Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos

La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.

Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.

La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".

En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".

Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".

Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".

"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.

La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.