Confirman procesamientos por abusos a menores

La Justicia avaló lo actuado y convalidó las pruebas existentes contra 11 personas, entre ellas un comisario general retirado
22 de diciembre 2019 · 18:30hs

El Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde que rescató la fiscal Laura Cattáneo.

Son 11 personas, entre ellos un comisario retirado, que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

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Era un plan sistemático. Cuando los chicos empezaban a abandonar la etapa de bebés y se acercaban a la niñez, la madre los empezaba a “preparar” físicamente para que sus partes íntimas luego “aceptaran” los abusos sexuales a los que ella misma los sometía y a los que los someterían más tarde los clientes que integraban una red de prostitución infantil en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital de la provincia.

Según consta en la investigación judicial que lleva adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011, época en la que dos de cuatro hermanos fueron abusados y violados tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.

Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo acaba de confirmar los procesamientos de todos los imputados: son 11 personas que deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, indica un informe de Diario Junio.

Concretamente, según indica el pedido de procesamiento ahora confirmado por el Tribunal Nro 2 de Paraná, las conductas atribuidas a los acusados se circunscriben en los arts. 125, 126, 119, 1ero, 3er y 4to párrafo, inc. B y d, 119 inc. 1, 48, 54 y 55 del Código Penal.

Hechos

A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos “preparado” para que sus cuerpos “toleraran” los abusos sexuales a los que luego los sometería.

Esas preparaciones consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.

Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.

Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como “observadores” pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.

Las fiestas y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores – hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.

Pero los abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.

Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo – la abuela fue declarada insana y apartada de la causa -. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de 7 personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.

En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.

Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: “Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos (…) y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad”.

En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que “el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (…) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran”.

Acusados

Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.

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