Toman muestras de sangre y orina a alumnos fumigados

Luego de la fumigación realizada desde un avión en un campo aledaño a la escuela rural N° 44  República Argentina, ubicada en Santa Anita (Departamento Uruguay), surgieron novedades en materia judicial, luego de sendas denuncias: primero en la  comisaría local efectuada por la directora del establecimiento, Mariela Leiva, y luego una penal promovida por los integrantes de la campaña Paren de Fumigar Escuelas.

A seis de los cinco alumnos y a la docente Mariela Leiva, quienes sufrieron los efectos de la fumigación, se les tomaron muestras de sangre y de orina en el hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso tras la medida dispuestas por el fiscal de Concepción del Uruguay, Pablo Bur -quien entiende en la causa-. Luego de completarse las extracciones, las muestras fueron derivadas a la ciudad de Paraná, donde se realizará un análisis exhaustivo para establecer si los estudiantes y la maestra fueron intoxicados por las sustancias químicas.

Así lo confirmó a UNO la docente Mariela Leiva, encargada de acompañar a los menores en el trámite judicial. Cabe recordar que la directiva tuvo que ser atendida el viernes en el hospital E. Becher “por presentar erupciones en la mucosa yugal y en la lengua”, según consta en un certificado médico. En el mismo se agrega otro de los síntomas: “Úlceras superficiales de fondo rojo y bordes definidos en superficie yugal, así como también conjuntiva ocular irritada”.

“Nosotros concurrimos acompañados por nuestro abogado, Mario Arcusi” detalló la educadora en diálogo con UNO. Explicó porqué solamente cinco de los seis afectados se sometieron a la extracción. “Los familiares de los chicos se negaron”, manifestó. Los alumnos concurren al 4º, 5º y 6º del establecimiento escolar, quienes luego del episodio que involucró a un avión fumigador presentan un buen estado de salud.  Aunque al día siguiente de la aspersión presentaron los siguientes síntomas: diarrea, dolor de estómago y enrojecimiento de ojos.

Consultada por su estado de salud, la docente consignó: “Yo tuve la  boca con llagas y hoy me volvieron a salir”. Destacó la gestión del ministro de Salud, Eduardo Lauritto, quien favoreció una mayor celeridad en el accionar de la Justicia. Sabiendo que no es la primera vez que se fumiga la escuela de Santa Anita, la maestra entendió que “se deben controlar las distancias y las condiciones climáticas. Y que luego esto se cumpla, así como también que se siga denunciando”.

Más prevención

“El Estado no ha hecho nada para evitar o proteger a la comunidad educativa de futuras fumigaciones. Siempre vienen después que pasa. Incluso en el acta firmada por el ministro de Educación, Eduardo Lauritto, el funcionario se comprometió a lo que estaba obligado: a velar por la salud de todos”, cuestionó Jorge Bevacqua, integrante de la Campaña Paren de Fumigar Escuelas.

Esta sería la primera vez que un ministro concurre a un establecimiento para ponerse a disposición de las autoridades, en virtud de la gravedad del episodio. “Cuando se produjo la fumigación de la escuela N° 85 se hizo presente la directora Departamental y se suspendieron las clases. En Santa Anita también se resolvió una medida similar”, recordó.

Uno de los métodos que defienden con mayor vehemencia ambientalistas, junto con la comunidad educativa, lo constituye la necesidad de diagramar un plan de prevención. En efecto, consideran que esa tarea  debe comenzar en forma urgente de la mano del Estado, teniendo en cuenta que las plantaciones de agricultura industrial que rodean a las escuelas rurales requieren al menos entre seis y 10 fumigaciones por año. “Ello obligaría a suspender el dictado de clases entre cuatro y cinco semanas. Esa no es la manera de arreglar las cosas”, reflexionó Bevacqua.

 En ese contexto, el dirigente llamó a que se promueva una mayor prevención desde el Estado y que tenga mayor participación en esta cruzada. Propuso que una de las formas más concretas sería colocar carteles, demarcar sitios y ampliar la zona de protección de las escuelas “Tendría que existir una zona protegida de 1.000 metros alrededor de las escuelas y que el encargado de hacerlo sea el Ministerio de Educación. Y de lo otro que se debería ocupar el Estado es de controlar la salud de las personas que concurren a escuelas ya fumigadas”, remarcó.