Había una opción para aquellas personas que no llegaban a fin de mes: ir a una vivienda del barrio Balbi y solicitar un préstamo. No pedían DNI ni recibo de sueldo, sino que la garantía era dejar la tarjeta de débito con el código. Lo que muchos antes comentaban sobre esta actividad de la familia Celis se pudo corroborar a partir del secuestro de numerosos plásticos a nombre de personas ajenas. Además, luego de los procedimientos de fines de mayo, se supo que hubo muchas personas que solicitaron a distintas entidades bancarias nuevas tarjetas.
Los Celis prestaban dinero y se quedaban con tarjetas de cobro
Del secuestro de las tarjetas de débito se deduce lo que muchos ya decían: prestaban plata a vecinos y se cobraban de sus haberes
23 de julio 2017 · 07:30hs
Si bien esta no es una línea que se desprende de la investigación que desbarató la banda de los hermanos Daniel Tavi y Miguel Titi Celis, ya que se apuntó principalmente a su actividad narco, la que durante muchos años desarrollaron con impunidad, en los días subsiguientes se pudieron observar episodios que fueron confirmando el otro rubro que explotaban.
Algunas personas acudían a los bancos donde cobraban sus haberes, y otras a la Municipalidad de Paraná para averiguar qué trámite debían iniciar para poder cobrar el sueldo sin el plástico. Se trataba de aquellos que habían dejado esta garantía tras recibir dinero prestado. Había muchos empleados públicos, tanto del Estado municipal como del provincial, pero sobre todo aquellos que perciben la escuálida Asignación Universal por Hijo.
Según informaron a UNO fuentes allegadas a los implicados en la causa, el mecanismo de préstamos de efectivo era tan sencillo como usurero, pero no dejaba de ser una opción para aquellos que llegaban a una altura del mes con el agua al cuello ante la insuficiencia de los salarios y la inflación.
Había que golpear la puerta de la casa de Celis, donde por lo general atendía su pareja, María Fernanda Orundés Ayala, y solicitar el dinero deseado, siempre y cuando el monto que mensualmente se acredita en la cuenta no sea inferior al solicitado. Luego de recibir el efectivo, había que dejar la tarjeta de cobro con el número de PIN para que luego los acreedores fueran a retirar la plata del cajero.
Se desconoce si las entidades bancarias han investigado la extrañeza de que una misma persona saque dinero de un cajero con distintos plásticos, ya que esto queda registrado en las cámaras de los mismos cajeros y las de vigilancia de las sucursales.
Esta resultó ser otra muestra del rol que Celis cumplía en la zona oeste, entre un sector de la población con más necesidades en la ciudad. Además de facilitar dinero (proveniente de la venta de drogas) a quienes requerían una ayuda, también quedó acreditado en la investigación las promesas de trabajo que conseguiría para muchas personas, tanto en la Municipalidad, tras el acuerdo político electoral, como en la construcción a través de la empresa constructora de su mano derecha, Cristian Flaco Silva.
En las escuchas
Esta "solidaridad" del narco con "su gente" se reveló en la escucha telefónica con el concejal Pablo Hernández, en la cual Celis le reclama el cumplimiento de los contratos en la Municipalidad, ya que había recibido 15 de los 40 prometidos. "Tengo 25 vagos todavía esperando ¿Y yo le voy a seguir haciendo el aguante? Que me deje de joder, pero si yo tengo plata para bancarlos a los vagos, los banco yo de última, no hay problema", dijo Tavi.
En la misma conversación, Celis expresó: "Cuando el Topo Mioletto tuvo enfermo el hijo en Bueno Aires, el único que le dio veinticinco palos en la mano fui yo ¿entendés? Y le di el Polo rojo para que vaya y venga a Buenos Aires y me están sacando el cuero por todos lados".
En otra parte de la escucha, Celis insiste en cómo colabora con las personas que recurrieron a él: "Hace seis meses estoy esperando que me cumplan, a la gente ya no sé cómo aguantarla, decí que tengo aguante y los puedo ayudar, para que ellos tengan".
Incluso el mismo Hernández lo dijo en su declaración testimonial: "Él (por Celis) le daba a la gente recursos que tenía y mercadería que tenía en su autoservicio, bolsones, él ayudaba a la gente. Él veía que la ciudad estaba muy deteriorada y había gente del barrio que él ayudaba a conseguir trabajo".
Otro de los imputados y detenidos en la causa, Hernán Rivero, quien era director de la Unidad Municipal N° 2, manifestó en su declaración su colaboración con Tavi durante la campaña electoral de 2015: "Por ahí también cuando ayudábamos a la gente necesitada de los barrios, acercábamos los bolsones de alimentos que retirábamos previamente de la casa de Celis".
Dos líneas de la complicidad policial
Hay dos líneas de la investigación sobre la complicidad policial con la que contaba la organización narco, aunque no se pudo individualizar quién es o quiénes son los efectivos. Por un lado, queda explícito en una escucha telefónica entre los hermanos Ghibaudo (los dueños del campo de Colonia Avellaneda donde aterrizó la avioneta con 317 kilos de marihuana el 28 de mayo). Allí se refieren a Luis Céparo y sus contactos para la operación narco, donde se revela que "contaba con la protección de la Policía de Entre Ríos", según manifiesta el juez Leandro Ríos en su resolución.
Otra línea es la que investiga el mismo Juzgado Federal sobre la divulgación de las fotografías del procedimiento que realizó la Policía Federal al momento de detener a los partícipes del aterrizaje de la avioneta y el transbordo de la droga a una camioneta. Al ser alertada de esta situación, efectivos de la comisaría de Colonia Avellaneda llegaron al lugar y armaron un cordón de custodia.
Hay serias sospechas de que fue uno de estos uniformados quien sacó la foto con su celular y las divulgó por WhatsApp, cuando aún se debía guardar total hermetismo porque los procedimientos recién empezaban y había que detener a los integrantes de la banda en Paraná y San Benito. Esto se dificultó producto de esas fotos, pero finalmente se logró.
Se ordenó el secuestro de los celulares de todos los policías de dicha comisaría que presenciaron el operativo y están siendo peritados. Se busca establecer si fue una negligencia por parte del agente que sacó y divulgó las fotos o si se trató de una acción de complicidad con los narcotraficantes para alertarlos de lo que había sucedido.
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