Carbonell: "Es una cuestión Civil, de Familia, de disputa por dinero"

Martín Carbonell, presidente del Superior del Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, habló a agenda abierta durante una entrevista con UNO. Aseguró que durante la pandemia “el Poder Judicial no dejó nunca de trabajar”, abordó el papel de la Justicia en el conflicto de la familia Etchevehere y defendió el accionar del organismo en la causas por violencia de género.

carbonell.jpg

Carbonell: "Es una cuestión Civil, de Familia, de disputa por dinero"

—¿Cuáles fueron las dificultades que debieron enfrentar por la pandemia de coronavirus?

— La verdad que como a todo el mundo nos sorprendió y tuvimos que ponernos a trabajar rápidamente para adecuar el sistema tradicional del Poder Judicial, que es papel y ventanilla. Buscamos tratar de disponer de medios informáticos para agilizar los trabajos sin la presencialidad. Hicimos un sistema de presentación electrónica de escritos por parte de los abogados y notificación electrónica de las resoluciones por parte del Poder Judicial. Además de puestos de teletrabajo para los empleados y los funcionarios que no podían venir. Todo eso en muy poco tiempo. Fue un desafío; estábamos medianamente preparados en esta cuestión, porque iba a ser un desarrollo que se iba a dar durante todo este año, para llegar a esta posibilidad de expedientes digitales y escritos electrónicos: pero lo tuvimos que hacer en dos meses.

—Pese al trabajo que demandó la transición para adecuarse a la virtualidad, hubo críticas del Colegio de Abogados de Entre Ríos.

—Entiendo que ellos estaban deseosos de poder continuar en el ejercicio de su profesión y veían que las puertas de los Tribunales estaban cerradas, que no podían entrar si no tenían un turno previo. Al principio la profesión liberal del abogado no estaba entre las habilitadas por el gobierno nacional. En determinado momento por la situación sanitaria, dispusimos la suspensión de los plazos procesales, que es lo que les impacta más a los abogados porque significa que no corren los plazos para resolver las cuestiones y les molestaba. Cada cual defiende su estamento; el Colegio de Abogados abogaba por sus matriculados y nosotros tratábamos de proteger sanitariamente a los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Estábamos dándole la posibilidad a los organismos de no atorarlos con los vencimientos comunes y corrientes; entonces suspendíamos los plazos. La mayoría de los jueces y funcionarios seguían trabajando, aún sin suspensión de plazos, porque suspendimos los plazos pero las resoluciones que se dictaban en ese momento eran válidas igual. Recibimos muchas críticas.

—¿Cómo cree que tomó la sociedad estas medidas?

—Se lleva mucho por lo que sale en los medios de comunicación. No es conocido masivamente el funcionamiento del Poder Judicial. Eso hace que recibamos críticas que tenemos que estar dispuestos a escuchar. El Poder Judicial de Entre Ríos no dejó nunca de trabajar; empezamos con este tema sanitario el domingo 15 de marzo cuando nos avisaron que había contagiados de Covid-19 en Gualeguay. Nos juntamos antes de que se dictara la cuarentena para cerrar y fumigar los Tribunales de Gualeguay, y disponer que los que tuvieran contacto o síntomas estuvieran aislados. Desde ese momento y hasta hoy no hemos parado de atender cuestiones relacionadas directamente con la pandemia.

—¿Siempre se garantizó el servicio de justicia?

—Sí. Entre Ríos estuvo a la vanguardia de las provincias argentinas respecto de atender la pandemia y no dejar de funcionar. En varias oportunidades las provincias nos pidieron las copias de las resoluciones que habíamos tomado para hacer ellos mecanismos similares. En Entre Ríos pusimos 600 o más puestos de teletrabajo, en el marco de una planta de 2.500 personas en la provincia. Así fuimos achicando la cantidad de gente que circula en los edificios judiciales y pusimos un sistema de doble turno, de manera de lograr que en un espacio de tiempo la densidad de circulación sea menor. En algunas áreas hicimos equipos separados, para que no se contacten entre ellos y si había algún contagio, no cerrar la oficina.

—¿Cuántas sentencias se dictaron en el período de emergencia sanitaria?

—Se notó sobre todo en abril que caía el número de sentencias. Después empezó a subir hasta que llegó a niveles normales. Otro fenómeno fue el impacto que tuvo esta posibilidad de presentar escritos por Internet. Eso se hace a cualquier hora del día, hay muchos expedientes que son electrónicos de nacimiento: en este momento hay acciones de amparo iniciadas en cualquier punto de la provincia que se tramitan totalmente en forma digital y las apelaciones llegan al Superior Tribunal de Justicia. El Poder Judicial estaba acostumbrado al papel. Todo este avance informático en algún momento genera un cuello de botella, ¿en qué lugar del proceso se genera? En el dictado de la sentencia; los procesos son más cortos porque la notificación electrónica funciona muy bien. Es todo muy dinámico y le vamos a ir encontrando soluciones. Hay mucha gente que trabaja desde la casa y la verdad que es útil, pero en algunos casos es limitado.

—¿Hay alguna cuestión que le preocupe del funcionamiento del sistema judicial?

—Cosas para mejorar siempre hay, sería un hipócrita si dijera que anda todo maravillosamente bien y no tenemos fallas. Lo que siempre tratamos es que los procesos judiciales no se demoren años enteros, hasta tener la sentencia firme. Y pasa en todos los fueros, Civil, Penal, Laboral, donde hay algunos procesos que demoran mucho tiempo y la verdad que eso es una preocupación permanente de todos los que trabajamos en el sistema judicial. Otra de las preocupaciones que tenía era avanzar y tener un sistema informático propio del Poder Judicial, por fuera de los sistemas que son contratados, como ahora el Lex Doctor: no solo que es caro, sino que queremos hacer cosas que el programa no lo permite. La oficina de Informática está avanzando en un desarrollo informático propio, no vamos a necesitar de pagar licencias a empresas que prácticamente te tienen como un cliente cautivo. Lo que siempre pasa es el tema edilicio, donde se crean organismos y no hay dónde instalarlos, entonces el Poder Judicial tiene que salir a alquilar casas que son caras y que por ahí representan un monto de gasto que en definitiva se desperdicia. Había un plan de obras importante en el Poder Judicial que con este tema de la caída de las recaudaciones y la pandemia lo vimos bastante resentido y estamos tratando de retomarlas: hubo obras como la del anexo Paraná, comparable en superficie con Tribunales, y estamos tratando de seguirla. Hay varios edificios en vías de iniciación en Feliciano, en Federación, en San Salvador y en Gualeguaychú.

Reforma judicial

—El gobernador Bordet siempre plantea la necesidad de la reforma judicial. Hace poco habló de abordar la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué le parece el planteo?

—Me parece excelente, hay varias ideas en curso dentro del Poder Judicial. La ley Orgánica de Tribunales quedó obsoleta en cuanto a la estructura actual del Poder Judicial, por eso creo que es absolutamente necesaria la actualización. Es una ley que a lo largo de los años ha sufrido muchas modificaciones parciales; hay organismos que están en funcionamiento que en la ley Orgánica no están, hay otros que quedaron obsoletos, sigue hablando de los jueces de Instrucción y esos jueces no existen más. Es un anhelo. Estamos muy avanzados con el Juicio por Jurados.

—¿Podría haber algún juicio este año?

—Estamos previendo tres juicios este año; el primero sería en los primeros días de noviembre. Va a ser desde el punto de vista judicial un acontecimiento importante. Es un instituto de juzgamiento que está incluido en la Constitución y jamás se cumplió. De listado de los potenciales jurados en toda la provincia se sortean los 12 titulares y cuatro suplentes que van a intervenir en cada caso en particular.

Ley de Paridad de Género

—Tiene media sanción en Diputados el proyecto de ley de Paridad Integral de Género, ¿podría implementarse con el mismo espíritu en el Poder Judicial?

—La ley sale obligatoria para todos los poderes del Estado. No leí el proyecto que aprobó Diputados. Acá va a haber que hacer algún tipo de modificación. Va a haber que hacer efectiva la paridad de género que va a ser ley.

—¿La Justicia tiene incorporada en sus políticas una perspectiva de género?

—El Poder Judicial hace mucho viene trabajando con este tema de la perspectiva de género, a partir de los lineamientos de la Corte Suprema que vienen desde el año 2004. Esa oficina se replicó en Entre Ríos y trabaja mucho. Nunca es suficiente, porque estas cuestiones de género y sobre todo cuando son delitos graves, impactan mucho. Y cuando los casos son de trascendencia, y son graves, muchas veces caés en la cuenta de que todo lo que hiciste no fue suficiente para evitar los hechos de violencia. Siempre estamos trabajando en eso y es una preocupación del Poder Judicial desde siempre. Se trabaja mucho, posiblemente no se note. Pero hay una Oficina de Violencia de Género que trabaja mucho, que tiene una posibilidad de recibir denuncias vía Internet las 24 horas del día. Y que la distribuye en cada organismo, porque no todas las violencias de género son penales, hay violencia de género que van al fuero Civil, otra al Laboral. Hay distintos tipos de violencia; hay algunas que van a los juzgados de Familia. Lo que hace la Oficina de Violencia es recibir las denuncias por medios electrónicos durante las 24 horas y las distribuye en el organismo que corresponde. En el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav) se lleva un seguimiento que va impactando en tiempo real en las resoluciones que se van dictando en cada organismo, que tramitan casos de violencia.

—Es una fuente importante de consulta en casos de violencia machista.

—Cuando pasa algo grave uno dice “¿En qué parte del engranaje falló?”. Se debe tener la mayor diligencia, tener capacitación en perspectiva de género, deberíamos tener capacitación en perspectiva de género. Pero en algún momento todo ese engranaje que involucra a todos los poderes del Estado falla. Entonces esto no es únicamente una cuestión del Poder Judicial, es una cuestión de todo el Estado, de toda la sociedad.

—Un caso testigo fue el de Fátima Acevedo, quien denunció en todos los organismos que era víctima de violencia y amenazas, y pese a ello terminó muerta.

—La chica estaba con un control estatal, que no es judicial, entonces ahí seguramente lo que falla es la articulación entre los distintos poderes del Estado para que la protección sea efectiva. Esta chica estaba en un hogar y tuvo la posibilidad de salir. Pasó lo que pasó, entonces el tema de la violencia de género es complicado, pero se trabaja mucho.

La relación con la Fiscalía

—¿Cómo es la relación del STJ con la Procuración?

—A partir de 2008 con la reforma Constitucional, el Ministerio Público, la Fiscalía y la defensa adquirieron autonomía en sus funciones. Forman parte del Poder Judicial, pero tienen cierta autonomía de función y de conducción. La Fiscalía se dicta sus propias normas de trabajo, la defensa también; por ahí hay encontronazos. Particularmente trato de mantener una buena relación institucional porque entiendo que somos todos parte del Poder Judicial, somos tres patas del mismo poder. No podemos dejar de trabajar en sintonía.

—De todos modos sigue habiendo cruces...

—Sí... pero personalmente trato de conducir con la idea de que ellos forman parte del Poder Judicial. Tal es así que hace unos días logramos que la recaudación de la Tasa de Justicia, que es una parte del Presupuesto del Poder Judicial, que lo administraba y lo usaba el poder jurisdiccional, ahora sea repartido entre el poder jurisdiccional, Fiscalía y Ministerio de la Defensa. Porque como ellos manejan su propio presupuesto, pero su presupuesto forma parte del presupuesto del Poder Judicial, ellos lo definen, que luego se incorpora al del Poder Judicial pero el manejo presupuestario lo tienen ellos, no el poder jurisdiccional. Por todas esas cosas se producen chisporroteos, propios de la función; trato de consensuar mucho, obviamente que en cada en caso en particular se producen choques y críticas porque ellos defienden y representan a cada una de las partes en determinados casos. Y el juez está llamado a dirimir el conflicto, que seguramente en el momento de la resolución deje a una parte conforme y a la otra no, o las dos disconformes. Que suele pasar.

Carbonell sobre el conflicto de los Etchevehere

En un tramo de la entrevista Carbonell se refirió al conflicto familiar entre Dolores Etchevehere y sus hermanos. Al respecto el supremo sostuvo: “Creo que se trata de una cuestión Civil del sucesorio y de estas cuestiones que se están planteando. Es una cuestión Civil, una disputa por bienes sucesorios, donde las dos partes que están en pugna, a su vez se denuncian por distintos delitos. Una parte denuncia a una hace varios años y ahora con este nuevo acontecimiento, la restante parte denuncia a la otra. Todos le reclaman una solución favorable a sus intereses al Poder Judicial y al Estado. Pero en definitiva se trata de una cuestión Civil, de Familia, de disputa por dinero, en la que queda involucrado el Estado. El Estado en todos sus poderes”. El titular del máximo tribunal provincial recordó que en medio del litigio “se le está reclamando al Poder Ejecutivo, le están reclamando obviamente una solución al Poder Judicial. No puedo decir si antes cometieron los delitos de defraudación y demás, porque no conozco los casos. Tampoco puedo adelantar si efectivamente hubo una usurpación o no, porque hay un juez que está interviniendo. No puedo decirte o adelantarte una opinión. La tengo, no puedo dártela. Lo que más me interesa de este conflicto es que resuelva por los canales institucionales”.