Detrás del debate acerca de las ocupaciones o usurpaciones de terrenos se encuentra cada vez más latente y creciente el déficit habitacional, problemática de larga data que conforme pasan los años, se ha ido profundizando. Visibilizar estas situaciones irregulares como delitos es una errónea mirada acerca de un fenómeno más diverso, y complejo, de exclusión, pobreza, y abandono estatal.
Con la pobreza y asentamientos crece el déficit habitacional
En Entre Ríos hay unas 400.000 personas de clases media, media-baja y baja que alquilan o viven en casas precarias o barriadas informales.
31 de octubre 2020 · 16:38hs
Entre 2001 y 2010, los censos nacionales midieron el real impacto y retroceso en el acceso a la vivienda propia y con la postergación del Censo 2020 habrá que esperar hasta el año próximo o 2022 para conocer con exactitud qué tendencia ha tenido en la última década, el saldo entre nuevas familias y viviendas construidas cada vez más negativo.
Pasan los años, las crónicas y estadísticas se repiten, y las problemáticas se agravan.
La falta de vivienda propia, además de reflejar la mayor pobreza y exclusión, refleja también como la dinámica del mercado ha llevado a hacer cada vez más inaccesible esa posibilidad, aún a sectores medios y medio-bajo.
Hace tres décadas o más, cualquier trabajador con ingresos formales podía más rápido o pronto, adquirir su lote y construir su casa. Hoy eso resulta prácticamente imposible, aún con dos o tres ingresos en el grupo familiar.
En los últimos 20 años, la tasa de propiedad privada cayó entre 5% y 7%, mientras que casi se duplicó la cantidad de personas que alquilan o mantienen una ocupación ilegal o precaria.
Hace 10 años, el Censo Nacional relevó que en Entre Ríos hay más de 400.000 personas que habitan en viviendas que no son propias. En una población estimada por entonces en 1,2 millones de habitantes y 375.121 hogares, eran propietarias de vivienda y terreno, 247.360 familias. El resto solo eran dueños de la vivienda, con tenencia irregular del lote (17.800), 48.700 familias eran inquilinas, ocupantes por préstamo (21.900), ocupante por relación de dependencia (9.500) y en otra situación irregular, casi 12.000. Es decir, cerca del 30% de la población estaba excluida del derecho a una vivienda digna.
Al mismo tiempo, se evidenció un crecimiento de la cantidad de inquilinos.
Esta situación es más grave aún en los grandes conglomerados urbanos, que soportaron la mayor migración interna, las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad son mayores en los estratos bajo, y donde el negocio inmobiliario hace más privativo el acceso a la vivienda de los sectores medio y medio-bajo.
Perspectiva
Por ejemplo en Paraná, los asentamientos irregulares han proliferado en las últimas décadas, y crecido exponencialmente. Un censo realizado en 2018 por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación contó 54 barrios informales, donde lo característico es la falta de acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento, red eléctrica formal, con una tenencia de la tierra precaria.
Dentro de esa situación se encuentran unas 40.000 familias.
Un lote en el ejido urbano tiene un costo medio de 1 millón de pesos; construir solo 80 metros cuadrados, desde 3 millones de pesos (ver recuadro).
La falta de crédito hipotecario ha sido casi permanente a lo largo de la última década. Dentro de la imposibilidad histórica de acceder a empréstitos por parte de los bancos solo hubo algunas pocas propuestas como las formalizadas a través del Procrear, hasta 2015, o los créditos UVA, entre 2016 y 2018.
Esta realidad deja al descubierto la falta de políticas públicas en materia habitacional. El contrapunto de esa situación es el incremento de las ocupaciones precarias, acentuadas por el contexto de pobreza. Se vive en Paraná, en Diamante, Concordia, Victoria, Santa Elena, como situaciones más visibles.
Pasa el tiempo y más se agrava la dificultad para acceder a la casa propia, que solo puede ser solucionada con estrategias para viabilizar la construcción y el financiamiento que perduren en el largo plazo.
En este contexto, las políticas gubernamentales deben afrontar diversas medidas como la posibilidad de urbanizar loteos fiscales de los distintos niveles del Estado, la facilitación de acceso al crédito hipotecario, o el impulso a planes de viviendas de magnitud acorde a la demanda existente.
Para que la vivienda digna y propia deje de ser otra necesidad básica insatisfecha, hay que pensar también en el derecho a la propiedad de quienes hoy no tienen.
Los altos costos de un lote y de la construcción
Dentro del ejido urbano de la capital provincial, un lote cotiza, en promedio, un millón de pesos. En las localidades del área metropolitana, a excepción de Oro Verde– se pueden encontrar valores un poco más bajos. A ello habrá que sumarle el costo de construir. El metro cuadrado tiene un valor –a septiembre– de 39.315 pesos, de acuerdo con el relevamiento mensual del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos.
Hacer una casa de 120 metros cuadrados exige 4.508.209 pesos; una más económica, de 80 metros cuadrados, cerca de 3 millones de pesos. Valores inalcanzables, en tiempos de incertidumbre y falta de financiamiento.