“Evidentemente se trató de un problema de vecinos, además familiares entre sí, que llevaba mucho tiempo”, dijo el presidente del tribunal, José María Chemes, al explicar el contexto del hecho que juzgaron. La tarde del 19 de setiembre de 2009, en el techo de una vivienda de calle Fraternidad de Paraná, un hombre asesinó a su primo luego de una de las tantas discusiones por viejos conflictos nunca saldados.
Policía condenado por matar al primo de un tiro en la boca
Antonio Roberto Ayala, de 52 años, afirmó que se defendió de un ataque de Esteban Ramón Ayala. Pero los jueces no le creyeron: “Entendemos que las pruebas son las que definen la cuestión, y nosotros creemos firmemente que el hecho no fue cometido por legítima defensa”, afirmó Chemes.
Aquel conflicto familiar, continuó el vocal dirigiéndose a Ayala: “Fue subiendo de temperatura ese día, y usted no puede ampararse en la legítima defensa por cuanto ha quedado claro que esa misma tarde, sin perjuicio de las provocaciones que han sido mutuas o recíprocas, usted hizo un gesto que provocó la reacción de la persona que después fue fallecida. Esto hace que no haya habido ya ningún tipo de agresión previa que haga que justificara que usted se defendiera. Por esto entendemos que usted es responsable de este hecho y debe responder penalmente”.
Durante el juicio hubo varios testigos que confrontaron las dos versiones del hecho: la de la acusación, que se trató de un ataque “calculado y frío”; y la de la defensa, que el Policía reaccionó para defenderse de otro hostigamiento de su primo.
El tribunal valoró el testimonio de José María Enrique Álvarez, quien “más allá del parentesco que tenía con la persona fallecida, fue un testigo espontáneo que estuvo desde el primer momento y fue localizado por las primeras autoridades policiales que concurrieron al lugar, mantuvo su coherencia durante todas las declaraciones que manifestó en sede policial, en el Juzgado de Instrucción y en el debate”. El hombre dijo que la víctima no estaba armado y que fue ultimado por Ayala sin mediar una pelea.
Hubo otros testigos que aseguraron lo contrario: que el fallecido atacó a su primo con un cuchillo y un serrucho, por lo que el mayor de los Ayala se defendió con su arma.
Sobre estos, Chemes consideró que en las diferentes instancias “cambiaron su declaración, hablan de una pelea producida cuando la víctima estaba pretendiendo subir una escalera. Estamos convencidos de que la escalera no estaba en el lugar, por lo tanto estos testigos no son veraces en sus dichos, Tanto el parte policial como el acta de inspección judicial, el croquis y las fotografías, avalan que la escalera no estaba ahí”.
Los jueces le impusieron a Ayala la pena de nueve años de prisión efectiva. Es un año más que el mínimo que establece el delito de Homicidio, y valoraron como atenuantes la falta de antecedentes computables del policía y las circunstancias en que se produjo el hecho, “un ámbito de conflicto”. Y como agravantes plantearon que se trata de un “funcionario policial, tenía una formación como para poder mantener la tranquilidad y el parentesco con la víctima que además se encontraba en estado de ebriedad”.
Al finalizar la audiencia, las partes expresaron sensaciones encontradas respecto del fallo unánime de la Sala 1 de la Cámara del Crimen. Por un lado, los jueces coincidieron con la hipótesis acusatoria de la fiscal de Cámara Carolina Castagno y los querellantes Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, quienes habían reclamado una pena mayor, de 12 años, para el acusado. Por otro, el defensor Marcos Rodríguez Allende había solicitado la absolución de Ayala por legítima defensa, y ahora espera leer los fundamentos de la sentencia condenatoria para recurrir en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia.
“Amenazaba que nos iba a matar”
Angélica Ayala, hermana de la víctima, expresó a UNO su conformidad con la condena, y negó la versión del acusado: “El problema no es porque mi hermano era un delincuente ni por nada de eso, fue porque ya venía el problema desde tiempo atrás”.
En este sentido, explicó que el problema familiar surgió a raíz de una denuncia contra Ayala por intento de abuso sexual de una de las hermanas de la víctima, que luego suscitó varios conflictos entre los familiares. “Siempre nos amenazaba que nos iba a matar, siempre les amagaba a los chicos con el auto, a mi hermano lo golpeaba cada vez que lo encontraba”, contó Angélica, y agregó: “Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo porque hay denuncias y testigos”.
“Mi hermano toda la vida trabajó, no se instaló en mi casa para hacerle la vida imposible a él, eso es mentira. No se podía estar afuera porque el salía y te insultaba, te amenazaba. El problema familiar venía de hace mucho porque es un psicópata. Ni siquiera está arrepentido porque cuando estaba acá nos hacía burlas. Se lo dejo a la justicia de arriba, que es la más importante”, finalizó Angélica.
La sentencia del tribunal también condenó a Ayala y al Estado provincial (el cual le da tenencia legal de un arma) a una indemnización por daño moral.