Los ojos de la sociedad entrerriana se posarán desde hoy hasta el jueves en el juicio contra el exsenador Félix Abelardo Pacayut, quien junto a otras siete personas será juzgado por la supuesta apropiación de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy.
Arranca un juicio por una causa emblemática de los años 90
El exlegislador Abelardo Félix Pacayut junto a otras siete personas comenzarán a ser juzgados desde hoy hasta el jueves por la supuesta apropiación de fondos públicos destinados al puerto Ibicuy.
3 de diciembre 2012 · 05:44hs
Junto a Pacayut, quien puede terminar preso ya que tiene un condena a tres años y cuatro meses de prisión efectiva en revisión, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras.
El juicio lo llevará adelante la Sala I integrada por José María Chemez, Daniel Perotti y Daniel Malatesta.
En la causa se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy, en el sur de la provincia.
La investigación la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la gobernación de Jorge Busti.
El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma BuildingArg SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.
El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) respectivamente. Durante la administración del exgobernador Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma del contrato de obra, en 1998, BuildingArg cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no se ejecutaron.