Secciones
Narcotráfico

El control de narcos en dos barrios a balazos de sicarios

Imputaron a 21 personas por integrar una asociación ilícita. Los acusan de narcos y por la violencia en barrios El Sapito y José Hernández de Concordia.

Martes 09 de Noviembre de 2021

Una investigación de más de un año logró revelar la trama de narcos que se apoderan de territorios y tienen a su merced a muchas personas, entre ellas niños y adolescentes, para sostener y defender sus negocios a fuerza de balazos. No fue en Rosario, sino en Concordia, Entre Ríos. Los millones que deja la venta de droga les ha permitido dominar barrios, someter a sus vecinos, cooptar voluntades, sembrar temor y comprar las propiedades de los que se quieren ir. La pesquisa culminó el fin de semana con 30 allanamientos, 20 detenidos, un prófugos y secuestro de drogas. Ayer los imputaron por comercio de drogas, amenazas, balaceras y un homicidio, y quedaron con prisión preventiva.

Los barrios El Sapito y José Hernández eran los territorios más calientes de la ciudad por la disputa entre dos grupos dedicados centralmente al narcotráfico. En noviembre del año pasado comenzó la investigación que estuvo a cargo de los fiscales Francisco Azcué y Daniela Montangie junto al jefe de Criminalística de la Policía, José María Rosatelli, a partir de las balaceras que asediaban a estos lugares de la zona oeste. En distintos hechos se observó la misma modalidad: personas que pasaban en motos y abrían fuego contra las víctimas o sus viviendas, con armas de grueso calibre. Los enfrentamientos iban dejando varios heridos y, al menos, un muerto: Alexander Gastón Kobar, acribillado cuando caminaba desprevenido por la calle.

El líder de la banda era Antonio Ariel González, alias Lola, quien actuaba con sus principales socios: Pablo Ojeda, Johana Gómez (quien fue allanada hace dos meses por Toxicología y quedó con prisión domiciliaria), Emanuel Pepón Luna Pepón, Maximiliano Bonasola, y Sergio Viru González.

Un Estado paralelo

Comenzaron por tiroteos y tradicionales ajustes de cuentas, pero a poco de reunir evidencias se advirtió que detrás de los que apretaban los gatillos estaban quienes dictaban las órdenes y muchas personas más cumpliendo roles específicos en una verdadera organización. Se observó que los barrios se encontraban tomados por los traficantes de cocaína y marihuana.

Comenzaron a investigarlos con escuchas telefónicas. En las conversaciones de los integrantes de la banda emergía una realidad que se conocía solo en la superficie: un grupo criminal con un departamento de venta de drogas en distintos lugares, otro de almacenamiento de sustancias y recaudación de las ganancias y un brazo armado integrado por jóvenes, algunos de ellos menores de edad, que cumplían la función del sicariato.

Surgió de las escuchas que los chicos y adolescentes no sólo eran utilizados como tira tiros, sino también para el armado de las bochitas de cocaína y para el traslado de las sustancias de un lugar a otro.

Con el correr de los meses, las evidencias iban engrosando el legajo y pintaban un panorama alarmante: bandas con gran poder territorial que crecían no sólo a fuerza de violencia sino también de dinero y droga. Es decir, por quienes guardaban en sus casas armas o paquetes de cocaína o marihuana, o aquellos que iban a disparar a quien sea necesario, a veces por dinero, otras por sustancias para consumir, o simplemente por un lugar donde vivir.

Esto les permitía a los jefes de la organización actuar con mayor impunidad. Nada que pueda llegar a comprenderse sin el dato sobre la mesa del 53% de personas con carencias elementales, en la ciudad más pobre del país según la última encuesta del Indec.

En el medio, muchos habitantes quedaban cercados y con miedo. Aquellos que no aguantaron más y decidieron irse, tenían en seguida oferentes para comprar sus viviendas: parientes o allegados a los narcos que actuaban como prestanombres. Así, se fueron quedando con varias propiedades, lo cual incrementaba su poder.

Los tiroteos no eran sólo a la competencia, sino a cualquiera que tuviera problemas con González y su entorno.

Los kioscos de droga de la banda estaban en los dos barrios mencionados, y también hacían venta ambulante, sobre todo algunos se iban a la autovía nacional 14 (ubicada cerca de estos lugares) donde vendían a camioneros y cosecheros, entre otros clientes.

A su vez, en la pesquisa se pudo apreciar que esta problemática tenía una alta incidencia en los delitos habituales que ocurren en la ciudad de Concordia, fundamentalmente los robos: los elementos sustraídos iban a parar a las viviendas de los vendedores de droga de la banda, que eran cambiadas por drogas y luego revendidas.

La caída

El sábado se hicieron las tres decenas de allanamientos, ordenados por el juez de Garantías Mario Figueroa, de los que participaron unos 300 policías e integrantes de Prefectura. El despliegue se realizó en los barrios El Sapito y José Hernández, pero también en el Fátima y El Silencio.

Pero durante el transcurso de la investigación ya se habían hecho procedimientos contra los imputados, en el marco de otras pesquisas. Por ejemplo, en julio Prefectura allanó una vivienda y secuestró 450 dosis de cocaína, balanzas, armas y municiones; Toxicología también desbarató un kiosco de droga que funcionaba para esta banda; en otra causa por un intento de homicidio, requisaron una casa y hallaron un kilo de marihuana.

Inicialmente hubo 19 detenidos y dos prófugos, uno de los cuales fue capturado ayer a la mañana. Queda por localizar a un acusado que es menor de edad.

El domingo se hicieron las indagatorias, donde los fiscales imputaron formalmente a los detenidos. Todos se abstuvieron de declarar.

Les intimaron un total de 29 hechos, en el marco del delito de haber conformado una asociación ilícita. En el primero se detalla que Lola González, Ojeda, Viru González, Titi Bonasola, Luna y Gómez, se encargaban de “comercializar al menudeo y distribuir estupefacientes, financiar, proveer de armas de fuego y municiones a miembros de la banda para asegurar la comisión de delitos y el control de la jurisdicción, así también, adquieren objetos proveniente de delitos contra la propiedad perpetrados por miembros de la asociación”.

Luego, otro grupo fue acusado de “resguardar el tóxico y dinero recaudado como así también de fraccionar y comercializar al menudeo los mismos”.

Por último, unas 10 personas más fueron imputadas por “brindar protección a los miembros de la organización y encargarse de realizar las tareas necesarias para perpetrar los delitos ejecutados por la asociación, aseguramiento y encubrimiento, y de procurar la impunidad actuando como brazo armado de la empresa criminal”.

El resto de los hechos fueron por delitos de amenazas calificadas, abusos de armas, tentativa de homicidio, portación de armas, provisión de arma de fuego, robo calificado, comercio de estupefacientes y homicidio.

El crimen tuvo como víctima a Alexander Kobar. Una versión indica que el joven había ido a comprar droga y habría pagado con billetes falsos. No le perdonaron la estafa y le mandaron sicarios: el 9 de enero de este año, iba caminando por Bulevar San Lorenzo y Jorge Odiard cuando dos personas en una moto se acercaron y lo rociaron de seis balazos. Antes de dejarlo morir en la calle, le robaron la mochila.

Hoy será la audiencia donde la Fiscalía pedirá prisión preventiva para los 16 acusados mayores de edad. Se expondrán pormenores del caso y se reproducirán audios de escuchas telefónicas. Al os cuatro que son menores, el juez Raúl Tomasselli les dictó la preventiva en una residencia del Copnaf.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejá tu comentario