Avanza la regulación de la telefonía móvil

La Comisión de Sistemas del Senado tiene en tratamiento cinco proyectos para declarar a la telefonía móvil como servicio público. El último proyecto presentado es del senador Juan Manuel Irrazábal del Frente para la Victoria (FpV). El punto más importante que se persigue es declarar al servicio como público para garantizar el acceso libre de los usuarios. Esto implicaría que el Estado tenga la facultad de fijar las tarifas.

Si bien hay una mayoría de opiniones que avalan la intervención del Estado, existen divergencias en temas como la ubicación de antenas, derechos del consumidor y designación de la autoridad de aplicación.

El paso siguiente, en los planes del oficialismo, será una convocatoria de audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común.

La diputada nacional Adriana Puiggrós también expuso su proyecto, de autoría compartida con su par Hernán Avoscan. Lo justificó al decir que el celular se volvió un instrumento indispensable en la vida social de los argentinos y resumió sus propósitos diciendo: “La idea es que se garantice a todos el acceso a este servicio, así como el cambio de empresa o de plan sin que les cobren extra y que haya una intervención del Estado en ese sentido, las empresas seguirán trabajando”.

A fines de 2013 el gobierno nacional tomó la decisión de avanzar en materia regulatoria sobre las operadoras, que se rigen como un servicio privado y al mismo tiempo son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor.

El 5 de setiembre de 2013 la Secretaría de Comunicaciones obligó a Personal y Movistar a dar marcha atrás en una suba de precios de entre el 7% y 12 %, acusándolas de tener una “rentabilidad avergonzante”. Cuatro días más tarde, se impulsó un anteproyecto de resolución para establecer un nuevo Reglamento de Clientes que endurecía la regulación en materia de derechos de usuarios.

Puntos destacados

La propuesta oficialista es la que propone el marco legal más estricto,  fue elaborada con la participación del coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Garbarz.

Desde su artículo primero expresa que se debe declarar como servicio público a la telefonía móvil en todas sus modalidades. Dice que será el Poder Ejecutivo el encargado de establecer la prestación básica obligatoria que deberá ofrecerse a todas la personas mayores de 18 años que lo soliciten.

En el segundo artículo, se expone que las empresas deberán fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin de mejorar la calidad de los servicios. En el apartado “g”, establece la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos. Un aspecto es destacable debido a la contaminación ambiental que producen las ondas electromagnéticas provenientes de las antenas de telefonía celular.

Se regula la fijación de tarifas máximas justas y razonables en relación con el servicio prestado. A su vez, garantiza la posibilidad de rescindir el contrato en cualquier momento sin penalidad alguna.

El artículo octavo, fija la prohibición de los ajustes automáticos de las tarifas e indica que solo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales incurridos previstos y la previa audiencia pública, con estudio de costos.

Con respecto a los controles, se establece que cada prestador deberá presentar periódicamente la documentación que compruebe el correcto cumplimiento con la nueva ley. Para esto no se creará un nuevo organismo, sino que seguirá funcionando en manos de la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Las quejas más frecuentes

El director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, dijo que los reclamos de telefonía móvil siguen estando a la cabeza. Agregó que las denuncias llegan desde distintas localidades y que en la mayoría de los casos se trata de subas que aparecen en las facturas sin aviso previo y por servicios de mensajería instantánea que no han sido contratados como promociones, los que generan un acoso permanente hacia los usuarios.

Las empresas que conviven en la provincia son tres: Movistar, Personal y Claro. Las quejas que se dan a lo largo de un día suelen ir de 20 a 25 y generalmente son hacia la empresa de Telecom. Albornoz lo atribuye a que es la que más usuarios tiene.

El panorama no cambió mucho respecto de 2013, si se tiene en cuenta la caída de dicho servicio en mayo, cuando todos los usuarios del prefijo 0343, quedaron incomunicados debido a un desperfecto en la antena, a lo largo de todo un día.

El director de Defensa del Consumidor confirmó que la empresa tuvo que remunerar a los 200.000 damnificados con unos 30 pesos por persona.

El funcionario dijo que acompaña la aplicación de una nueva ley y que siempre que se trate de favorecer al bolsillo a la gente le viene bien.Días atrás también hubo complicaciones en Concordia, esta vez con la empresa Claro. Los representantes de 38.000 usuarios y el representante legal de la compañía AMX Argentina SA, se reunieron a partir del mal funcionamiento del servicio

Los requerimientos de los usuarios van desde el cese inmediato del cobro indebido de roaming (por problemas de señal), hasta la ejecución de las inversiones necesarias para solucionar el problema, y que la empresa repare los cobros indebidos a los usuarios de sus servicios telefónicos.