Causa Waigel: AFIP pidió prisión por la quiebra fraudulenta

A pesar de tener una facturación mensual de 12 millones de pesos en 2009, en la cabeza de la familia Waigel jamás estuvo la idea de frenar la quiebra y acordar con los acreedores. Así lo sostuvieron los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que ayer pidieron condenas de prisión efectiva para el presidente e integrantes del directorio de la firma crespense y algunos de sus cómplices en las acciones para vaciar la empresa. En la denominada Causa Waigel, este viernes alegará la Fiscalía.

Todos fueron acusados del delito de Insolvencia fiscal fraudulenta agravado por haber sido cometido con la concurrencia de dos o más personas, en calidad de autores, coautores y partícipes necesarios, según los roles endilgados.

En su alegato, los querellantes Marina Núñez y Marco Gastaldi, sostuvieron que la familia de Artemio Waigel hubiese podido evitar la quiebra, pero no tuvieron intención, ya que solo le interesaba salvarse y conservar su patrimonio. Es más, los acusadores del ente recaudador sostuvieron que para no ceder nada de su lujosa vida, pusieron en marcha una maquinaria que contó con la participación de los empresarios y familiares, abogados, contadores y escribanos. Igual, no todos están en el banquillo de los acusados, porque varios de los profesionales nombrados ayer fueron beneficiados por la miopía que sufre el Poder Judicial cuando tiene que investigar a “colegas”.

Además de los años de prisión, los querellantes peticionaron multas de 90.000 pesos para cada uno de los condenados y la incautación de los bienes, cuyas ganancias sean destinadas a pagar a los acreedores.

Las penas más altas solicitadas fueron para la rama familiar de Artemio. En ese sentido, la AFIP pidió cinco años y seis meses de cárcel para Artemio, Nancy, Miguel Francisco y Maricel Alejandra. Para la esposa de Artemio, Rosa Inés Butazzoni, se requirió una condena efectiva pero de tres años y seis meses de cárcel. La diferencia en la cantidad de años es por el rol que tuvieron cada uno en el ardid llevado adelante de la mano de abogados, contadores y escribanos.

Para la rama familiar de Fermín Waigel, ya fallecido, y un grupo que salió de la Sociedad Anónima cuando empezaron los problemas financieros, también hubo requerimientos de condena.

Para Andrea, Juan Pablo y Marcos Waigel, la AFIP pidió tres años de condena de cumplimiento efectivo.

Núñez y Gastaldi también formularon acusaciones contra una familia que prestó sus nombres para inscribir bienes que, originalmente, eran de la empresa Miguel Waigel y Cía. SA. Se trata de: Daniel Campos, Silvana Vargas y su hija Melina Campos (pareja de Miguel Francisco). Para todos ellos se requirió una pena de cuatro años de cárcel. Los abogados de la AFIP aseguraron que para las maniobras irregulares de traspaso contaron con la colaboración del escribano Carlos De Ángeli, actual presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos.

Otros que también fueron acusados de haber sido prestanombres son la escribana Patricia Quesada y los abogados Horacio y Sergio Schdmit Bender. Para la escribana y su esposo Horacio la querella pidió tres años de prisión condicional, mientras que para Sergio peticionó cuatro años.

Para los acusados de ser partícipes de las maniobras de vaciamiento, Leandro Ripari, nuevo gerente –también imputado por adquirir bienes–, Jorge Waigandt y Benigno Keiner las penas fueron de cumplimiento condicional. Para Ripari dos años y medio, para Waigandt quien manejaba los bienes inmobiliarios tres años, al igual que para Keiner.

“Captador de testaferros”

El abogado de Bovril, Gabriel Orsich, fue señalado por los querellantes como la persona que captó a los testaferros de los Waigel. Si bien Orsich no está en el banquillo de los acusados, el abogado fue citado varias veces por los querellantes como un armador de la maniobra de desprendimiento de inmuebles.

La AFIP pidió la absolución de Daniel Aníbal Goro, Sonia Marisa Milessi y Vicente Raúl Mendoza, tres personas acusadas de ser testaferros de los Waigel.

“Fueron utilizados por los Waigel. No eran de Crespo y no tenían conocimiento de los hechos ni capacidad económica para poder realizar las transacciones”, dijo Gastaldi al fundamentar su planteo. “Eran personas que le debían favores a Orsich”, sentenció.

Milessi y Goró fueron utilizados para desprenderse de nueve propiedades, mientras que Mendoza fue manipulado para hacerse cargo de una cementera. Los tres testaferros eran personas que desconocían absolutamente todo, según la AFIP. Es más, hay duda sobre la intervención de los escribanos Hernando Garmendia Molas y De Ángeli.

Plan Master

En los alegatos los querellantes sostuvieron que los Waigel concurrieron al estudio jurídico Regali de Santa Fe para que le pergeñen un plan para evitar salvar la firma con renovadas maniobras ilícitas.

En los email que se ventilaron, Nancy habla de la necesidad de cambiar de testaferros y de maniobras delictivas para conformar un conglomerado de empresas y así evitar pagar. Todas estas con abogados que obviamente trabajaron para armar un “colectivo criminal”, como lo definió la acusación.

Este viernes será el momento de la acusación del Ministerio Público Fiscal a cargo de José Candioti, ante la jueza Lilia Carnero. Luego se pasará a la primera semana de mayo para el descargo de los defensores.