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Instan a verificar y tener recaudos a la hora de contratar seguridad privada

En Entre Ríos hay 24 empresas y unos 800 vigiladores registrados. Aconsejan comprobar en la Policía la habilitación de la firma a contratar.

Lunes 03 de Febrero de 2020

En los últimos tiempos ocurrieron varios hechos delictivos en los cuales se evidenciaron falencias de las empresas de seguridad privada: desde lo más habitual, que es la falta de aviso a la Policía ante la activación de una alarma, hasta las sospechas de complicidad de algún empleado o instalador de sistemas de vigilancia. Por ello, desde la Policía informaron sobre los recaudos a tener en cuenta a la hora de contratar un servicio.

En la provincia hay 24 empresas que están habilitadas, por cumplir con lo establecidos por un viejo decreto del Poder Ejecutivo del año 2001, desactualizado ante los cambios que existieron en la materia. Las mismas emplean a alrededor de 800 vigiladores privados que se encuentran registrados. La Sección Vigilancia Privada de la Dirección Investigaciones es la encargada de controlar que las firmas y los guardias cumplan con los requerimientos para operar legalmente, y es a donde una persona debe acudir para consultar sobre la situación de la empresa a contratar (se puede escribir un correo a vigilanciaprivada.per@gmail.com).

Lo que se sugiere, según el comunicado enviado a UNO, es que el cliente solicite previamente el decreto habilitante otorgado por el Poder Ejecutivo Provincial y/o la resolución de renovación anual de habilitación otorgada por el jefe de Policía de la provincia, según corresponda, donde conste la autorización de la empresa.

Guardias

En cuanto a la seguridad física brindada por las empresas (vigiladores en un lugar), les exigen capacidad e idoneidad física, estudios médicos y, en caso de que el mismo preste el servicio con arma, deberán presentar el carné de legítimo usuario y de portación. Si bien hay muchos que presentan en sus legajos cursos en seguridad, defensa personal, de identificación y reducción de personas o de preparación en el uso de armas de fuego, esto no es una exigencia legal para estar debidamente registrados para tal labor.

La demanda de vigiladores ha crecido notoriamente por varias razones, pero quizá la principal sea el costo: la hora de un guardia privado vale aproximadamente la mitad que un policía cubriendo horas adicionales. Además, es notorio que los vigiladores suelen sobrepasar sus funciones, cuando les piden orientar al cliente que llega al banco o alcanzar un bidón para el dispenser de agua, por ejemplo.

Desde la Policía aconsejan: “Si contrata un servicio de Seguridad Física con personal uniformado, considere que toda empresa habilitada posee uniforme identificatorio y cada vigilador una credencial que lo habilita para realizar esta actividad, previo cumplir una serie de requisitos exigidos por la autoridad de control”.

Hace un año y medio se detectó una situación irregular en un asesinato ocurrido en Paraná, no por parte de una empresa sino de quien contrató seguridad privada. Un sereno que trabajaba informalmente en un barrio en construcción, en la zona de Tibiletti y Salvador Caputo, asesinó de un escopetazo a un hombre que presuntamente había entrado a robar al predio. La empresa constructora, que había accedido a la obra tras una licitación del Estado, en vez de contratar policías de adicional o seguridad privada, empleó a un hombre sin ninguna cobertura social ni de responsabilidad civil. Y sucedió un hecho que quizás con una persona capacitada, no hubiera terminado en una muerte.

Cámaras y monitoreo

Otro aspecto de la seguridad privada que ha crecido exponencialmente en los últimos años es la venta de cámaras de vigilancia y del monitoreo de las mismas. Este servicio es adquirido tanto para empresas como para viviendas, lo cual genera una intromisión de la empresa en la privacidad de la familia. Por ello, la Policía recomienda que “tanto la compra de los equipos y la instalación, como el posterior servicio de monitoreo, recepción, verificación y transmisión sean realizado a través de una de las empresas habilitadas en el rubro de seguridad electrónica, ya que estas cuentan con equipos certificados y personal con la idoneidad requerida”.

Este rubro es en el que se han observado más inconvenientes. Lo que mayormente se observa es la falta de aviso oportuno cuando se activa una alarma. En no pocos casos, los investigadores que trabajan sobre un robo, advierten que el lugar contaba con alarma, pero la misma no se activó, o si lo hizo hubo una demora en el aviso al dueño del lugar que favoreció a los delincuentes, o ni siquiera advierten lo sucedido a la Policía. También sucede que algunas no cuentan con un protocolo que confirme la causa de la activación de la alarma, y avisan al 911, por lo que los patrulleros acuden muchas veces al mismo lugar sin sentido, lo cual causa un gato innecesario al Estado.

En casos puntuales, se recuerda el robo de boqueteros a un supermercado ubicado en calle Don Bosco y avenida Ramírez, donde se activó la alarma, emitió el aviso a la central ubicada en Buenos Aires, pero nadie en Paraná se enteró lo que sucedía.

Más grave es lo que se advirtió en el robo de una concesionaria de autos de la capital provincial, donde sustrajeron una fuerte suma de dinero. Llamativamente, no quedaron registrados por las cámaras del salón ni de las oficinas. La investigación del hecho pudo identificar que la banda delictiva contaba con la información precisa de quien había instalado el sistema de cámaras, pero la empresa que proveía el servicio se desvinculó con el argumento de que habían contratado a esa persona para la instalación, y no era un empleado de esa firma.

“Cuando se contrata un servicio de seguridad, se está dando información relevante sobre la privacidad. Esto, en manos equivocadas, puede afectar la seguridad, más aún si se contrata una empresa no autorizada”, afirmaron desde la Policía.

Este tipo de servicio es donde existen más irregularidades, ya que el decreto 2940 del año 2001 lógicamente no contempla su regulación. No obstante, tanto para las ofertas de seguridad electrónica como física, la legislación no parece ser una prioridad, mientras quienes trabajan en el contralor de esta actividad esperan que no suceda una tragedia para que el tema esté en la agenda.

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