Comienza el juicio a 15 personas acusadas de narcos

Con las escuchas telefónicas como columna vertebral de una investigación sobre el tráfico de drogas en la costa del Uruguay, comenzó ayer el juicio a 15 personas acusadas de integrar una asociación ilícita para tal fin. En el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Paraná, acondicionaron el salón para dar inicio a un debate que se prevé durará un mes y medio, con una cantidad inédita de imputados.

Durante un par de horas hubo idas y vueltas en las negociaciones entre la Fiscalía y los abogados defensores para un juicio abreviado. La mayoría de ellos hubiera optado por esta vía, para aceptar una pena menor y no arriesgarse a una más elevada en un juicio oral, pero al parecer, según se indicó a UNO, los cuatro integrantes de fuerzas de seguridad implicados en la causa decidieron jugárselas por su inocencia en el debate. Y la propuesta de la acusación era clara: todos o ninguno.

La megacausa, que supo llamarse públicamente como de "los narcopolicías", tuvo su comienzo en 2013, cuando un hombre fue detenido por la Prefectura a la vera del río Uruguay en la costanera de la ciudad de Colón, a punto de bajar una lancha con unos 40 kilos de cocaína para exportar al país oriental. Según esta investigación, llevada adelante por la División Toxicología de la Policía de Colón, el detenido de apellido Caliero era concuñado de otro hombre a quien estaban siguiendo: Javier Caire, quien a su vez había sido antes dueño del Fiat Duna que remolcaba la lancha para hacer el contrabando.

Así comenzó una serie de intervenciones telefónicas con interminables horas de escuchas, que habrían permitido vincular a Caire con otro nombre de peso en el ambiente narco: Mario González, conocido como El Gordo, quien estaba prófugo de la Justicia Federal y vivía en Buenos Aires. Estos dos fueron señalados como los jefes de una organización que llevaba la cocaína desde la capital del país hacia Concepción del Uruguay y Concordia, donde otros la almacenaban, distribuían y comercializaban. A su vez, la perdurabilidad del negocio a través de los años se la adjudican a la corrupción de integrantes de fuerza de seguridad: Mario Núñez, jefe de Operaciones de la Dirección Toxicología de la Policía entrerriana; Sergio García y José María Gómez, de la subdelegación Concordia de la Policía Federal y Carlos Acosta, de la Gendarmería Nacional. Según la Fiscalía, los contactos telefónicos de González con ellos evidencia la protección en cuanto a prevenirlos ante procedimientos e investigaciones en curso, a cambio de dinero. Sin embargo, los uniformados aseguran que no sabían de quiénes se trataban los que llamaban y que eran sus informantes para determinadas pesquisas.

Más abajo en la organización, según la imputación, aparecen el padre de Caire a quien acusan de almacenar la droga en su distribuidora de helados; la mujer de González como su mano derecha y en el reparto en Concordia; más parientes de unos y otros dedicados al transporte, la distribución, la guarda y la venta al menudeo.

De los 15 acusados, están detenido seis: los dos presuntos jefes, los policías y el gendarme. Pero González logró recientemente el arresto domiciliario, ya que padece complicaciones por diabetes que no puede sobrellevar en una unidad penal. El Gordo ya tiene una condena por venta de drogas en Concordia: el año pasado lo sentenciaron a cuatro año y medio de prisión por una causa de 2006 por la que estuvo prófugo ocho años.

La primera jornada del juicio realizada ayer no produjo novedades sustanciales: inicialmente, las secretarias leyeron la extensa imputación por Asociación ilícita donde se da cuenta de la investigación y las principales pruebas que incriminan a los acusados: luego, el tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango y Noemí Berros, identificó a los 15 imputados: nombres, edad, domicilio, grupo familiar, nivel de instrucción, trabajo e ingresos. Respecto de esto último, un dato desalentador: el único que tiene el Secundario completo es quien menos ingresos mensuales dijo tener. Otros, sorprendieron al mencionar ganancias mensuales por encima de los 60.000 pesos (como remisero, por ejemplo) y hasta de 100.000 pesos (una comerciante).

Por la acusación, están el fiscal general José Ignacio Candioti y el Leandro Ardoy, en tanto que los defensores son Mario Franchi (oficial), Juan José Buktenica, Francisco Azcué, Rafael Briceño, Juan Pablo temón y José Peluffo.