Crimen del ex juez de Bovril: imputan a padre e hijo por encubrimiento

La investigación penal preparatoria por el crimen de Roberto Curá, ex juez de Paz de Bovril, de 82 años, sumó nuevas imputaciones. A las tres personas que ya tenía la causa, ahora se conoció que la Unidad Fiscal de La Paz imputó a dos personas más, padre e hijo, de apellido Huici, por el presunto delito de encubrimiento. Se trata de personas conocidas de la localidad del departamento La Paz. Uno de ellos fue quien le alquiló una habitación al principal acusado y, tras el homicidio, lo trasladó a Paraná.

Concretamente, el fiscal Facundo Barbosa entiende una posible participación de ambos en el ocultamiento de Norberto Rosales, principal acusado del asesinato del ex juez. El dato se conoció este miércoles en una audiencia ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo. La instancia se concretó ante el pedido de la defensora oficial de Rosales, Nadia Musante, quien requirió la excarcelación de Rosales, quien desde mayo de este año se encuentra detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Al oponerse al plante, el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende sostuvo: "Había un seguimiento por parte de Rosales junto con otras personas imputadas por encubrimiento, se trata de la familia Huici, padre e hijo. Rosales alquilaba un dormitorio de Huici, donde se encontraron prendas de vestir con aparentes manchas de sangre. Huici también es quien saca a Rosales de Bovril. Hablamos de encubridores".

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Cabe recordar que Curá fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de Bovril, el martes 23 de abril de este año. Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después, fueron detenidos Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez. Estos últimos se encuentran con arresto domiciliario. Días después, el 2 de mayo, se concretó el arresto de Rosales, quien fue encontrado en una finca en Bajada Grande, en la capital entrerriana.

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Rosales pide la libertad

En la audiencia de este miércoles, la defensora oficial cuestionó la prisión preventiva por 59 días que le aplicó a Rosales el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. Argumentó que la medida debe revocarse ya que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte de su defendido. En ese marco, peticionó que recupere su libertad ambulatoria, con restricciones, como la prohibición de ingresar a Bovril y no tomar contacto con testigos; o se le conceda la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

"Se utiliza como fundamento una mera presunción por una conducta llevada a cabo antes del inicio de la investigación. También se tuvo en cuenta que Rosales no tiene domicilio fijo y trabajo estable, pero quiero aclarar que sí tiene arraigo: tiene familia, seis hijos y propiedades en la localidad de Alcaraz. No tiene trabajo fijo porque trabaja en la construcción. Tiene changas. Hoy, ante la necesidad de trabajo que hay, no tener un trabajo no puede ser un motivo para considerar que se podría fugar", aseguró, según registró UNO.

Asimismo, Musante planteó que el hombre siempre estuvo a disposición de la justicia y trajo a colación una condena que cumplió años atrás por el delito de robo calificado."El señor Rosales tiene antecedentes penales y ya cumplió una condena de seis años y la cumplió íntegramente sin tener ningún tipo de inconveniente. Por qué ahora habría de pensar que no se someterá la proceso penal. Además hay que tener en cuenta que las anteriores prorrogas de la prisión preventiva se realizaron con la anuencia de Rosales, hasta tanto se lleven a cabo las medidas de prueba".

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Postura del fiscal y la querella

Sin embargo, este argumento fue respondido por el fiscal Facundo Barbosa. "Reafirmó los argumentos esgrimidos ante el juez de Garantías sobre los peligros procesales. El más importante es el riesgo de fuga. Quiero señalar que, como indicio se cuenta con la partida del señor desde Bovril hacia Paraná y luego a provincia de Buenos Aires. Eso ocurrió la misma mañana que tiene lugar el homicidio de Curá. A este comportamiento le sigue el ocultamiento digital, consintiendo en el abandono y cese de utilización de la linea telefónica que él usaba hasta antes de la comisión del hecho. Son indicios claros de riesgo de fuga", planteó.

Enseguida, el acusador remarcó que Rosales, al contrario de lo que dijo la defensa, no tiene arraigo: "No tiene familiares a cargo y no tiene residencia fija. Al momento del hecho él se fue de una habitación que alquilaba en Bovril y fue detenido en una finca en Paraná. Además, efectivamente Rosales tiene antecedentes pero el cumplimiento de la condena no es indicio de que se va a someter al accionar del sistema penal. La condena que cumplió fue dictada en 2007 por un Tribual de Mercedes de la provincia de Buenos Aires por el delito robo calificado y fue hallado en 2015 en San Benito. Se ausentó, se profugó en el mes de agosto de 2007 y fue hallado por la policía en agosto de 2015".

Por último, el querellante Marcos Rodríguez Allende fundamentó que se debe mantener la medida cautelar dictada por el juez de La Paz. "Debe rechazarse el recurso de apelación. Es fundamental que se entienda que vamos a llevar a cabo un juicio por jurado en Bovril, localidad que está conmocionada por el hecho que estamos investigando. El hecho es que un ex juez de Paz, jubilado, estando con su señora en horas de la madrugada, se despierta y se dirige al quincho de sus vivienda, alrededor de las 5.30 o 6 de la mañana. Allí es interceptado por al menos dos personas. En la autopsia se determinan los feroces golpes en el cuerpo, el cual fue escondido en el baño", subrayó.

"Estamos hablando de una persona que estaba fugada, de alguien que no se sometió al cumplimiento de la pena. No estamos haciendo una presunción, como lo dice la defensa oficial. Fue detenido en San Benito para que cumpla una pena porque estaba profugado. Pero más allá de estas circunstancias, se fue de Bovril, pero no se fue en colectivo o se puso a hacer dedo, los encubridores lo sacaron en horas de mediodía de Bovril, después de haber producido el hecho. Y si tuvieran un tipo de arraigo en Alcaraz, seguramente se podría haber ofrecido una prisión domiciliaria en Alcaraz, pero no lo tiene", dijo.

"Estamos esperando producir otro tipo de pruebas que resulten importantes, la investigación no está terminada. Por eso entiendo que la medida dictada por el juez de Garantías es una medida absolutamente razonable. Es un hecho que acaeció hace pocos meses, así que las medidas alternativas que ha propuesto la defensa oficial no neutralizan ni tan siquiera relativamente esta propuesta de una prisión domiciliaria en un domicilio de Paraná y la prohibición de acercarse a Bovril, no alcanza", expresó durante la audiencia en la que estuvo presente UNO.

Una vez oídas las partes, el juez Santiago Brugo dispuso un cuarto intermedio para definir su resolución.