Causa Coimas: la Provincia exige $229 millones a Luis Erbes por direccionar licitaciones

Luis Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, condenado por recibir coimas por parte de una empresa durante el gobierno de Sergio Urribarri, obtuvo un reciente revés administrativo: la Provincia rechazó en agosto su propuesta de abonar la suma de $ 7.036.181,61 en concepto de reparación del perjuicio económico causado al Estado.

El condenado pretendía pagar esa suma calculada por los cobros indebidos que hizo para direccionar licitaciones a favor de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. La Secretaría Legal y Técnica, órgano asesor del Poder Ejecutivo, calculó que el monto que correspondería asciende a $ 229.645.074,66.

Como contó UNO, en abril de este año, el exfuncionario fue condenado en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua especial para ocupar cargos públicos. En el caso, reconoció el direccionamiento ilícito de diversos procedimientos licitatorios en favor de la empresa Relevamientos Catastrales S.A. , a cambio del cobro de dádivas. La firma es del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero, quien en esta causa será llevado a juicio junto al exgobernador Sergio Urribarri (quien ya está preso en la cárcel de Gualeguaychú por la condena en el Megajuicio).

En este expediente, Erbes reconoció varios hechos, entre ellos se destaca el cobro indebido (coimas) en tres procesos licitatorios. La ristra de delitos que admitió son: cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la Administración Pública, como partícipe necesario y autor, ambos en concurso ideal; negociaciones incompatibles, fraude a la Administración, como partícipe primario, y cohecho pasivo, como autor, tercer hecho; y negociaciones incompatibles como partícipe primario, cohecho pasivo, como autor, ambos en concurso ideal, último hecho.

En aquel acuerdo de juicio abreviado, también aceptó cumplir con normas de conducta durante el plazo de la condena y desarrollar por aquel período tareas no remuneradas a favor de una institución de bien público por 96 horas globales por cada año de la condena.

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La propuesta de Erbes

Ahora, se conoció que Ebres ofreció a la Provincia depositar más de $7 millones en concepto de reparación por el perjuicio provocado por sus delitos contra el Estado. Sin embargo, una evaluación administrativa determinó que el monto no era suficiente y no fue aceptado. Así, Erbes deberá hacer otra oferta, con un valor mayor.

En los fundamentos, Erbes mencionó el cobro indebido de diferentes sumas de dinero durante la ejecución de tres procesos licitatorios: “Licitación 01/2008” ; “Licitación 48/2011” y “Licitación 84/2014. Indicó que los valores fueron actualizados al día 21 de abril de este año aplicando la Tasa Activa del Banco Nación, lo que arrojó la suma total de $ 7.036.181,61, monto que propuso abonar al Estado.

La oferta fue analizada por la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia, que no estuvo de acuerdo con el cálculo hecho por el exfuncionario. Al respecto, el organismo especificó que en relación a la Licitación Pública N° 01/2008, Erbes favoreció a Relevamientos Catastrales S.A. que se quedó con el contrato por $ 10.564.205.

"En este caso, y según se desprende de la Sentencia dictada en el juicio penal, la Secretaría señaló que el sobreprecio acordado fue de $ 3.022.000, de los cuales $ 2.021.993 fueron distribuidos entre los funcionarios intervinientes: Erbes y Flores percibieron conjuntamente el 7% de la prestación ilícita, equivalente a $ 191.940 en 14 cuotas variables según las etapas de aprobación de los trabajos", explicó el organismo y concluyó que lo ofrecido por Erbes en el primer hecho imputado "se limita a actualizar el capital histórico, pero omite considerar otros perjuicios ocasionados al Estado a consecuencia de esa ilicitud, tales como costos para el sistema de justicia, perjuicio al Estado e impedimento para contratar servicios de software más baratos, entre otros perjuicios indemnizables".

Así, consideró que la actualización de cálculos acudiendo a la Tasa Activa Banco Nación (TABN) para pagos de tan antigua data, "genera una gravísima distorsión en los montos, llevando a sumas irrisorias en relación con el valor real del dinero al momento de cometerse el injusto".

Más adelante, la Secretaría Legal y Técnica subrayó que la propuesta efectuada por Erbes, "se circunscribe a abonar en carácter de 'reparación del perjuicio ocasionado al Estado' la suma de dinero equivalente a los 'montos atribuidos al suscripto' y 'cobros indebidos de sumas de dinero' en diversos procedimientos licitatorios, actualizado con la Tasa Activa del Banco Nación al 21/04/2026 y entendió que tal suma resulta a todas luces insuficiente e inadmisible para este tipo de casos, no constituyendo un supuesto de reparación integral ni de restauración de los derechos afectados e intereses jurídicos tutelados por los tipos penales transgredidos por los actos de corrupción".

El órgano que asesora al Poder Ejecutivo expuso que el daño producido al Estado, "no está constituido únicamente por las sumas que el ex funcionario estatal condenado cobró para concretar las conductas antijurídicas, o por los distintos beneficios o enriquecimiento derivados de ello, que pudieron incrementar su patrimonio como consecuencia de su ahorro o inversión".

En suma, el organismo remarcó que la propuesta de Erbes "solo se dirige a abonar un dinero mal habido, que de modo alguno recompone en forma plena el daño ocasionado al Estado en sus finanzas y en su imagen institucional, erigiéndose como un pago meramente 'simbólico' e insignificante, que no debe ser aceptado".

Las otras licitaciones amañadas

En cuanto a la licitación N° 48, de 20211, la conclusión fue similar. Entonces, Relevamientos Catastrales S.A. resultó adjudicataria para brindar un servicio de soporte diario de administración de base de datos y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones de la Provincia. Fue por USD 1.456.200 (durante 18 meses), monto que contemplaba $ 67.000 mensuales para distribuir entre funcionarios, correspondiendo a Erbes la suma de $7000 por mes. Luego de los primeros 18 meses, se prorrogó el contrato totalizando un período de 36 meses entre marzo 2012 y febrero de 2015, y abonando la Provincia aproximadamente $ 17.734.249,40.

La tercera licitación fue la N° 02 de 2015. En este hecho, Erbes coordinó con Cardona Herreros la contratación de una consultoría técnica informática de soporte y asistencia del sistema de Administración de Recursos Humanos y Liquidaciones de la Provincia. La firma del empresario paraguayo se quedó con un negocio de $ 7.836.600, pagaderos en 12 meses. Ese monto incluía $ 102.000 mensuales en concepto de sobreprecio, de los cuales Erbes percibió $ 7000 mensuales durante el período de la contratación.

En cuanto a la cuarta licitación, la N° 84 de 2013, se especificó que se contrató un servicio de relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de Software de Gestión Integral del Ministerio de Trabajo. Erbes intervino informando la factibilidad presupuestaria de la contratación, proponiendo al entonces ministro Guillermo Smaldone (condenado en este caso mediante juicio abreviado) la modificación del presupuesto vigente e indicando la imputación del gasto.

Relevamientos Catastrales S.A. fue la adjudicataria como única oferente por la suma de $ 19.800.000. El sobreprecio acordado ascendió aproximadamente a $ 155.000 mensuales, de los cuales Erbes percibió $ 20.000 mensuales durante al menos 36 meses.

Finalmente, la Secretaría Legal y Técnica realizó un análisis comparativo entre las sumas ofrecidas por Erbes: las que ascienden en total a $ 7.843.663,14, y el monto que correspondería mediante la aplicación al capital histórico del Índice IPC/IPIM -calculado a abril/2026-, arroja la suma de $229.645.074,66.

El órgano asesor consideró que "el círculo de corrupción e impunidad produce en la ciudadanía la creencia del 'todo vale' con el consiguiente descreimiento del sistema judicial, generando una 'cultura de la corrupción' donde la mayoría pretende alcanzar sus metas a través de métodos ilegítimos y donde el que cumple con las leyes, pierde". Y concluyó que "el acuerdo presentado por el Señor Erbes deviene notoriamente improcedente".

Con esta información, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, firmó el decreto N° 2450, fechado el 7 de agosto, que rechaza la oferta de Erbes.