Confirmaron el tribunal que tratará la apelación de Ilarraz

El lunes se confirmó la integración del tribunal que tendrá que expedirse sobre la apelación presentada por la defensa del cura Ilarraz -acusado de graves delitos contra menores de edad- contra la elevación a juicio dictaminada por el juez Pablo Zoff. La novedad, que fue comunicada a las partes mediante notificación, es que variarán los vocales que se pronunciaron cuando la defensa había apelado el auto de procesamiento. En esta oportunidad integrarán la Sala I del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata. Ésta última reemplazará a Daniel Malatesta, con licencia por enfermedad. La sala en su composición original confirmó en su integridad el procesamiento que había dispuesto la ex jueza de la causa, Paola Firpo.

El primer voto había sido de Vírgala, presidente del Tribunal, quien con la adhesión de los vocales Maldonado y Malatesta, rechazó con críticas a la jerarquía eclesiástica el recurso de apelación. Vírgala, que se tomó su tiempo para llegar a la sentencia, resaltó nuevos aspectos en torno al expediente de 1.800. No solo que dio por sentada la credibilidad de las víctimas y el valor probatorio de las pericias a las que fueron sometidos. Resulta por lo menos relevante la valoración que efectúa Vírgala de algunas de las pruebas, cuando en ese análisis discrepa con la jueza Firpo en su apreciación de la investigación diocesana. "En este contexto, más allá de la respetable opinión de la doctora Firpo, entiendo que no es posible renunciar (en este temprano estadio procesal) a la ponderación, al menos como pruebas no directas pero sí indiciarias, de la investigación diocesana; de su resultado; de la admisión de los hechos y el pedido de perdón por parte de Ilarraz del que da cuenta Karlic", subraya.

El magistrado, en la parte nodular de su fallo, también emitió severas críticas al clero paranaense por la forma de manejarse en el caso del cura denunciado por abusos. "Una reflexión final merecen, sin dudas, aquellas autoridades eclesiales que, amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas. No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas. Y si por allí algún desprevenido creyera que su deber de obediencia a alguna autoridad administrativa está por encima de las leyes civiles, deberán entender, de una vez y para siempre, que nadie está obligado a obedecer órdenes o leyes intrínsecamente ilegales, contrarias a derechos que son especialmente protegidos en Tratados y Convenciones internacionales, que conforman un bloque supranacional para toda la humanidad; y que si lo hicieran, podrían llegar a eludir el juzgamiento dentro su círculo áulico, pero nunca el juzgamiento por parte de las autoridades estatales ni -quisiera creer- el peso de sus propias conciencias".

Según se confirmó a UNO, ahora la Sala I del Tribunal de Juicio y Apelaciones deberá convocar a una audiencia -sin fecha prevista- para que comparezca el apelante, la querella y la fiscalía. En relación a la expectativas que se tiene para esta nueva instancia, la abogada querellante Rosario Romero expresó: "Van a confirmar lo que el juez Zoff hizo, porque no hay pruebas para que algo haya variado en la causa, entre aquel momento cuando se confirmó el procesamiento y después con la elevación a juicio. Se trata de una estrategia de la defensa para demorar la causa".

Si bien se tejieron diversas especulaciones en cuanto a la fecha que se fijará para el juicio oral y público contra el cura Ilarraz, la única certeza es que previamente se deberán sortear todas las apelaciones y los trámites que ello demande encaradas por la defensa. En forma paralela con el avance de la causa siguen saliendo a la luz el testimonio mediático de las víctimas-denunciantes que expresan su malestar por el lento avance de la investigación, cargando contra las autoridades eclesiásticas y el desamparo que vienen sufriendo durante todo estos años. La causa que fue caratulada Ilarraz Justo José S/Promoción a la corrupción agravada, cumplirá en pocos días cuatro años de tramitación en la que pasaron tres jueces, cinco planteos de prescripción y un recurso presentado ante la Corte Suprema.

Por un lado, la querella y la fiscalía aseguran que se recolectaron todas las pruebas necesarias para llegar a juicio, mientras que la defensa esgrime que el delito prescribió.