Secciones
Denuncia

Desestimaron la denuncia de "complot judicial" en su contra de condenado por secuestro

José Luis Reinoso acusó a 34 personas (la mayoría funcionarios judiciales) por su detención. Ya purgó su sentencia de 12 años de prisión

Miércoles 06 de Marzo de 2019

José Luis Reinoso ya cumplió su condena de 12 años de prisión, por el secuestro de una joven en 2001. Sin embargo, su nombre sigue dando vueltas en resoluciones judiciales. Mientras lo juzgaban y luego cuando cumplía su sentencia, sostuvo su inocencia y denunció a todos los funcionarios judiciales que intervinieron desde su detención hasta la confirmación de la condena por el Superior Tribunal de Justicia, por una especie de complot en su contra. Se trata de una causa inédita donde el hombre, como querellante particular, acusó por varios delitos a 34 personas, la gran mayoría funcionarios judiciales, tanto del fuero provincial como del federal. Pero la denuncia nunca avanzó por la "inexistencia de delito". Esto mismo fue lo que sostuvo, hace unos días, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, quien confirmó el archivo de la causa, aunque podría seguir hasta la Corte Suprema.
El planteo efectuado por el abogado querellante, Guillermo Retamar, fue que a Reinoso "no se le permitió designar un defensor de confianza, ni se lo notificó del nombramiento de los defensores oficiales porque inmediatamente a la detención y consecuente privación ilegal de la libertad, en función a delitos inexistentes, se lo trasladó al complejo penitenciario federal Nº1 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, razón por la cual nunca se lo anotició del auto de procesamiento, de la elevación de la causa a juicio ni tuvo conocimiento del trámite, fraguado ideológicamente, de su causa", según consta en el fallo de la apelación. Esto fue rechazado por el fiscal general Ricardo Álvarez, quien solicitó que "se rechace in limine el planteo de nulidad interpuesto por la defensa respecto de la resolución apelada en cuanto falta –al momento de su notificación–, la fecha, firma del Juez y del Secretario".
El Juzgado Federal de Paraná, en 2012, había resuelto "archivar las actuaciones en cuanto a los hechos denunciados comprensivos de esta jurisdicción federal, en razón de no haberse perpetrado delito alguno previsto en nuestro sistema penal vigente", y siguió una serie de marchas y contramarchas que fueron dilatando el avance de esta causa.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en su resolución del 27 de febrero, coincidió con el fiscal y confirmó la resolución, al entender que lo cuestionado por Reinoso ni siquiera sucedió, por lo que confirmó la medida de archivo de la causa, ya que el Código Procesal Penal de la Nación sostiene que "la denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder".

Contra todos
Los acusados por Reinoso fueron desde el primer funcionario judicial que intervino en la causa hasta el abogado que representó a la familia de la víctima del secuestro. En total, fueron 32 personas, la gran mayoría funcionarios judiciales, algunos de los cuales hoy ostentan cargos encumbrados.
La denuncia por los delitos de falsa denuncia, prevaricato, fraguado de la competencia federal, fraguado de causa penal, prefabricación de delitos, falsos testimonios, ocultamiento de las pruebas de la inexistencia del delito falsamente imputado, indefensión institucional, programada para privar y mantener privado de la libertad a Reinoso e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata de una denuncia casi insólita, que por supuesto no trascendió de lo expuesto por el condenado, pero que aún continúa transitando en los despachos judiciales. Pese a este nuevo revés, podría ahora llegar a la Cámara Federal de Casación Penal.

El secuestro
La historia comenzó con los padecimientos de una familia de Concepción del Uruguay, en plena crisis del año 2001, donde el padre fue despedido del Bersa. Era un empleado de jerarquía, a quien acusaron de robar dinero de la institución. En medio del derrumbe económico y familiar, la mujer y la hija se mudaron a Paraná. En ese momento apareció la figura de Reinoso, quien se presentó como el salvador, la solución a sus problemas. Pese a no ser abogado, se ofreció como asesor legal. El padre de la familia iba a cobrar una importante indemnización por el despido injustificado, por lo cual Reinoso comenzó a planear su juego.
Cuando toda la familia, golpeada emocional y psicológicamente por la situación económica, se trasladó a Paraná, Reinoso convenció a los padres de la chica para llevársela a estudiar la carrera militar.
Según se comprobó en la Justicia federal –donde se comenzó la investigación, a cargo del por entonces juez Aníbal Ríos– el acusado a través de la confianza comenzó a destruir los lazos de unidad entre los integrantes de la familia. Fue todo un engaño: Reinoso se había llevado la chica a su departamento de calle Catamarca 227, de Paraná.
Los padres de la adolescente reaccionaron por consejo de un conocido y radicaron una denuncia para recuperar a la chica. La Policía actuó y la jovencita terminó en un hogar de menores. De allí la chica se escapó, al parecer por consejo de Reinoso, quien la visitaba en el hogar. El hombre la ocultó en una precaria vivienda de calle Dogma Socialista, en condiciones sanitarias deplorables, donde nuevamente fue hallada por la Policía Federal, que en esta ocasión detuvo al acusado.
Según la investigación, el sujeto intentó con esa maniobra extorsionar a los padres de la adolescente para quitarles el dinero que iban a cobrar de la indemnización. Reinoso fue condenado por el delito de Sustracción, retención y ocultación de una mujer con el fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, y condenado a 12 años de prisión, pena que ya purgó en la Unidad Penal Nº 1.



Del primero al último, los acusados por Reinoso

Los denunciados por José Luis Reinoso fueron 34 personas, casi todos funcionarios judiciales (federales y provinciales), que a continuación se detallan, con el cargo que tenían al momento de la detención del secuestrador, en 2001.
Mario Osvaldo Silva -fiscal federal de Paraná-, Aníbal María Ríos -juez federal-, Luis Aníbal Di Liscia -secretario, del Juzgado-, René Sadi Bonfils, Juan Carlos Gemignani, Raúl Barrandeguy, Juan Carlos Ferrari, Mónica Mariela Nardi de Brouchy y Marcela Alejandra Davite de Acuña -defensores oficiales-, Lilia Graciela Carnero, Milton Rubén Ángel Murga y David Alejandro Chaulet -integrantes del Tribunal Federal de Paraná-; Felipe Mario Celli, Juan Antonio Sobrero y Jorge Amilcar Luciano García -integrantes de la Cámara del Crimen de Paraná-; Susana Lacorazza de Cabrera -fiscal general-; Marcela Badano y Jorge Luis Balbuena -Secretarios de Cámara-; Hugo César Naufal, Ciro Muzzachiodi, Luis Pedemonte y Pablo Alejandro Barbirotto -defensores oficiales-; Daniel Omar Carubia, Bernardo Salduna y Emilio A. Castrillón -integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos-; Susana Verseñazzi -fiscal adjunta del STJ-; Susana Ester Medina de Rizzo -jueza de Instrucción Nº 5 de Paraná-; Claudia Emilia Salomón de Anzola -Jueza del Menor y la Familia-, María Teresa Antoniow, Roque Agustín Sanabria, Florencia María Lucía Sanabria, José Rodolfo Iparraguirre y Florencia Soledad Equinguren (la víctima).

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario