Trata laboral. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó a Norberto Román Valdemarín, un ingeniero agrónomo de 55 años oriundo de la localidad de Seguí, departamento Paraná, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La sentencia fue dictada el 23 de abril de 2026 por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien actuó de manera unipersonal, con la asistencia de la Secretaría de Derechos Humanos, supo UNO.
Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima
El tribunal federal de Paraná condenó a un hombre de Seguí a 4 años y 6 meses de prisión domiciliaria por trata laboral y le ordenó pagar $12 millones de reparación.
26 de abril 2026 · 10:31hs
Foto: UNO/Gonzalo Núñez
El caso se originó a partir de una denuncia realizada el 5 de octubre de 2021 a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La presentación fue efectuada por un representante vinculado a organismos laborales rurales, quien alertó sobre una posible situación de explotación en un establecimiento ubicado en la zona de Crucecita 7°, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
A partir de esa denuncia, se inició una investigación que permitió constatar las condiciones en las que se encontraba el trabajador rural L.M., señalado como víctima en la causa. Según se acreditó en el expediente, el hombre realizaba tareas de desmonte y fumigación con agroquímicos durante extensas jornadas de hasta doce horas diarias, sin contar con la indumentaria ni los elementos de protección adecuados para ese tipo de actividad.
Además, M residía en el mismo predio en condiciones precarias: habitaba una casilla sin acceso a servicios básicos como baño o agua caliente, lo que evidenciaba un contexto de vulnerabilidad estructural. A ello se sumaba que, si bien se encontraba registrado formalmente, su remuneración no se correspondía con la cantidad de horas trabajadas ni con las tareas realizadas.
Juicio abreviado
El proceso judicial avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado, mecanismo que permite abreviar los tiempos del proceso cuando existe un acuerdo entre las partes. En este caso, el imputado, asistido por su defensa, reconoció su responsabilidad penal en los hechos investigados y aceptó la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal. El procedimiento contó con la participación del fiscal auxiliar Dardo Daniel Barreto; Juan José Del Castillo, defensor del imputado; y la defensora de Víctimas, Victoria Carniel.
De esta manera, Valdemarín fue declarado autor penalmente responsable del delito de trata de personas en su modalidad de acogimiento con fines de explotación laboral, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse concretado la explotación. La figura está prevista en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, conforme a la ley 26.842.
Como resultado del acuerdo, el tribunal impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión. No obstante, se dispuso que el cumplimiento de la condena se realice bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Esta decisión se fundamentó en circunstancias personales del condenado, particularmente la situación de salud de su esposa y de su hija, ambas dependientes de su asistencia.
Reparación económica
En el marco de la sentencia, también se estableció una reparación económica a favor de la víctima por un total de doce millones de pesos. El acuerdo contempla un pago inicial de dos millones de pesos, ya efectivizado durante la audiencia, y el saldo restante en diez cuotas mensuales consecutivas de un millón de pesos cada una, que deberán abonarse entre los días 1 y 10 de cada mes.
Asimismo, el condenado deberá afrontar el pago de las costas del proceso judicial.
Defensoría de las Víctimas
Durante la audiencia, además del Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, participó la Defensoría de Víctimas, que intervino en representación de la víctima, quien estuvo presente de manera remota. Su participación fue clave para garantizar el reconocimiento de sus derechos y la obtención de una reparación integral.