La cuarentena, la crisis económica, la menor oferta de droga debido a los controles en las rutas del país, la mala calidad de la que se vende, la liberación de presos que están queriendo recuperar terreno perdido, son algunos de los factores que, según especialistas e investigadores, han agudizado conflictos latentes en distintos barrios de Paraná. En los últimos meses (y más en las últimas semanas) se observa un incremento de los hechos de violencia y en ellos el uso de armas de fuego. Semanalmente se secuestran en la calle y en allanamientos decenas de armas; no obstante, la continuidad de balaceras por todos lados dan la impresión de que proliferan pistolas, revólveres y municiones en cada rincón. En rigor, según lo constatado por los científicos bajo el microscopio de Criminalística al analizar cada vaina servida, en muchos de los tiroteos y homicidios han sido utilizadas las mismas armas. Esto no es una gran novedad: lo que sorprende es que los protagonistas de esos hechos no están vinculados en bandas, familias o territorios, por lo que entienden que hay alguien que se dedica a prestar o alquilar esas mismas armas. Y el negocio le marcha bien.
Paraná: el aceitado circuito del alquiler de armas
Por José Amado
Según los datos recabados por UNO, en Paraná por semana hay entre 15 y 20 hechos de distinto tenor y por diferentes causas, como enfrentamientos barriales o violencia de género y familiar, en los cuales se utilizan armas de fuego. Asimismo, se van sacando armas de circulación frecuentemente. Por ejemplo, entre 2019 y lo que va de 2020, la Dirección Investigaciones secuestró 192 armas (un promedio de 10 mensuales), y 3.500 municiones en la ciudad de Paraná.
También la División 911 encuentra armamento en procedimientos callejeros y sobre todo los fines de semana se reportan armas incautadas, desde tumberas hasta 9 milímetros; llevan 33 armas secuestradas en 2020.
Asimismo, las comisarías de la Jefatura Departamental, tanto en intervenciones en las recorridas de móviles ante situaciones delictivas, como en allanamientos por robos, amenazas o conflictos familiares y vecinales, secuestran armamento casi a diario. Por ejemplo, el fin de semana del 3 al 5 de julio incautaron ocho armas en distintas jurisdicciones.
En Concordia la situación también es complicada, aunque no como el año pasado. La zona norte (jurisdicción de comisaría séptima) es la más caliente, con balaceras casi a diario. Por año, se secuestran entre 150 y 200 armas en el Departamento. La situación ha mejorado desde que, en mayo, se desarticuló una organización dedicada, entre otros delitos, al alquiler de armas y venta de municiones.
Fierros calientes
Todas las armas secuestradas y todos los indicios balísticos que se levantan en cada lugar donde ocurrió un tiroteo, son enviados a la Dirección Criminalística para ser analizados por el personal de la División Scopometría. Pasan por el microscopio, se efectúan cientos de registros en imágenes, se estudian y se incorporan a la base de datos.
Se trata de uno de los dos aportes que hizo la Argentina a la ciencia criminalística: “el sistema dactiloscópico de Vucetich y el fotocomparador de Belaunde”, describe Rodolfo Walsh en su investigación del Caso Satanowsky, y agrega: “Los dos se caracterizan por su aptitud de dar prueba indudable”. El ánima de cada arma deja su impresión en la bala que dispara. Inicialmente, se hacía rodar la vaina o el proyectil sobre un papel de cigarrillo para imprimirle esas marcas. Luego Ernesto Belaunde, en 1935, hizo girar una bala sobre su eje y le tomó fotografías que capturaban cada detalle; así inventó un sistema utilizado en todo el mundo, que ahora cuenta con sofisticados microscopios y computadoras de los cuales hay dos en Entre Ríos (uno en Paraná y otro en Concordia).
Entonces, se comparan distintos indicios balísticos para relacionar diferentes hechos. Así se ha podido establecer que algunas pocas armas han sido utilizadas en los hechos más graves ocurridos en los últimos meses, y otras que tienen registro de crímenes ocurridos hace varios años, y siguen en el circuito ilegal.
Algunos ejemplos. En la Villa 351 el jueves a la tarde, un enfrentamiento armado terminó con una joven de 21 años herida de un balazo de una pistola 9 milímetros en el cuello. Sobrevivió y detuvieron a seis acusados. Las vainas levantadas en el lugar del hecho coinciden con otros dos episodios, ocurridos el 23 de marzo y el 15 de junio, en la misma zona, pero en los que intervinieron otras personas no vinculadas con aquellos arrestados. También se relacionaron dos hechos ocurridos en puntos opuestos de la ciudad: el robo de una campera en una estación de servicios de Zanni y Newbery, y un conflicto sucedido en calle Ameghino, hace unos días.
En el caso ocurrido el fin de semana pasado en el barrio Paraná XX también sorprendió la información pericial. El sábado a la madrugada, dos hermanos de 17 y 20 años atacaron a balazos a dos jóvenes que iban en una moto, con intenciones de balear al acompañante (Martín Palacios) pero hirieron de gravedad al conductor (Martín Insaurralde, de 20 años, quien aún está en Terapia Intensiva del hospital San Martín). Les dispararon con una pistola calibre 22 largo, que no fue encontrada, pero las más de 15 vainas servidas en calles Celia Torrá y Garcilazo fueron analizadas. Así surgió que habían sido disparadas por la misma arma con la que asesinaron a Facundo Morato, un chico de 16 años, en el barrio Vicoer XII (por la Laguna Mainini) el 15 de julio de 2016. También, esa pistola aparece en el ataque a balazos contra un hombre de apellido Escobar el 19 de junio de 2018, en jurisdicción de la comisaría 13ª.
Cabe mencionar que los dos hermanos, pese a que fueron señalados por muchos testigos como los autores del intento de homicidio y a que no fue encontrada el arma, resultaron beneficiados con la domiciliaria.
El asesinato ocurrido en los primeros minutos de la mañana del jueves pasado, en el barrio Juan Pablo II, es para muchos “la frutilla del postre”. Ángel Juan Ignacio Jerez, de 20 años, murió de un balazo en el marco de un enfrentamiento de varias horas entre dos grupos vecinos. El arma utilizada fue ocultada de inmediato, pero se levantaron las vainas servidas. El ojo de los peritos a través del microscopio identificó que fueron disparadas con la misma pistola utilizada en otros tres hechos gravísimos, en solo siete meses: el 7 de diciembre de 2019, un muchacho de apellido Ballesteros fue atacado a balazos por un remisero en la zona oeste de Paraná; en junio de este año, Brian Narváez (del Paraná XVI, vinculado a los Siboldi), hirió a tiros a un joven de apellido Duré; unos días después, el 28 de junio, uno de los hermanos Gastiazoro empuñó la misma arma para asesinar a Iván Villalba en la canchita del barrio Mosconi Viejo (la víctima debía haber estado cumpliendo prisión domiciliaria por el crimen del padre de los acusados). Dos semanas después, esa pistola aparece en el crimen de Jerez. Un arma, dos baleados y dos muertes. Sin embargo, los acusados de matar a este joven, Cristian Giampietri y Nicolás Suazo (quien ya tiene una condena por homicidio), ya están en sus casas con arresto domiciliario.
El negocio
Al igual que las drogas, el comercio de armas y municiones es un negocio redondo. Los datos mencionados evidencian que hay alguien (una persona, un grupo o una banda) que se dedica a alquilar o prestar a cambio de otras cosas, el armamento que se utiliza en balaceras o asaltos. En Paraná esto se patentizó en la causa que llevó a prisión al experito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Vitale, quien fue condenado junto a tres personas más por sacar armas del Depósito de Efectos Secuestrados de Tribunales y las alquilaba o vendía en el mercado negro.
En Concordia, la Policía y el fiscal Francisco Azcue investigaron y desbarataron hace dos meses, una banda con más de 20 integrantes que se dedicaba a asaltos, narcotráfico, protección de prostíbulos y también al comercio de armas. En esa causa se advirtió, sobre todo en las escuchas telefónicas, la naturalidad de quien pedía una pistola para ir a cometer un hecho. Podía pagar unos 1.000 pesos por usarla para un robo, y luego la devolvía. Asimismo, cuando alguien roba un arma tiene a quién vendérsela: la de menor calibre y peor calidad se paga a no menos de 6.000 pesos. En los procedimientos por aquella megacausa se secuestraron 25 armas, y se ha notado la disminución de la violencia: a esta altura del año pasado, Concordia llevaba 17 homicidios, y hasta hoy en 2020 se cuentan cinco.
En cuanto a las municiones, según se informó a UNO, son varios los puntos de ingreso al mercado ilegal. Por un lado, están aquellas personas que poseen autorización para la portación o tenencia de armas, están registradas y debidamente habilitadas, quienes compran balas en los comercios y luego las revenden a un precio mayor en el ambiente delictivo, que puede alcanzar los 50 o 100 pesos cada bala. Por otro lado, se señaló que hay quienes traen tanto municiones como armas desde Paraguay, donde es muy fácil comprarlas sin mayores trabas. Quien se hace un viaje y trae algunas cajas de balas, hace una gran diferencia en la reventa.
Hace unos 20 días, en Concepción del Uruguay, la Prefectura Naval llevó adelante una investigación con el Juzgado Federal local, por la que detuvo a dos hombres acusados de venta ilegal de armas y municiones. En los allanamientos les secuestraron pistolas, revólveres, escopetas, una carabina con mira telescópica, réplicas de armas, un rifle de aire comprimido, municiones, vainas servidas y cartuchos antitumulto.
También se han encontrado armas de fuerzas de seguridad robadas en otras provincias. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes policías de la División Robos y Hurtos persiguieron a dos personas en la zona del Parque Varisco, quienes se metieron en Puerto Viejo y arrojaron una mochila. Adentro encontraron una pistola robada a la Policía de Santa Fe. A inicios de junio, en Ceibas, en un procedimiento por robo de ganado incautaron 35 armas largas y de puño, alrededor de 500 cartucherías de varios calibres, un equipo de comunicación, una pistola 9 milímetros e indumentaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En Concordia, se han hallado armas de otros lugares de la provincia: cargadores de fusiles FAL y de ametralladora FMK3.
Para estos casos en los que se secuestran armas de otras provincias, desde la emergencia sanitaria hay un gran inconveniente: la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados) está cerrada. Se trata de un organismo que reúne información de armas de todo el país, lo que permite cruzar datos para distintas investigaciones. Resulta que hace un tiempo hubo dos casos de Covid 19 en sus oficinas, cerraron y no abrieron más. No se dispuso de un sistema alternativo para continuar con el trabajo.
La escasez de droga y la burbuja en que vive la Justicia
Varios de los consultados acerca de las causas del rebrote de violencia en Paraná en las últimas semanas han señalado que hay escasa oferta de droga, lo que acentúa las disputas entre distintos grupos en cada lugar y se resuelven los problemas a los tiros. Aparentemente el cierre de fronteras y los controles en rutas por el aislamiento social han complicado la llegada de cargamentos.
Además, se ha constatado la pésima calidad de lo que se vende como cocaína. Si habitualmente en muchos kioscos de droga la sustancia se comercializa muy “cortada”, en la situación actual esto se ha acentuado. Hace un par de semanas, en un allanamiento por un robo secuestraron un par de paquetes de lo que sería cocaína, pero el test químico arrojó que no tenía nada de ese estupefaciente.
En los últimos meses, ha llamado la atención que el área de la Policía que más incauta droga son las que integran la Dirección Investigaciones. En allanamientos por robos o hechos de violencia encuentran droga y desarticulan esos kioscos. Es decir, no se trata de causas por narcomenudeo. Por esto, muchos se preguntan por qué Toxicología no tiene el despliegue que se observó el año pasado. La respuesta, según varias fuentes consultadas, es que desde el Poder Judicial no autorizan los allanamientos solicitados por Toxicología, en el marco de determinadas investigaciones. No está claro si el problema es con la Fiscalía o con jueces de Garantías. Sí es sabido que muchas veces que en allanamientos por otros motivos, la Policía encontró droga, algunos fiscales no se ponían muy contentos.
Si a esto se suman las salidas de presos que intentan recuperar sus territorios y las prisiones domiciliarias otorgadas a muchas personas involucradas en hechos gravísimos, que pocos cumplen porque encima no alcanzan las tobilleras electrónicas, los ánimos en la Policía hacia el Poder Judicial no son los mejores.
Encima, además de estas circunstancias, se están disponiendo unos 1.000 policías para los controles en las calles de Paraná por la emergencia sanitaria, lo que debilita las comisarías y otras dependencias. Mientras, en Tribunales están de vacaciones. Una situación delicada por donde se la mire.
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