Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

El Senado de Entre Ríos aprobó el miércoles 1° la primera reforma a la Ley Nº 10.746 de juicio por jurados, sancionada en 2019 y aplicada desde 2020. La modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada por mayoría con 14 votos afirmativos, una abstención (Martín Oliva) y un voto negativo (Patricia Díaz). Sin embargo, la reforma generó un fuerte rechazo por parte de sectores judiciales, organizaciones de víctimas y referentes sociales, quienes denuncian que implica un grave retroceso en derechos constitucionales al limitar la competencia del jurado popular, afectando el derecho a ser juzgado por los pares, tal como establece el artículo 118 de la Constitución Nacional.

La reforma alcanzó los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a veinte (20) años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos que concurran con ellos. Este fue el cambio principal, ya que significa que muchos delitos quedarán fuera de la órbita de los jurados populares y deberán ser juzgado por un juez técnico.

En caso de concurso de delitos, se prevé que la obligación de juicio por jurados rija cuando al menos uno de ellos tenga establecida una pena máxima en abstracto mayor a veinte (20) años de prisión o reclusión.

Carla Cusimano, presidenta de la Asociación Víctimas de Delitos Aberrantes Entre Ríos (Vidaer), advirtió en declaraciones a La Mañana de La Red 88.7 que “esto cercena un derecho a ser juzgados por nuestros pares, un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y Provincial”, señalando que la reforma “deja afuera una cantidad de delitos que hasta hoy se juzgan con esta modalidad”. Aseguró que los argumentos del Ejecutivo —como los 190 juicios pendientes— encubren una “falta de voluntad política” por parte del Poder Judicial, que “no quiere compartir el poder con el pueblo”. Según Cusimano, en cinco años de implementación solo se crearon dos cargos y se dispuso un único salón en Paraná para realizar juicios por jurado: “En lugar de haber hecho 30 juicios, se podrían haber hecho 90 si se hubiera trabajado en serio”.

Uno de los argumentos para la reforma fue que existe un "cuello de botella" de juicios pendientes y que esta reforma agilizará la realización de los mismos. Al respecto, dijo: "Durante 2025 en la provincia se han realizado 30 juicios por jurados y hay 26 jueces de Garantía en toda la provincia. Esto quiere decir que tenemos un juicio por jurado por mes. Evidentemente dentro del Poder Judicial no se ha hecho lo necesario para poder implementar el juicio por jurados de la manera en que debe hacerse, es decir, poner los salones que tienen que ponerse, la cantidad de horas que deben destinarse, la cantidad de cargos que deben crearse. Esto responde a una sola cuestión: el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración y el Ministerio Público de la Defensa no quieren compartir el poder con el pueblo".

Y agregó: "En estos 5 años de implementación del juicio por jurados se han creado solamente dos cargos para la organización de los mismos. No se ha destinado más que un solo salón en Paraná para realizar juicio por jurados. Entonces, nosotros decimos que en lugar de haber hecho 30 juicios en el transcurso de este año, se podrían haber hecho 90 si el Superior Tribunal hubiera hecho los convenios necesarios si no tenía salones. Por ejemplo, en el interior hay lugares que no tienen este espacios adaptados para esta modalidad y han hecho convenios con clubes, municipios y organizaciones intermedias".

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Cusimano también subrayó que los debate ante los jurados populares que se han hecho no tuvieron ningún inconveniente. "Nuestra provincia tiene antecedentes absolutamente positivos a lo largo de los 150 juicio por jurados que llevamos en estos años. Se han comportado de manera impecable, determinando además veredictos que realmente no tienen ningún tipo de cuestionamiento, ni desde la parte técnica, ni por parte de la sociedad. Aún cuando esos veredictos pueden ser de no culpabilidad, no hay críticas al respecto. La legitimidad que tiene el jurado popular no la tiene ni por lejos ningún juez de Garantías y mucho menos el Superior Tribunal de Justicia", afirmó.

Finalmente, remarcó que hay dos antecedentes gravísimos que no lo tienen el resto de las provincias que cuentan con juicio por jurados: "Uno es cuando el Superior Tribunal de Justicia desestimó a un jurado popular anulando el juicio de Jorge Julián Christe (Nr: acusado del femicidio de Julieta Riera en 2020 en Paraná). Había que salvar al hijo de la ex jueza (Nr: por Ana María Stagnaro). Esa es la verdad. La corporación funciona de esta manera. Y el otro antecedente gravísimo lo está poniendo ahora con la sanción de esta Ley, reduciendo la competencia del jurado".

"Esto no ha sucedido en ninguna de las otras provincias que tienen el sistema. Es más, varias de ellas están avanzando. El caso más reciente es la ley sancionada en la provincia de Santa Fe, que establece que este sistema de juzgamiento, además de implementarlo en el fuero penal, lo hace en el fuero civil, comercial, laboral y administrativo", cerró.

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Más críticas

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, también se sumó a las críticas, considerando que la modificación es “inconstitucional”, ya que “viola el juez natural previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que establece que todos los juicios criminales deben concluir en juicio por jurado”. El magistrado advirtió en declaraciones periodísticas que el recorte de competencia legislado podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema.

En la misma línea, el abogado penalista Damián Petenatti sostuvo en declaraciones a la agencia Apf que “en lugar de avanzar como hacen otras provincias, Entre Ríos retrocede”, y responsabilizó al Procurador General de haber ejercido una influencia desmedida para frenar el sistema de jurados.

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El juez Elvio Garzón es otro de los críticos de la reforma.

Por su parte, en la sesión del miércoles 1°, la senadora Patricia Díaz —única que votó en contra— alertó que “ninguna crisis justifica debilitar derechos”, y calificó la reforma como “un retroceso en un derecho adquirido desde la recuperación democrática”.

Mientras tanto, la dirigente Nadia Burgos (MST-Nueva Izquierda) afirmó que “con la reforma de la Ley de Juicio por Jurados nuevamente gana lo peor de la casta judicial”, y propuso medidas más profundas como “la elección directa de jueces y fiscales por voto popular y la ampliación del juicio por jurado”.

A favor de la reforma

Las posturas a favor del proyecto destacaron la necesidad urgente de garantizar el acceso a la justicia en Entre Ríos, donde existen más de 190 juicios pendientes. Senadores como Rafael Cavagna (Juntos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos) argumentaron que la reforma no vulnera garantías constitucionales, sino que busca agilizar los procesos judiciales ante un sistema saturado. Resaltaron que la modificación es transitoria y perfectible, pero necesaria para evitar la dilación de causas sensibles y proteger los derechos de las víctimas. También mencionaron que, en línea con fallos internacionales, es preferible que ciertos delitos, como los abusos sexuales, sean juzgados por jueces técnicos y no por jurados populares, para evitar la revictimización.