Pidieron pena para suboficial de Policía

Parece que torturar personas es menos grave que una falta administrativa. Ese planteo realizaron los defensores de Luis Sayes, un suboficial de la Policía acusado de haber ocultado un arma de fuego tras un allanamiento. El mensaje no es ocioso, ya que el año pasado a tres policías de Villa Urquiza, que se comprobó que torturaron con picana a detenidos en la seccional, se les aplicó una pena de prisión condicional sin inhabilitación. Mientras que ayer para Sayes se les pidió una pena condicional, pero además una inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la condena. Si bien ningún caso es igual a otro y en ambos hay un delito, parece que en Entre Ríos torturar es menos gravoso que quedarse con un arma.

Al suboficial Luis Sayes se le imputó que el 9 de abril de 2015 ocultó un arma de fuego que encontró en una zona donde se ejecutaron una serie de procedimientos por los intensos tiroteos entre dos familias del barrio 25 de Mayo de Paraná.

Según quedó establecido en el debate, Sayes, junto a otros uniformados estuvieron desde las 7 del 8 de abril en la esquina de las calles Espinillo y Las Tunas en resguardo de las viviendas que se iban a allanar. Los operativos culminaron al otro día sin resultados positivos. Sin embargo, al descender del móvil 804 de comisaría cuarta en el Destacamento del barrio 1º de Julio, Sayes habría sacado de la guantera un arma de fuego calibre 38 que no pertenecía a la Policía.

Los fiscales pidieron condenar a un año y ocho meses, más reglas de conducta a fijar y la realización de trabajos no remunerados a Sayes. Además solicitaron que se le aplique inhabilitación especial por el doble de la condena. Para los acusadores, Sayes violó la Ley Policial y el Código Procesal Penal, ya que por sus 25 años en la fuerza conocía cómo proceder al encontrar un elemento para secuestrar. Dijeron además que dio dos versiones y jamás explicó porqué ocultó el arma que halló en el lugar donde se ejecutaban los procedimientos.

Por su parte, los defensores Fernando Callejo y Paula Montefiori aseguraron que Sayes no cometió ningún delito y que solo incurrió en una falta administrativa. También recordaron que Sayes cumplió 50 días de arresto por el Sumario Administrativo que le realizaron en la Policía. Pidieron que se declare inconstitucional en este caso la inhabilitación especial solicitada por el ministerio público.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías, Marina Barbagelata informó que dará conocer el veredicto en los próximos días.