La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, presentó el viernes por la tarde un escrito ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pidiendo "encarecidamente se disponga la apertura de la investigación de los hechos que falsamente se me endilgan", en referencia al pedido de juicio político impulsado en su contra por los abogados Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luciano Rotman, Luis Leissa y Jaime y Emilio Martínez Garbino, entre otros.
La denuncia se basa en las expresiones del hoy suspendido vocal del STJ Carlos Chiara Díaz cuando expuso en su defensa ante la Comisión y atribuyó conductas irregulares a la titular del cuerpo. Los denunciantes indicaron como causales el supuesto uso abusivo de los viajes en comisión de servicios, lo que resentiría su tarea como presidente del tribunal, y el descontrol en el manejo de los viáticos. También la supuesta integración de un sociedad comercial con el exgobernador Sergio Urribarri, y de otra sociedad con Raúl Arroyo y la supuesta manipulación del orden de votación en la causa iniciada por el exsenador radical Juan Carlos Arralde a partir de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas , entre otros puntos.
Mizawak sostuvo que se presentó "para ayudar a averiguar la verdad", e indicó que pretende que el cuerpo no rechace in límine la denuncia, sino que la investigue, atento a que la reproducción mediática de los hechos que se le endilgan como motivo de mal desempeño pretenden arrojar un manto de duda sobre su honorabilidad y sobre su idoneidad para presidir el Poder Judicial entrerriano.
Reiteró la exfiscal de Estado que - "tal como afirman los mismos presentantes"- la denuncia se basa en los dichos del vocal Chiara Díaz al ejercer su defensa, y que en tal circunstancia nadie está obligado a decir la verdad, por lo que sus dichos "no pueden erigirse en medio de prueba para sostener otra denuncia".
Dijo que la falsedad de Chiara Díaz al llamarla "la reina de los viajes y licencias" quedó demostrada con la información que ella aportó espontáneamente el 5 de diciembre -tal como lo publicó UNO- con una comparación de la asistencia suya y del denunciado entre 2010 y 2015.
En el mismo sentido ofreció la información de sus viáticos, motivos y justificación de la actividad realizada para contrastar con la afirmación de Chiara Díaz que indicaba que los datos suministrados por la presidenta del STJ eran sobre los pedidos de viáticos y no incluían las comisiones de servicio.
Las sociedades comerciales
En otro punto de la presentación, los denunciantes hablan de la "participación en sociedades comerciales con el señor Sergio Daniel Urribarri y el señor Raúl Arroyo", lo que constituiría una "incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura". Lo señalaron a partir de los dichos del vocal enjuiciado, cuando refirió a "un suceso acontecido entre el doctor (Emilio) Castrillón y la doctora Mizawak, en reunión de Acuerdo, donde el primero le habría solicitado la renuncia a la señora presidenta del cuerpo, en atención a la existencia de una participación social de esta junto al actual presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador", contó el vocal.
Mizawak sostuvo: "No tengo, ni tuve, ni personalmente, ni mi padre, ni mi esposo, ni mis hijos, nunca una sociedad con Sergio Daniel Urribarri (...) Respecto de una supuesta suspensión de Acuerdos Generales, ya se ha informado a dicha Comisión (de Juicio Político) sobre la incorrección de tal información, mediante un informe de Secretaría", agregó.
Respecto de la sociedad con Raúl Arroyo, señaló: "...además de formar una sociedad conyugal por ser mi marido, en el 2003 constituimos una sociedad anónima denominada AyM SA" inscripta en la Inspección General de Justicia. A más de ofrecer la información del caso, la titular del STJ adelantó que ello "no configura incompatibilidad alguna conforme a la legislación vigente". Se sabe que los jueces pueden participar de sociedades, pero no así dirigirlas. Un caso relativamente conocido es el del expresidente del STJ Daniel Carubia, quien estando en funciones integraba la sociedad familiar que explotaba una concesionaria de autos en Concordia; o los casos de otros jueces de tribunales inferiores que participan de sociedades. Los denunciantes propusieron que se requieran informes a los fiscales que investigan las denuncias contra funcionarios de la gestión Urribarri, para que informen si existe algún elemento que la vincule en ese sentido con el exgobernador.
La causa Arralde
En cuanto a la "supuesta manipulación de la emblemática causa Arralde", tal como se señala en la denuncia; Mizawak hizo referencia a que "tamaña acusación" no la involucra solo a ella sino a todos los miembros del tribunal y al titular del Departamento Judicial y Contencioso Administrativo del STJ. Aseguró que "con inconfesables propósitos" Chiara Díaz "confunde a los denunciantes y a la sociedad toda" y remitió a un informe del secretario Julio César Pérez Ducasse dando cuenta de "un trámite absolutamente regular y ajustado a la normativa vigente".
El robo de armas
Por último, la denuncia incluyó la mención como "grave negligencia, inidoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia" al robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal.La jueza dijo que sin perjuicio de las acciones iniciadas antes de la investigación penal, se iniciaron trámites disciplinarios, los que están a resultas de la causa penal en virtud del estado de inocencia, y además se intervino el área designando a nuevos funcionarios.
Sobresueldos
En cuanto a la supuesta causal de mal desempeño por la percepción de sobresueldos, Mizawak negó que estos existan y recordó que durante la presidencia de Leonor Pañeda se incluyó en el presupuesto del Poder Judicial de la Provincia una partida para gastos de representación y protocolo, y que su disponibilidad depende del presupuesto que vota la Legislatura. "No hay fondos secretos, ocultos o ilegales. No son parte del salario, se rinden al Tribunal de Cuentas en la forma prescripta por la ley", explicó en una parte de la argumentación.
"Para el Tribunal conceptualmente, incluso por la forma en que se rinden ante el Tribunal de Cuentas, nunca fueron denominados 'gastos reservados', pero sobre todo y lo que he dejado absolutamente negado, es que constituyan sobresueldos en tanto reconocen distinta naturaleza, finalidad y cuantía". Los montos, explicó la jueza "se ajustan en un todo al régimen legal vigente, no son percibidos mensualmente ni tienen naturaleza salarial" y su distribución es realizada por el pleno del cuerpo, indicó.
En la denuncia se señaló que estas "maniobras" podrían hallarse incursas en malversación de fondos públicos "en tanto y en cuanto, en el desempeño de su función pública le habría dado a los caudales que percibe como Gastos Reservados una aplicación diferente de aquella para lo cual estaban destinados incorporándolos al presupuesto del Superior Tribunal de Justicia como Gastos Protocolares y de Representación que habrían sido percibidos mensualmente, conjuntamente con la liquidación de haberes, sin que, respecto de tales pagos, se hubiese efectuado contraprestación específica alguna (en el sentido de efectivas presentaciones del Poder Judicial cumplidas al efecto)". Incluso se afirma que la conducta aparecería en un posible concurso ideal con la figura del peculado "que consiste en la apropiación y utilización de caudales o efectos de propiedad del Estado, que el agente posee en razón de su cargo, para beneficio propio o de terceros (los demás vocales). El cobro de gastos de representación por parte de Mizawak nos remite también a la conducta tipificada por el Código Penal como delito de exacción ilegal (...)", agregaron los promotores del enjuiciamiento de la jueza.
