Caso Castrillón: el procurador García no va a la indagatoria

El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, está muy complicado en la caua que investiga la reyerta callejera que protagonizó en una esquina céntrica de la ciudad de La Paz. En el legajo de investigación que instruyen los fiscales Facundo Barboza y Oscar Sobko, se han incorporado elementos que lo comprometen en los daños y agresiones provocadas en la madrugada del 28 de marzo pasado.

La instancia de la imputación es este viernes por la mañana, y este miércoles, sorpresivamente, el vocal presentó un escrito al procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, para que sea él quien esté frente suyo en la indagatoria. Según informaron fuentes judiciales a UNO, García entendió el escrito como una falta de respeto a la autoridad de los agentes fiscales de La Paz, por lo cual aseguró que no asistirá a esa audiencia.

En tal presentación, según publicó el sitio Entre Ríos Ahora, Castrillón reprocha que el Ministerio Público Fiscal no le haya dado curso a la denuncia presentada por él tras los incidentes de finales de marzo en La Paz, “motivada en las constatadas importantes lesiones sufridas en mi persona”. Al respecto, dice que ese hecho: “Me causa una inquietante sorpresa puesto que de las testimoniales ofrecidas en la causa”, abierta a raíz de la denuncia de Mariano Lukacs y Natalia Lukacs: “Surge con evidente claridad quiénes fueron las personas que participaron de la salvaje golpiza proferida sobre mi persona”.

La denuncia de los comerciantes, que el vocal del STJ minimiza como “la rotura de una caramelera”, incluyó la declaración testimonial de Emiliano Barboza y Carlos Miguel Barbosa, hermano y padre del fiscal Facundo Barboza, a cargo de la investigación penal preparatoria. Castrillón dice que en el momento del incidente, observó en el lugar el auto del propio fiscal, situación por la que decidió impugnar su pliego que ahora trata el Senado.

Esas “irregularidades” y la “reconocida trayectoria y conocimiento del Derecho que Ud ostenta”, le dice Castrillón al Procurador, “conllevan mi interés en efectuar mis declaraciones ante Ud, en su carácter de cabeza de la Procuración General de la Provincia”.

Como se ha informado sobre el suceso de fines de marzo que alarmó al sistema institucional provincia,el expresidente del Superior Tribunal de Justicia fue denunciado por al menos tres personas que lo acusaron de violentar, romper y alterar la paz social, luego de provocar incidentes en un kiosco ubicado a poca distancia de su domicilio.

Según se informó a UNO, todo se inició cerca de las 1,30 de este domingo en la zona de calles Sáenz Peña y Belgrano, en un kiosco donde se concentra mucha gente a ingerir bebidas alcohólicas y a escuchar música.

El ruido que se registraría a menudo, una vez más se concentró en ese sector de la ciudad, lo que molestó al actual vocal de STJ que bajó molesto por la hora y la algarabía existente.

El tema fue que -según se denunció por parte de los dueños del local y los trabajadores- el tambien exdiputado y exsenador del justicialismo, agredió, amenazó y destruyó mobiliario del interior del kiosco.

Tuvo que llegar la Policía para calmar los ánimos y tratar de establecer qué había pasado.

Varias personas tomaron fotos y grabaron los incidentes que fueron subidos a las redes sociales.

En un video, se aprecia con claridad el enojo de Castrillón por la situación que tuvo que pasar, en la cual fue increpado por otras personas que lo golpearon.

Según las declaraciones testimoniales ante la Policía que reprodujo Entre Ríos Ahora, Mariano Lukacs refirió que alrededor de la 1.44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco “El Kioscaso”, del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.

Además, aseguró que al vocal “lo sacaron a la fuerza” y que “en el exterior comenzó a amenazarme con quedarse con toda la esquina la cual es propiedad de la familia y amenazando en prender fuego la esquina”. “Lo llevé a los empujones hasta la casa, la cual está a 20 metros, hasta que llegó la policía. También me amenazó diciendo ‘hagan la denuncia, total yo soy el dueño de la ciudad’”, agregó.

Por su parte, Chamarro, empleado del kiosco, sostuvo que Castrillón lo insultó y “arrojó las góndolas al piso, las botellas y pateó las heladeras”. “Cuando intentó tirar las demás góndolas lo retiré del interior a la fuerza para evitar más destrucción y evitar lesiones de dos menores que se encontraban en el interior del establecimiento”, afirmó.

A su tiempo, Natalia Lukacs contó que se encontraba junto a una amiga cuando vio cómo Chamarrro retiró a Castrillón del interior del local “porque había roto todo”. “Sale y me pega una piña en el costado derecho, sin haberle hecho nada”, dijo.

Asimismo, señaló que “la situación de agresión continúa para todos los que se encontraban en el lugar” y que “también se sumó la mujer de él, Natalia Céparo, quien tiraba piedras e insultaba a todos los presentes”.

Sobre la intervención de la esposa del vocal, sostuvo que “tiene presente que hace 1 año aproximadamente los amenazó que iba a prender fuego al kiosco por motivo de la música alta”. Por último, sugirió que la esposa del vocal sufriría violencia de género por parte del magistrado.

Juicio político

Mientras tanto, avanza en la Legislatura el pedido de juicio político a Castrillón, tras la denuncia del reconocido periodista Daniel Tirso Fiorotto, en una presentación que contiene numeorosos hechos violentos detallados, la mayoría de ellos de violencia de género ejercidos dentro del Palacio Judicial.

Fiorotto fundó su pedido en una serie de hechos y situaciones atribuidas a Castrillón, en las que el juez habría incurrido en “mal desempeño”, por “violencia de género” en varios casos, como también por “reiteradas conductas demostrativas de falta de mesura, equilibrio, autocontrol, decoro, deferencia, circunspección y compostura para el ejercicio de sus funciones como miembro del Superior Tribunal de Justicia”, de acuerdo a lo que establecen la Constitución Entre Ríos y la Ley Orgánica de Tribunales.

El caso está siendo tratado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que tendrá hasta fin de mes paraexpedirse.