Las chicanas de los pederastas

Dos casos judiciales que tienen varios puntos de coincidencia. Son los que tienen como protagonistas a los curas Justo José Ilarraz y Marcelino Moya. Se asemejan porque las víctimas-denunciantes, en ese entonces menores de edad-, formaban parte del círculo íntimo de dos hombres que habían adquirido una buena cuota de poder. Tanto los monaguillos de Villaguay como los pupilos en el Seminario de Paraná reconocían a los sacerdotes como figuras casi paternales, a las que habían asignado su mayor confianza sin saber que iban a ser sometidos a actos aberrantes. Dos religiosos que fueron bendecidos por el cardenal emérito Estanislao Karlic establecieron lazos con las familias de esos jóvenes que buscaban afianzar su formación sacerdotal, pero que en cambio cayeron en manos de perversos, interesados únicamente en satisfacer sus más bajos instintos. Todos estos antecedentes valen para mostrar un patrón de conducta y una discusión de fondo que merece ser dada.

Como lo hizo en su momento la defensa del cura Ilarraz, ahora los abogados de Moya intentarán que la causa prescriba, recurriendo a una vieja chicana que no por ello es menos válida. Con esa estrategia Ilarraz pudo postergar su enjuiciamiento, incluso llevando la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver un recurso en tal sentido. Este accionar, aplicado en forma gradual, se reiteró en varias oportunidades, valiéndose del consentimiento de en ese entonces de la jueza de Transición Paola Firpo. De todas formas esa apuesta se topó de bruces con dictámenes contrarios en diferentes instancias del Poder Judicial entrerriano. El primer revés a esa pretensión se produjo en el Juzgado de Instrucción a cargo de Alejandro Grippo, el primer magistrado de la causa. En el mismo sentido se pronunciaron la Cámara Primera, la Cámara de Casación Penal, Sala N˚ 1 de Paraná y por último el rechazo más contundente llegó desde la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior del Tribunal de Justicia (STJ), en mayo de 2015.

En su voto, quien fuera presidente de la Sala Penal del máximo tribunal, Carlos Chiara Díaz, alegó que "es entonces insólito que dichos actos se traten como un delito común, cuando son gravísimos y excepcionales, equiparables a los ilícitos de lesa humanidad por la protección de los derechos humanos de los niños en la Convención que reconoce y protege sus derechos" y justificó su rechazo al reclamo de prescripción: "Es ese nuevo panorama el que nos impide extinguir la acción penal y justifica que se mantenga subsistente la potestad investigativa del Estado (...)". En la apreciación de Chiara Díaz se argumenta que (...) "quienes denunciaron ser víctimas de tales aberraciones contra su integridad sexual tienen derecho a que se investiguen los hechos hasta su esclarecimiento (...)". En la misma sentencia, el procurador general, Jorge García, opinó que "este es un caso paradigmático y que nuevamente la defensa pretende tergiversar los argumentos de las instancias para sesgar la cuestión principal".

Ahora el que se abraza a este artilugio es el cura Moya, amparándose en el paso del tiempo, pero sin pensar en el irreparable daño que le provocó a sus víctimas, las mismas que hoy a pesar de esas "chicanas", que solo buscan dilatar el avance de la causa, siguen reclamando justicia.