Apelación: severas objeciones a los planteos de la defensa de Ilarraz

Una audiencia en la que se abordaron aspectos técnicos a favor y en contra de la elevación a juicio de la causa contra el sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de haber cometido graves abusos en el Seminario de Paraná, sumó un nuevo capítulo a una discusión procesal que a esta altura ya se tornó interminable.

La defensa integrada por Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz reclamó la exclusión probatoria de la investigación diocesana encarada por el cardenal emérito Estanislao Karlic, así como también la nulidad de las pericias psicológicas a las víctimas; la nulidad de la correspondencia epistolar que habrían intercambiado los denunciantes y el imputado; y la nulidad de la declaración del ex arzobispo Estanislao Karlic. "Esa investigación diocesana no puede ser valorada jurídicamente en la instancia civil", dijo en el inicio de su fundamentación el abogado. Así explicó que la metodología utilizada por el derecho canónico y la garantía de ese procedimiento "es muy distinta a la que nosotros tenemos consagrada -por el derecho civil-".

En base a esa línea argumentativa trató de demostrar que durante ese proceso se violó el derecho de defensa de Ilarraz, porque no se le concedió participación en todas las actuaciones y por lo cual no debería ser incorporada como prueba de cargo. En esta parte de su fundamentación, el letrado cuestionó la valoración que el Tribunal de Apelaciones hizo de la declaración escrita de Karlic en la que reconoce que Ilarraz le confesó su arrepentimiento por los hechos y que la jueza Paola Firpo evaluó que no correspondía tener presente al momento de dictar el auto de procesamiento.

Respecto de las denuncias incorporadas al expediente, el defensor entendió que solamente se valoraron tres de las siete. "El acto y la conformación de la causa tiene a un imputado que es llevado a juicio por siete denuncias cuando hay cuatro que faltan probar", especificó de cara al Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Pablo Vírgala (presidente), Gustavo Maldonado y Marina Barbagelata.

Si bien fue el último en exponer, la que ensayó el Procurador General, Jorge García, fue la ponencia más categórica y consistente cuando hubo que responder a los agravios planteados por la defensa. "Es una apelación impropia sobre lo que este Tribunal resolvió en el auto de procesamiento", reprochó el jefe de los fiscales. Como ya lo había formulado en otras oportunidades, para García este nuevo recurso de la defensa tiene "un afán dilatorio, que lleva a la ignorancia del Derecho".

En un mensaje dirigido a los promotores de la impugnación opinó que estaban cometiendo "una confusión de grado" y lo fundamentó diciendo que "una persona que plantea los mismos problemas que expone la defensa aquí no aprobaría el examen de grado de Derecho Procesal".

Desde esa perspectiva lamentó que se deba escuchar que "hubo errores" del tribunal que dictó el procesamiento, o de reproches hacia otras medidas dictadas en diferentes instancias. "El punto central es si hay o no hay certeza negativa. Como la defensa no puede demostrar esto, entonces deambula por distintas cuestiones, incluso con confusiones muy groseras", se explayó.

El Procurador se volvió a ocupar del concepto de la "certeza negativa", como una forma de teoría de la decisión judicial y que implica que la "verdad jurídica, es una verdad de desincriminación. Y el auto de procesamiento es una especie de válvula que promueve que la acusación pase; acá no hay ninguna de las situaciones".

El funcionario público dejó una reflexión para el cierre: "A diferencia de Ilarraz que cosificó, que trató como no dignos a niños, que cometió un delito gravísimo, el ordenamiento jurídico tiene superioridad ética respecto de la actitud del autor del delito, porque lo sigue tratando como persona y le sigue dando los elementos de dignidad que él negó".

Tanto los querellantes Marcos Rodríguez Allende, Rosario Romero y Milton Urrutia, y el fiscal Francisco Ramírez Montrull adhirieron en el mismo sentido, pidieron que se rechace el planteo de los defensores y que la causa sea remitida de inmediato a juicio oral.

Romero se valió de doctrina jurídica para sostener que no existe la falta de descripción de los siete hechos y de la prueba que se valora en distintas etapas respecto de esos siete hechos.

- Los defensores Fornerón y Muñoz se valieron de argumentos conocidos, sin aportar pruebas negativas para sustentar su petición en rechazo de la elevación a juicio de la causa.

- Cinco serán los días que tendrá el Tribunal de Juicio y Apelaciones para decidir sin confirma o no la elevación a juicio por un caso que estremeció a la Iglesia católica de Paraná.

- A diferencia de la última audiencia de apelación, el tribunal presidido por Pablo Vírgala resolvió que el acto sea abierto y público atento se iban a ventilar aspectos únicamente técnicos.