La defensa del cura Justo José Ilarraz trata este jueves de revertir la sentencia que lo declaró culpable de abusos sexuales a un grupo de seminaristas –menores de edad– que lo denunciaron por hechos ocurridos a fines de la década del 80 y principios de la década del 90 en el Seminario de Paraná. Un tribunal resolvió en forma unánime condenarlo a 25 años de prisión, pero con la salvedad de que la pena debía ser cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.
En Casación la defensa de Ilarraz busca revertir la sentencia condenatoria
El cura fue condenado a la pena de 25 años de cárcel por abuso de menores en el Seminario. Su defensa insiste con el pedido de prescripción del delito. La querella solicitará que se ratifique el fallo.
6 de marzo 2019 · 22:47hs
El primer paso de esta estrategia se desarrolla este jueves en la audiencia de apelación ante la Cámara de Casación Penal solicitada por el abogado del imputado, Jorge Muñoz. Es muy probable que el tucumano que reemplazó a Juan Ángel Fornerón en la defensa del cura recurra a los mismos argumentos que su colega expuso en la etapa preliminar de la causa: la prescripción del delito por el paso del tiempo será uno de los ejes de la presentación.
La audiencia se lleva a cabo en el salón María Oyhampé, ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná.
El tribunal está presidido por el juez de juicio Alejandro Cánepa, quien intervendrá junto a Cristina Lía Van Dembroucke (jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz) y Dardo Tórtul, (vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay).
En tanto el Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Desde el 21 de mayo de 2018 el cura cumple con el arresto domiciliario en un departamento de calle Corrientes, en la capital entrerriana. Al igual que otras personas condenadas pero sin sentencia firme, el sacerdote tiene colocada una tobillera electrónica que es controlada mediante un sistema de monitoreo.
Hasta noviembre de 2018 no se habían registrado inconvenientes con el mecanismo de seguimiento que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Aquella vez se detectó una anomalía en el funcionamiento de la tobillera que tiene colocada el cura acusado de pedofilia. Según pudo saber UNO, el imputado había salido del departamento o estaba fuera del alcance del control de monitoreo. Dos minutos después personal del 911 llegó hasta el lugar y comprobó que Ilarraz se encontraba dentro, con la tobillera colocada como correspondía.
Piden confirmar la pena
Uno de los abogados querellantes de las víctimas planteó que los argumentos esgrimidos por la defensa "no son atendibles" y recordó entre ellos al pedido de la extinción del delito. "El recurso hace ciertas objeciones mínimas de contradicciones, que no son atendibles. Además se plantea que la pena es muy alta y se cuestiona la prisión preventiva, atento a que no existe el peligro de fuga", describió a UNO el abogado Santiago Halle.
Para el letrado el escrito ataca las "contradicciones" de los testimonios de algunas de las víctimas sobre la situaciones ocurridas en los pabellones del Seminario. "Son cuestiones irrelevantes para lo que son los hechos", interpretó.
Halle consideró que la sentencia debe ser ratificada porque "está sustentada en mucha prueba documental, testimonial, pericial", y entendió que "es muy clara, muy concisa, detalla hecho por hecho. Respecto de la pena hace un análisis de todas las circunstancias agravantes que tuvo Ilarraz al momento de cometer el delito. Esas cuestiones sirvieron para que la pena sea bastante alta, sin mayor atenuante que no haber cometido un delito previo".
Karlic y Puiggari en el ojo de la tormenta
Las denuncias a Justo Ilarraz, primero, y la tramitación de la causa que luego llegó a la instancia de juicio oral y público provocaron un verdadero temblor en la jerarquía eclesiástica de Paraná. Desde el arzobispo Juan Puiggari hasta el prelado Estanislao Karlic debieron comparecer como testigos e incluso durante el debate fueron señalados por varias de las víctimas como responsables por no haber evitado los actos aberrantes que cometía Ilarraz. Fabián Schunk, uno de los primeros denunciantes, todavía no puede comprender cómo el cura sigue ejerciendo el sacerdocio, pese a que todas las acusaciones en su contra fueron comprobadas por la Justicia entrerriana.
El de Ilarraz fue uno de los casos que trascendió las fronteras del país, ya que una producción cinematográfica norteamericana sobre abusos en la Iglesia de Boston lo mencionó en una larga lista de curas acusados de pedofilia en todo el mundo.
La condena a 25 años de cárcel no es el primer antecedente judicial en Entre Ríos, pero sí la pena más alta junto a la que recibió el colombiano Juan Diego Escobar Gaviria. El Cura sanador había sido condenado el 6 de septiembre de 2017, siendo el primer miembro de la Iglesia Católica de la Diócesis de Paraná en recibir una condena efectiva. Lo hallaron culpable por tres hechos de corrupción de menores y un hecho de abuso sexual simple, cometidos cuando estuvo al frente de la parroquia San Lucas Evangelista, de la localidad de Lucas González.
Actualmente está preso en la Unidad Penal de Victoria, y deberá enfrentar un segundo juicio este año por la denuncia de una quinta víctima.