El abogado Rubén Pagliotto, defensor del intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la causa que investiga presuntas vinculaciones con el narcotráfico, confirmó ayer que el allanamiento realizado el martes en el municipio por la Brigada de Lavado de Activos de la Policía Federal fue para acceder a un centenar de carpetas "que tienen que ver con contrataciones de medios radiales, televisivos, gráficos o de redes sociales". Especificó que "se trata de entre 90 y 100 expedientes de personas físicas y jurídicas", y dijo desconocer "el criterio de selectividad, es decir por qué el pedido es solamente sobre algunos medios y periodistas y cuál es el motivo fundante de la decisión de no solicitarlo por oficio y haberlo hecho de manera compulsiva, sospechando que se corría el riesgo de que se adulterara o modificara el expediente".
Confirman detalles del allanamiento al municipio de Paraná
El abogado defensor de Varisco dijo que secuestraron contratos de publicidad. Sospechan que por esa vía se financió a la banda narco
10 de octubre 2018 · 23:57hs
Foto UNO / Diego Arias.
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Pagliotto indicó a radio De la Plaza que los ocho contadores de la Policía Federal "se llevaron todo lo que pidieron en un tiempo prudencial, que fue el que insumió localizar los expedientes y entregarlos en mano", y aseguró: "No hay absolutamente nada raro ni nada que ocultar, simplemente se trata de una lista de proveedores del área de prensa y comunicación".
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Respecto del motivo de la requisitoria, indicó: "Lo que se dijo y conocemos por los medios es que aparentemente uno de los conductos o canales de financiamiento del narcotráfico serían las órdenes de publicidad, y si desde el sentido común se vincula la naturaleza de la causa con el pedido que se hizo, el motivo no puede ser otro que ese. Porque lo que se está buscando es el financiamiento de la actividad vinculada al narcotráfico", agregó.
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Efectivos de la Policía Federal realizaron el martes un nuevo allanamiento en oficinas del palacio municipal, en el marco de la investigación por presuntas vinculaciones de funcionarios con la organización narcocriminal encabezada por Daniel Andrés Celis.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Leandro Ríos como parte de la investigación que busca establecer la trazabilidad del dinero que se habría utilizado para el financiamiento y sostenimiento de las actividades de la banda de Tavi Celis: adquisición de cocaína, viajes dentro y fuera de la provincia, recambio de teléfonos celulares y vehículos, entre otros aspectos.