La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos está siendo objeto de diferentes cuestionamientos por parte de asociaciones de consumidores de Entre Ríos. Básicamente se reprocha que la repartición que tiene a su cargo Pablo Luciano no está dando respuesta a las denuncias presentadas por consumidores o por entidades que asumen la defensa de intereses colectivos. Entre otras irregularidades se advirtió que en la actualidad hay muchos expedientes paralizados en diferentes etapas, con lo cual se vulneran derechos básicos de los ciudadanos. “Es de preocupación y de incertidumbre la situación de la oficina, porque tiene muchos expedientes paralizados, además de una situación gremial de los empleados que tiene directa incidencia en la actuación que debe tener la repartición”, expuso el presidente de Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) Gabriel Vargas.
Consumidores: advierten la paralización de expedientes en área estatal
La Dirección General de Defensa de los Consumidores es objeto de varios cuestionamientos.
La gravedad de la situación queda al descubierto en la falta de resolución de los casos –serían alrededor de 20–, muchos de los cuales sólo avanzaron hasta la etapa de conciliación.
“Desde que empezó la gestión de Pablo Luciano no hay ningún expediente de denuncia presentada por la Adecen que se haya resuelto”, sentenció el dirigente.
Recordó que son varios los expedientes que se encuentran sin definición, entre ellos una denuncia contra el banco que es agente financiero de la Provincia. “Se trata de una situación generada en época de pandemia por un seguro que la gente contrataba casi de manera involuntaria en los cajeros automáticos. Los abogados de Adecen trabajaron en un borrador para llegar a un principio de acuerdo con la entidad financiera. Pero la Dirección ni siquiera los resolvió. Se quería llegar al final del conflicto o de arribar a un acuerdo que sea que comprenda los intereses de los consumidores, porque básicamente ese es el objetivo”, planteó en declaraciones a UNO.
Se proponía, por ejemplo, la devolución del cobro indebido, pero Vargas indicó que ni siquiera se consideró esa posibilidad. “Ni siquiera dijeron ‘se les va a poner una multa o se los va a sancionar con un apercibimiento’. No se lo trató, y menos aún se brindó la posibilidad de llegar a un acuerdo”, enfatizó.
Para la Adecen el escenario es preocupante por la paralización de los expedientes, sobre todo porque “los intereses que están en juego con cada denuncia que se presenta responden a intereses colectivos. Por ejemplo, una denuncia contra una prepaga tiene que ver con la situación de la salud de una persona. Se estaría quebrando el esquema de protección, sobre el que tiene que trabajar la oficina. Y sobre el que tenemos que trabajar como asociación, porque estamos para defender los intereses y los derechos del conjunto”.
Para Vargas es necesario entender cómo funcionan las mecánicas de las presentaciones colectivas y su rol al momento de defender los derechos de una determinada clase de usuarios. “En el caso de denuncias contra algún banco, se ven comprometidos los intereses financieros. Meterle la mano en el bolsillo a los usuarios es todo un tema. Es una situación bastante complicada, sobre todo si lo hace un banco. Los intereses se ven más comprometidos si el área del Estado encargada de defender sus derechos no funciona”, acotó. Por último, el representante de Adecen remarcó la falta de resolución de los casos, más allá de propuestas para iniciar la instancia de conciliación en alguno de ellos. “En algunos expedientes se cumplió con la primera parte del procedimiento”, precisó.
