El director general de Administración del Consejo General de Educación, Carlos Mohr, narró ayer ante los integrantes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales las razones de los problemas que en la mayoría de los departamentos de la provincia ocurren con el transporte escolar, especialmente por falta de pago del servicio.
Quieren sacarle a Educación el manejo del transporte escolar
Según trascendió, el funcionario de Educación explicó que el presupuesto para 2012 era de 16 millones de pesos, pero solamente se aprobaron 10 millones, por lo que hoy la partida ya está agotada.
A eso hay que sumarle que no tuvo resultado hasta el momento la tramitación de una ampliación de la partida, por lo que estimó que en 2013 se arrancará el ciclo lectivo con un déficit importante.
Por esa misma razón, explicó Mohr, no pueden autorizarse subas en la tarifa del servicio como reclaman los transportistas que atienden la zona rural.
El funcionario concurrió en soledad al Senado, ya que no lo acompañaron el ministro de Educación, José Lauritto, ni la titular del Consejo, Graciela Bar, pese a que según legisladores justicialistas, iban a estar presentes en el encuentro, pero a último momento no concurrieron.
Mohr también explicó que el mecanismo actual de facturación permite que los transportistas facturen más kilómetros que los realmente recorridos. Igualmente sostuvo que la estructura del Consejo es ineficaz para controlar la situación planteada. La mayor responsabilidad del control de los kilómetros recae en los directivos de las escuelas.
En el encuentro algunos senadores indicaron que los directivos permitirían esa situación porque saben que el Estado paga tardíamente por el servicio y no quieren que se corte porque -lógicamente- implica que muchos de los alumnos dejen de ir a la escuela.
“Si el Estado no paga no puede exigir” dijo el senador Natalio Gerdau (Gualeguaychú) a la agencia APF. Luego opinó que los transportistas “inflan el kilometraje porque hay atrasos en los pagos”.
Ante estos problemas -falta de fondos, ineficacia en el control y reclamos de padres y docentes- la solución que tomó cuerpo y generó consenso entre los legisladores -todos oficialistas como también lo es la composición de la Cámara alta- es que la administración del mecanismo pase a manos del Instituto Autárquico Becario de la Provincia (Inaubepro), que lo financiaría con el programa de becas rurales.
El titular del único bloque del cuerpo, Enrique Cresto, señaló: “Hace muchos años que se vienen suscitando problemas que no se resuelven, ni se solucionan, y creo que este Estado tiene la responsabilidad y la posibilidad de resolverlo”. Luego, el senador por Concordia propuso además hacer una diagnóstico exhaustivo de la realidad de cada Departamento para “poder armar una propuesta que sería viabilizada a través de un Proyecto que será presentado al gobernador, de modo que también pueda ser previsto en el Presupuesto Provincial 2013, e incluso permita revalorizar a las cooperadoras” escolares.
En tanto, su hermana Mayda Cresto, quien es la titular administrativa del Inaubepro, indicó que el programa de becas rurales, “atiende a 4.000 estudiantes que residen en zonas rurales de toda la provincia y que se trasladan hasta la escuela, y por otro lado el CGE paga transporte rural a 90 transportistas”.
“La idea era reunirse para ver de qué manera se pueden unificar ambos sistemas, para que sea más efectivo, que haya mejor control, que no haya situaciones en que un mismo chico reciba dinero y también cobre la beca y que el sistema funcione como tiene que funcionar”, agregó.