Investigan destino de equinos secuestrados en la provincia

Javier Aragón/ De la Redacción de UNO
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La acción de distintos grupos de protectoras o cuidadores de animales ha provocado en la región una importante concientización sobre el cuidado y los derechos que tienen nuestros animales. Por ello es que la población acompaña y respalda las campañas que se emprenden para ayudar a un perro, un caballo u otro tipo de animales que fueron víctimas de maltrato o actos crueles. El último está relacionado con Ruffo, el perrito que casi fue muerto a palos por un penitenciario de Paraná, el animal afortunadamente se recupera lentamente.

Sin embargo, en la Justicia se puso la lupa en la tarea y acción de algunas entidades que llegan hasta lucrar con la ayuda que efectúan a los animales. No solo esto, sino que se sospecha seriamente de que puedan hacer negocios con ellos.

UNO supo que una de las investigaciones que se llevan adelante en la Justicia de Paraná apunta a tratar de que se aclaren debidamente situaciones confusas y hasta llamativas, por no decir irregulares, de las integrantes de la Asociación Canadian Voice For Animals.

El fiscal Juan Ramírez Montrull luego de actuar de oficio en una causa, pidió la imputación de una de las referentes de este grupo de protectoras de animales por entender que fue muy arbitrario su accionar al “proteger” un caballo.

El amor a los caballitos
En verdad, a UNO y a oídos de las autoridades judiciales llegaron comentarios de que era muy dudoso lo que ocurría con el secuestro de caballos y su posterior cuidado de parte de alguna de las conocidas protectoras.

En mensajes de texto enviados a este medio se alertaba que los caballos que se les quitaban a los cirujas, luego eran vendidos en un circuito bien aceitado.

El dinero siempre ayuda
En abril de 2011, un grupo de protectoras fue severamente cuestionado en Paraná porque informaron que estaban dispuestas a alojar en su refugio a los dos perros que habían matado a una mujer en Bajada Grande. Sin embargo, lo primero que hicieron fue organizar una campaña solidaria económica para recaudar fondos a fin de edificar un espacio seguro para que los perros no se escaparan.

Como era de esperar, los rottweiler no fueron sacrificados por orden de la Justicia, y fueron entregados temporariamente a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Paraná, donde desde hace más de dos años se encuentran alojados en espacios reducidos no adecuados para su resocialización tan pregonada. Los animales nunca fueron visitados por sus salvadoras. Obviamente, al grupo le importó más el aspecto económico, porque el interés por los perros desapareció.

Imputada
Desde la Justicia se confirmó que el fiscal Ramírez Montrull dispuso imputar hace un tiempo atrás a María Inés Bacigalupo, por entender que la misma fue la responsable del delito de Malversación de Bienes Equiparados.

En la información oficial de la Justicia se da cuenta de que todo se inició por la intervención de la protectora en una denuncia sobre la infracción a la ley Nº 14.346.
En esa oportunidad, la Policía intervino ante la posibilidad concreta de maltrato contra una yegua y un potrillo de poco tiempo.
Los dos animales estaban al cuidado de una familia humilde del barrio Maccarone de Paraná, la cual por falta de medios económicos no solo estaba en una condición social y de salud muy precaria sino que estos problemas se trasladaban a los animales.

La intervención policial se hizo necesaria ante el estado muy desmejorado de la yegua. Ante esto, Bacigalupo y otras integrantes de la entidad decidieron hacerse cargo del cuidado de los dos animales.

El problema surgió cuando la autoridad judicial se enteró de que el traslado de los caballos y su correspondiente acción de cuidado fue ejecutada sin autorización de la jueza que intervino en la causa.

Esto molestó a los funcionarios judiciales, que entendieron que las protectoras se arrogaron un derecho que no tenían, el de “tomar” un animal y prácticamente apoderarse sin dar ningún tipo explicaciones a nadie. Porqué hicieron eso, es un gran misterio que aún no se aclaró en la causa judicial.
Las autoridades recibieron información que daba cuenta de situaciones muy raras entre algunas de estas integrantes, que tenían un llamativo poder en algunas comisarías de Paraná.

Lo cierto es que, de oficio, el fiscal Ramírez Montrull pidió informes y estableció que las integrantes de la entidad de defensa de los animales se entregaron a ellas mismas en carácter de depositario judicial los dos animales.

Se notificó que se hicieron cargo de la yegua mestiza, de unos 17 años, junto con su cría de 3 meses. Ambos quedaron bajo la custodia en la Asociación Canadian Voice For Animals- Argentina, sito en avenida Almafuerte 4299 de Paraná.

Sin embargo, las autoridades judiciales, al sospechar de situaciones no normales, exigieron a las referentes que devolvieran los animales, y aquí la sorpresa fue grande.
Las protectoras informaron que los dos caballos se les habían escapado de las instalaciones, por lo que no tenían ni idea dónde habían ido a parar.
Ramírez Montrull solicitó a la jueza de Instrucción Elisa Zilli imputar a la señora Bacigalupo del delito de Malversación de Bienes Equiparados, que hablando es no haber cuidado lo que el Estado le entregó en custodia.

El fiscal entendió que en la acción de la protectora hubo una clara actitud negligente e imprudente por haber extraviado los animales, imposibilitando así su restitución en calidad de depositario judicial a su legítimo dueño.

El funcionario hizo hincapié en que tanto el proceder policial como de la entidad protectora fue criticable porque en parte cumplieron con la acción de ayudar a los dos caballos, pero no se preocuparon en nada por saber cómo iban a hacer los integrantes de la familia del Maccarone en seguir haciendo sus tareas o vida normal, ya que con los animales podían salir en el carro al hospital, a buscar algo de sustento diario y hasta movilizarse a cualquier parte de la ciudad.

A Ramírez Montrull no le agradó que se le haya respondido “se escaparon” y cuando fueron a verificar el estado de los alambrados del predio no se observaban anomalías que permitieran la fuga de los animales.
Tomaron sin autorización a la yegua y su cría y luego, al requerírseles, misteriosamente desaparecieron. Esto no cerró y por ello es que avanzaron con la imputación de la responsable de la entidad.

Además, se dispuso que se citara a declarar a otras integrantes de la entidad, tal es el caso de Mirta Nasta. En ese orden también se ordenó a la Sección Abigeato de la Policía de Entre Río buscar a la yegua madre y al potrillo, trámite que hasta la fecha no pudo ser concretado.
Personas humildes, de escasos recursos que se dedican a cirujear, han dicho por lo bajo que estas situaciones de “sacarles sus animales”, no es nueva, lo que más criticaron es que los caballos una vez recuperados, eran comercializados, incluso con la ayuda de algún integrante de la fuerza que podría ayudar logísticamente en este tipo de operaciones que no se encuentran autorizadas por las autoridades de la Policía ni de la Justicia.

Las protectoras cuestionadas se defendieron y hablaron de esta interna por parte de otras entidades, que serían las responsables de las anomalías.

Las protectoras
UNO dialogó ayer con Myrta Montiel y Mirta Nasta, integrantes de la entidad que fue cuestionada en la Justicia. Informaron que Bacigalupo se defenderá con el trabajo que se realiza en las calles. “Algunas juezas no entienden la tarea que hacemos, y por ello es que les explicaremos qué hacemos, pero además que demuestren que no actuamos bien”, dijo Nasta. En tanto, su hija indicó que los caballos se fueron del predio, pero lo que más lamentó es que “hay protectoras truchas que son las que hasta comercializan con los caballos que se secuestran. Nosotros los atendemos y los cuidamos”.