Bonafini se negó a declarar

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se negó este miércoles a prestar declaración indagatoria en la sede de la entidad ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la causa Sueños Compartidos. Bonafini aseguró que "el 90 por ciento de los jueces responden al poder de turno", al explicar por qué el pasado jueves eludió el operativo policial que la iba a arrestar por no cumplir con su presentación en tribunales.

Desde la Casa de las Madres, en el barrio porteño de Congreso, donde a las 10 se presentaron el magistrado, la fiscal Paloma Ochoa y dos secretarios del juzgado, Bonafini firmó el acta en la que hizo uso del derecho a negarse a declarar.

Bonafini defendió "el derecho de los pueblos a exigir que los jueces apliquen la justicia como corresponde", al cuestionar al "90 por ciento de los jueces que responden al poder de turno" y que en el caso del presidente Mauricio Macri, dijo, "más, porque tiene mucha plata".

"Lo que pasó el jueves fue una protesta para terminar con esta vergüenza y que sirva para que cada vez estemos más cerca de la justicia y más lejos de esos jueces", afirmó en diálogo con la prensa, acompañada por siete madres integrantes de la asociación, y exceptuó de las críticas al juez federal Daniel Rafecas y al ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni.

Relató que el encuentro con Martínez de Giorgi, que tuvo una duración de unos 15 minutos, fue "distendido" y que no dejó de sugerirle que "hiciera un reclamo" por la cantidad de efectivos policiales y coches hidrantes que se hicieron presentes el jueves para detenerla y que, según le dijo el juez "no era lo que había pedido", aclarando que él había indicado que se hicieran presentes "cinco mujeres" para ejecutar la orden.

Bonafini volvió a defender su acción, fundamentó que "es una posición que uno toma y que tiene que ser honesta y clara: decir 'señores, paren la mano, basta, no se puede seguir''", y reiteró que no tiene "miedo de ir a la cárcel" porque "a las madres ya nos pasó lo peor", al referirse a la desaparición de sus hijos.

A la luz de lo ocurrido con la causa judicial abierta contra el apoderado de la entidad Sergio Schoklender y su hermano Pablo por el desvío de fondos públicos en la construcción de viviendas, remarcó que, sin embargo, "volvería a trabajar con el Estado para construir casas para el pueblo, hospitales y escuelas, como lo hemos hecho".

"Hice lo que tenía que hacer como madre, mujer, como presidenta de la asociación, aunque ahora tengo que pagar los insumos y a los 6.000 trabajadores que nos hacen juicio en vez de hacerlo a la banda de los Shoklender", puntualizó Bonafini.

Afirmó que cree que sigue "los caminos correctos" desde que se llevaron a sus hijos y que la respuesta que dan las Madres es porque "no quieren que quede sucia la imagen de los 30.000 desaparecidos".

En tanto, la causa por defraudación con la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo seguirá con declaraciones indagatorias hasta fines de septiembre. Recién entonces el juez federal Martínez De Giorgi quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los 43 indagados, entre ellos la titular de Madres, el ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido y los hermanos Schoklender.

Para este jueves está prevista la indagatoria del ex presidente del Instituto de Vivienda de Santiago del Estero, Daniel Nasif. Para la semana próxima, 18 y 19 de agosto, están citados el intendente del partido bonaerense de Ezeiza Alejandro Granados y el gobernador de Santa Fe Miguel Angel Lifschitz, respectivamente.

En lo referido a Bonafini, el magistrado acudió a la sede Madres para indagarla por la firma de convenios con el ministerio de Trabajo de la Nación para recibir ayuda económica para los empleados de Sueños Compartidos, que habría sido desviada de esa finalidad. De un total de 748.719.414,64 millones de pesos que la subsecretaría de Obras Públicas entregó al programa, se detectó un desvío de 206.438.454,05 pesos, según la causa judicial.

Télam