¿Y si legislamos para el pueblo?

Hace pocos días se conoció públicamente que las senadoras oficialistas María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara promueven una ley que busca limitar la intervención del periodismo en causas por corrupción. Estas legisladoras, que cobran suculentos sueldos mensuales por ocupar una banca en el Congreso de la Nación, lugar (supuestamente) democrático si los hay, impulsan una ley que va directamente contra la Constitución nacional (artículo 14) y el Pacto de San José de Costa Rica. Falta que una vez aprobada esa ley, las mismas legisladoras elaboren otra que permita solo hablar de las cosas (supuestamente) buenas que hagan (supuestamente) los funcionarios públicos.

Según se lee en el proyecto, proponen un control de convencionalidad para las prisiones preventivas, que establece su anulación lisa y llana cuando el imputado se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de comunicación de las acusaciones en su contra. Hay un detalle que no es menor: la ley sólo beneficiaría a los acusados por corrupción.

No quiero ni pensar lo que hubiesen dichos esas legisladoras si el proyecto lo presentaba Cambiemos, o Juntos por el Cambio como se llama ahora. La comparación directa hubiese sido: “son la dictadura”. Que los medios de comunicación influyen y algunos periodistas trabajan en forma coordinada con jueces y fiscales para ejecutar denuncias y difamaciones no es nuevo. Pero el Poder Judicial tiene funcionarios honestos que pueden investigar y denunciar. También hay funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo que pueden impulsar denuncias. Solo que muchas veces esos que hoy la juegan de víctimas, mañana son victimarios. Entonces la rueda sigue girando. Hay que trabajar como sociedad para que eso no ocurra o no suceda como en Buenos Aires, donde supuestamente un falso abogado apretaba y un periodista ejecutaba. Los legisladores tienen que trabajar por más democracia. Por la difusión de los actos de gobierno del Poder Judicial porque hoy todavía hay jueces y fiscales que no hablan ni por sus escritos (léase sentencia en caso de jueces). Aparte el proyecto pone tiempos expeditivos para resolver. Sinceramente no conozco la productividad de las legisladoras, ni en su provincia ni a nivel nacional, pero habiendo tantas cosas importantes para trabajar se ocupan de cuestiones que no definen en nada, o en casi nada, la vida de los ciudadanos.

Tal vez sería interesante que algún ciudadano impulse un proyecto de ley que proponga sancionar al legislador que “se vaya al carajo” con un proyecto de ley como el que proponen las legisladoras “progresistas”. Ese tipo de iniciativas deberían ser sancionadas. Como cuando un funcionario judicial comete un “error” que le cueste la libertad o la limitación injusta al acceso a bienes o seres queridos, a un ciudadano imputado de un delito o que haya sido condenado injustamente. Así, tal vez, quizás, en una de esas, quién sabe, se abstienen de hacer barbaridades a sabiendas de que no tendrán que pagar ningún tipo de consecuencias.