Dos hombres fueron condenados por explotación laboral de obreros rurales en un establecimiento forestal en la zona del Departamento Colón. Ambos confesaron el delito de Trata en un juicio abreviado y cumplirán cuatro años de prisión efectiva, pero domiciliaria.
Trata laboral: dos condenados por explotar a obreros rurales
El dueño y el encargado de una explotación forestal de Ubajay fueron condenados a 4 años de prisión por Trata. Uno de los obreros pidió la paga y lo quebraron.
15 de junio 2021 · 20:46hs
La jueza Berros dictó la sentencia condenatoria.
Se trata de L.A.M., un administrador de campos de terceros de 68 años, y F.V.A., un jornalero de 56, quienes fueron imputados tras una denuncia por la situación irregular e inhumana en la que mantenían a empleados en un campo.
La causa se inició hace casi nueve años, cuando uno de los obreros sufrió una lesión grave internado en el hospital de San José. Mientras estuvo internado esperando la cirugía, le contó lo que le había pasado a una empleada del nosocomio. Esta mujer puso el hecho en conocimiento de a presidenta de la Asociación Civil Yanina, Claudia Munilla, quien envió un mail a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el 1º de agosto de 2012.
Allí dio cuenta que el obrero, oriundo de la provincia de Misiones, había sido hospitalizado por una fractura de húmero, que había trabajado en un desmonte en condiciones precarias por más de dos meses y que, al reclamar su salario, recibió una golpiza por parte del encargado del lugar, F.V.A..
“Páguenme lo que me deben y me voy”, le dijo el muchacho. “¿Vos querés cobrar?”, le preguntó el capataz, y lo atacó con un tronco.
Personal de Prefectura Naval Argentina realizó tareas de observación e informó que la explotación forestal donde el joven lesionado trabajaba se encontraba en Ubajay, Colonia Mabragaña. Había sido llevado al lugar por L.A.M. y durante el tiempo que trabajó allí fue alojado en un edificio abandonado, una excomisaría, en las cercanías de la Escuela N° 27. Además observaron que había más personas trabajando en el lugar, sin agua, sin luz, sin condiciones de higiene y seguridad mínimas
La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), llevó las actuaciones ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que ordenó el allanamiento al lugar administrado por L.A.M., dueño de la explotación forestal.
El 12 de noviembre de 2012 los uniformados llegaron al campo ubicado a unos 1.500 de la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, a unos cinco kilómetros de la ruta nacional 14, en el paraje denominado Humaita. Los prefectos, junto al personal de la Oficina de Rescate de las víctimas de trata, constataron la explotación de eucaliptos y halló a nueve personas, víctimas de explotación laboral, una de ellas de 17 años. Además, se identificó la vivienda donde residían (una ex comisaría abandonada), como así sus deplorables condiciones de habitabilidad e higiene: sin puertas ni ventanas, con techos semiderruidos, sin sanitarios, agua potable y electricidad.
Un testigo del procedimiento describió que el lugar carecía de condiciones mínimas de habitabilidad y de refugio contra las inclemencias climáticas. No tenían baños ni sanitarios, y hacían sus necesidades en el monte. No tenían en el lugar agua potable para su alimentación e higiene. No tenían luz eléctrica. No había forma de refrigerar y conservar los alimentos. “Hacían charqui con la carne”, dijo. No tenían cocina y debían preparar su comida (que el patrón les descontaba de la paga) a la intemperie, con leña.
Las condiciones en que se encontraban las víctimas eran “infrahumanas”, como lo señalaron los funcionarios de Prefectura. Mucho menos les proveyeron ropa de trabajo, ni se les suministraron elementos de seguridad, pese a que estaban expuestos a riesgos graves por las tareas peligrosas que desarrollaban.
Acuerdo y sentencia
Ambos acusados fueron procesados y enviados a juicio. Ocho años y medio después llegó esta instancia, donde los explotadores prefirieron acordar una sanción con la Fiscalía, antes de ir a un debate. El acuerdo entre el fiscal general adjunto Leandro Ardoy, L.A.M. y F.V.A. consistió en cuatro años de prisión para el primero y cuatro años y seis meses para el segundo.
Sin embargo, en el análisis del caso, la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, terminó condenando a ambos a cuatro años de encierro, por el delito de Trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, en la modalidad de acogimiento, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas. Además, homologó la modalidad de prisión domiciliaria del cumplimiento de las penas y las autorizaciones para salir a ir trabajar.