Causa narcomunicipio, a cinco años: de nueve condenados queda uno en prisión

Se cumplen esta semana cinco años de los allanamientos que desbarataron una organización narco que funcionaba en Paraná con complicidad política. La llamada causa narcomunicipio provocó un hervidero que se enfrió rápidamente y no se tradujo en cambios para evitar las sociedades entre delincuentes del mercado de drogas con funcionarios de las instituciones democráticas, fundamentalmente en la transparencia del financiamiento político en la Entre Ríos.

Aquel 2 de mayo de 2018, la ciudad amanecía con la noticia de que otra vez Daniel “Tavi” Celis estaba acusado de conformar una banda narco. El año anterior, había sido procesado en la causa de la avioneta que aterrizó en Colonia Avellaneda con 317 kilos de marihuana. Esta vez, la novedad era que proveía cocaína a distintos lugares de Paraná y la provincia.

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Ese día, el exintendente Sergio Varisco no iba a ser requisado, aunque en el Juzgado Federal a cargo de Leandro Ríos ya tenían elementos que lo comprometían en las actividades de quien fue su principal puntero en la zona oeste para las elecciones de 2015. El cuaderno con anotaciones que encontraron en la casa de Celis, de puño y letra de su expareja Luciana Lemos, apuntaba los apellidos de funcionarios al lado de cifras que se interpretaron como dinero y kilos de droga. Una semana después Paraná era portada de los medios del país con los patrulleros de la Policía Federal parados frente a la Municipalidad y a la casa de Varisco, entre otros domicilios.

Casi ocho meses antes, el Servicio Penitenciario había requisado la celda de Celis y encontrado un celular con un mensaje que el jefe narco le envió a su mujer: “X fin una buena arreglé con el intendente”. El mensaje fue borrado y luego recuperado por los técnicos que peritaron el aparato. Este había sido el inicio del nuevo expediente en la Justicia Federal.

Aquella mañana de inicios de mayo, encontraron en la casa de Celis a un hombre de nacionalidad peruana, Wilber Figueroa Lagos. Se trataba de un emisario del proveedor de cocaína del Bajo Flores de Capital Federal, que se había instalado allí para garantizar el pago de las deudas que había contraído la banda paranaense, en particular al perder varios kilos de cocaína en un extraño suceso cuando una mujer que regresaba con el cargamento fue interceptada en un supuesto operativo policial en la provincia de Santa Fe.

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Celis y Figueroa Lagos son los dos únicos condenados que continuaron en prisión luego de ser sentenciados. El primero, recibió 13 años de encierro por esta causa y por la anterior de la avioneta, aunque le unificaron en 15 en total con la que ya estaba cumpliendo por un asalto; el segundo fue penado a seis años y medio cárcel y estaría con salidas transitorias.

El vínculo de Celis con Varisco, y con la funcionaria municipal y exsargento de policía Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández, no fue una sorpresa en aquel mayo de 2018. Ya en la campaña electoral de 2015, causaron cierta polémica las caminatas del candidato radical de Cambiemos junto al Movimiento Vecinalista del Oeste armado por el Tavi. Pero en 2017, en el marco de la causa que investigaba la banda que traficaba marihuana al por mayor, encabezada por este hombre y su hermano “Titi” Celis, surgieron los acuerdos a partir de los reclamos por los incumplimientos de los mismos. El narco ponía plata para la campaña electoral y a cambio debía recibir 44 contratos para su gente en la Municipalidad. En una escucha telefónica hablando con Hernández, le expresó su enojo sin renegar de su actividad ilícita.

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En esa causa, Varisco fue considerado “imprudente”, al no demostrarse si sabía de dónde provenía el dinero que financió su propaganda. Pero en la investigación del año siguiente la historia cambió. Según los expresado por Celis, desde la Municipalidad se le “proporcionaban recursos económicos periódicos para que la organización pueda adquirir y comercializar material estupefaciente (…) lo que en términos de autoría y participación importa el financiamiento para la adquisición y comercialización de estupefacientes”, sostuvo el juez Ríos en el procesamiento a la banda. Eran 50.000 pesos que debía recibir Lemos cada mes, con los cuales compraría la droga.

Entre estas sumas y los contratos, de los cuales les cobraban a cada empleado un porcentaje, tal como declaró un testigo, una suma millonaria salía de las cuentas municipales a la caja de la banda.

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Foto: UNO/Javier Aragón

El juicio desarrollado entre septiembre y diciembre de 2019 tuvo a 32 procesados entre las dos causas que se acumularon. Hubo 26 condenados, de los cuales solo dos quedaron en prisión, ya que el resto recibió penas de libertad condicional o les otorgaron la prisión domiciliaria. A Miguel Celis le habían dado este beneficio pero lo perdió luego por una denuncia de violencia de género. Varisco, penado a seis años y medio de prisión, también quedó detenido preventivamente en su quinta de calle Don Bosco hasta su fallecimiento el 27 de mayo de 2021 a causa de una enfermedad. Bordeira y Hernández recibieron cinco años y ya están libres.

Este último, publicó el viernes una extensa “carta abierta” en Facebook donde insistió en que recibió una “aberrante e injusta condena” por la cual responsabilizó a Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, habló de lawfare y apuntó también a Emanuel Gainza y a Néstor Roncaglia (exjefe de la Policía Federal).

No se cumplirán solamente cinco años de la causa narcomunicipio. También se llega a un idéntico aniversario sin nuevas organizaciones de narcotráfico desbaratadas en Paraná. En los años previos, varias bandas medianas o grandes habían caído por investigaciones federales. Luego no hubo más noticias. Casualidad o no, en ese mismo 2018 se sancionó la Ley de Narcomenudeo en la provincia, por la cual se detienen a cientos de personas por año por ser el último eslabón de un negocio cada vez más fácil, expansivo y lucrativo en la capital entrerriana.