Comenzó el juicio a la monja acusada de tormentos y privación ilegítima de la libertad

Se inició en los tribunales de Gualeguay el juicio contra la monja Luisa Esther Toledo Toledo superiora de Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, de la orden Carmelitas Descalzas, por privación ilegitima de la libertad y tormentos contra una ex carmelita a quien tuvo retenida contra su voluntad durante seis años.

La denunciante Silvia Albarenque fue sometida a tormentos que no están previstos en la constitución de la orden de Carmelitas Descalzas que data de 1990.

En el inicio del proceso el fiscal realizó la acusación describiendo vejaciones y torturas a las que la víctima estuvo sometida durante el periodo que va desde el año 2007 al 2013, momento en que se le permitió comunicarse con su familia y fue rescatada por su madre.

En ese sentido se indicó se la obligó a usar una mordaza de madera sobre la boca para mantener el voto de silencio durante largos períodos de tiempo, que en algunos casos llegó hasta la semana. También se la encerraba en celdas y se la alimentaba sólo con pan y agua durante largos periodos de tiempo, tanto que llegaba a perder la noción del tiempo.

Esos castigos se sumaban al uso obligado y en contra de su voluntad de cilicios, azotes o disciplinas (látigos) lo que la llevó a tener alteración de personalidad e intentos de suicidio dentro del convento.

VIDEO: Así se defendieron las monjas tras el allanamiento

El juicio

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, integrado por Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez, deberá establecer su Toledo es culpable de los cargos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.

Las audiencias que comenzaron este martes seguirán los días 12; 14; 18; 19; 25; 27 y 28 de junio próximos.

Toledo dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, y la causa se originó tras la acusación en su contra realizada por excarmelitas. El fiscal Federico Uriburu ordenó un allanamiento en agosto de 2016, durante el cual secuestró diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura.

Al mes siguiente la religiosa fue imputada tras el análisis de "todas las pruebas y declaraciones tomadas", entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.