El fallo de ejecución de pena del juez Carlos Alfredo Rossi, que liberó al convicto Sebastián Wagner, asesino de Micaela García, no contiene ni una sola palabra sobre perspectiva de género. La ausencia de conocimiento de la dinámica de la violencia es evidente. En ese fallo no hay ninguna referencia a las leyes internacionales, nacionales o provinciales creadas para defender los derechos de una mujer, a través de las cuales el Poder Judicial está obligado a aplicar.
Cuando se silencia la ley y la evidencia
La violencia institucional por parte del aparato judicial de Entre Ríos fue tan aberrante que fue necesario crear otra ley nacional: la Ley Micaela.
1 de mayo 2022 · 17:45hs
Juez Rossi. La violencia institucional por parte del aparato judicial de Entre Ríos fue tan aberrante que fue necesario crear otra ley nacional: la Ley Micaela.
Carlos Alfredo Rossi, juez de ejecución penal de Gualeguaychú, Entre Ríos, el 1 de julio de 2016, cuando redactó el fallo que otorgó la libertad condicional al ahora femicida Sebastián Wagner, además de silenciar de plano las normas que resguardan a las mujeres de todo tipo de violencia omitió valorar hechos insoslayables sobre su personalidad.
Lo hizo a pesar de haber recibido la opinión desfavorable del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, en la que estaba alojado Wagner. La misma da cuenta de su falta de adherencia al tratamiento indicado para realizar salidas transitorias sociofamiliares; a la revisión de los daños causados y a la libertad sexual de terceros. Se informa que el mismo mantiene un inadecuado control de los impulsos con posible pasaje al acto y que no podía reflexionar en relación a lo ocurrido.
A lo dicho se suma su problema de consumo de cocaína, corroborado por una rinoscopia, negado por Wagner pero vigente y el expediente disciplinario por agresión con golpes de puño a otro interno. Recordemos que Sebastián Wagner estaba preso cumpliendo una condena de nueve años por haber violado a dos mujeres.
El Equipo Interdisciplinario del juzgado, por su parte, había dictaminado que Wagner no tenía la capacidad de comprender y respetar la ley y que tampoco había desarrollado una evolución favorable para una posible reinserción social. Es decir, el nivel de desarrollo alcanzado no admitía un pronóstico favorable para acceder a la libertad condicional. En tanto, el Fiscal General de Coordinación, Lisandro Beherán, dictaminó que no debía hacerse lugar a la libertad condicional de Wagner por no reunir las condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social.
Cierra este tenebroso cuadro el Defensor de Pobres y Menores Penal, Pablo Alberto Ronconi: en defensa del hoy femicida de Micaela cita como valioso que Wagner había realizado tareas laborales confeccionando y forrando mates.
Con todo esto ¿De verdad alguien puede pensar que el convicto estaba en condiciones de egresar de la cárcel? ¿De verdad forrar mates es una estrategia de laborterapia para un femicida? ¿Están las cárceles preparadas para realizar terapias rehabilitadoras con perspectiva de género?
En este marco, con todas las alarmas encendidas el juez Carlos Alfredo Rossi decidió silenciar los dictámenes de los peritos y liberar al ahora femicida Sebastián Wagner, quien secuestró, violó, asesinó y desapareció a Micaela García.
Ahora bien, el juez Rossi ¿silenció o no sabía nada sobre el perfil de un abusador y del circuito de la violencia? Por lo pronto en su fallo omitió valorar también lo que dictamina en la carta magna la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW).
Silenció la reforma de la Constitución Argentina en 1994 a través de la cual, en el art. 75 inc.22, se incorpora el bloque de constitucional de derechos humanos que protege expresamente a la mujer, en especial a través de la CEDAW.
También, Rossi, dio por letra muerta a la Convención sobre la Erradicación de toda forma de Violencia contra la Mujer Belém do Pará y a las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (Reglas de Brasilia; arts. 17 a 20, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante acordada 5/2009).
El juez Carlos Alfredo Rossi silenció además, el correlato legislativo del bloque constitucional, donde se destacan las siguientes leyes: ley 23.179 (CEDAW); ley 26.061 (Protección integral de niñas, niños y adolescentes); ley 26.171 (Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer); ley 26.485 de Protección para erradicar la violencia contra la mujer; ley 26.486 (enmienda CEDAW).
Desidia, negligencia y complicidad
Increíblemente, no fue suficiente para el Poder Judicial de Entre Ríos haber confirmado que el femicida Sebastián Wagner secuestró, violó, asesinó y desapareció a Micaela García, pues en los tribunales de Paraná, luego del femicidio de Micaela también silenciaron las leyes que nos resguardan a las mujeres.
El juez Carlos Alfredo Rossi recibió ocho pedidos de jury luego de ser acusado por mal desempeño y por falta de idoneidad debido a que no tuvo en cuenta las advertencias sobre el posible comportamiento del imputado en caso de ser liberado y por la nula perspectiva de género que tuvo cuando favoreció al femicida de Micaela.
Sin embargo, el jurado de enjuiciamiento no solamente exculpó al magistrado de toda responsabilidad sino que también lo premió con volver a ocupar su cargo después de estar suspendido medio año. Hasta le pagaron los meses que no “trabajó”.
La desidia, la negligencia y la complicidad son algunas de las marcas indelebles provocadas por la violencia institucional que contiene el proceso judicial llevado a cabo por el femicidio de Micaela García, dejando totalmente expuesto cómo operaron los judiciales que actuaron en este caso. Cómo manipularon y desobedecieron a las leyes provinciales, nacionales e internacionales que resguardan a las mujeres, todas estas leyes consideradas Derechos Humanos.
La provincia de Entre Ríos quedó teñida de sangre e injusticia. La violencia institucional por parte del aparato judicial entrerriano fue tan aberrante que fue necesario crear otra ley nacional: la Ley Micaela. Es decir, se creó una ley para que se estudien las leyes existentes, muchas de ellas en vigencia desde hace más de 30 años. Otra ley más que se suma a todas las ya nombradas, con un fin urgente que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado.
El femicidio de Micaela García demostró que silenciar las leyes de violencia de género mata. Pero también demostró que la lucha que llevamos adelante las mujeres por alcanzar nuestros derechos avanza sin detenerse.
Por Dolores Etchevehere.
