Miradas

Vista gorda al dinero sucio

En Entre Ríos, se cuentan con los dedos las sentencias por lavado de activos en la Justicia Federal ... en la Justicia Provincial nadie se animó al primer paso

Lunes 06 de Julio de 2020

Cuatro empresas de distintos rubros, bienes inmuebles y vehículos por todos lados, conforman el patrimonio del jefe de la barra de Rosario Central, valuado en 38 millones de pesos, según el fiscal rosarino Miguel Moreno. Hace dos semanas, la causa que tiene detenido e imputado por lavado de activos a Andrés Bracamonte, asoma como la punta del iceberg de los negocios ilícitos alrededor del fútbol y tiene en vilo a varios en la Cuna de la Bandera. A su vez, demuestra la decisión tomada en la vecina provincia de avanzar con una política criminal que persiga a fondo el dinero sucio, proveniente de actividades delictivas, como se ha observado en otras causas. Una determinación que en Entre Ríos no asoma entre las prioridades.

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¿Cuántos Pillín Andrés Bracamonte podríamos identificar en cualquiera de nuestras ciudades? No solo en los negociados que se ponen en marcha cuando la pelota comienza a rodar, sino en torno a diferentes actividades delictivas, desde el narcotráfico hasta los que determinados personajes ejecutan para enriquecerse a costa del Estado.

El crecimiento patrimonial es difícil de disimular en algunos sectores sociales, donde de la noche a la mañana aparece un vecino con vehículos nuevos, reformas a su vivienda y eventos con despilfarros sorprendentes, sin actividad legal conocida, ni que haya sacado el Quini 6. En otros ámbitos, se puede encubrir bajo actividades lícitas o con sociedades fantasmas, pero igualmente sin posibilidad de no dejar huellas acerca del origen espurio del dinero. La cuestión es que no se avanza ni siquiera contra aquellos que se enriquecen lavando billetes a la vista de todos.

En Entre Ríos, se cuentan con los dedos de las manos las sentencias por lavado de activos en la Justicia Federal, aunque hay varias causas en trámite (algunas de ellas ejemplificadoras, como una vinculada a la industria de la madera); mientras que en la Justicia Provincial nadie se ha animado a dar el primer paso.

En Santa Fe, por ejemplo, la Corte Suprema avaló la jurisdicción de la Provincia para atacar ese delito, por pedido de fiscales del Ministerio Público de la Acusación que consideran necesario dar el golpe económico a las violentas bandas criminales, con sus cómplices de traje y corbata. En ese mismo sentido es que avanzó el fiscal Moreno contra Andrés Bracamonte y tiene en carpeta a varios empresarios y dirigentes del fútbol.

Más allá de la voluntad o las ganas de los titulares de la acción penal entrerrianos, un gran escollo que se presenta es la escasez o nula estructura para investigar el lavado de activos.

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En la conferencia sobre Derechos Fundamentales, Democracia y Corrupción (organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL), la semana pasada, el periodista Hugo Alconada Mon planteó estos interrogantes al referirse a las leyes que ordenan perseguir la corrupción pública y privada en Argentina: “¿Dónde están los controles? ¿Cómo capturás a los corruptos si el sistema no está preparado para eso?”.

Hace más de tres años, Entre Ríos, Corrientes y Misiones firmaron un convenio con la Unidad de Información Financiera, en el cual se creó la Agencia Regional del Litoral de este organismo autónomo para investigar los delitos económicos en estas provincias, con sede en Posadas. No proliferan las noticias de sus aportes a causas judiciales.

Ya lo dijo Lester Freamon, el detective de The Wire: si seguís el dinero, no sabés a dónde te puede conducir. A esto ya lo vimos en la causa Narcomunicipio, con sus enseñanzas sobre el desregulado financiamiento electoral, que sospechosamente todavía nadie pretende regular.

Las prioridades en política criminal siguen apuntando bajo. Hay grandes estructuras para perseguir kioscos de droga, hurtos y estafas telefónicas. Atacar el lavado de activos necesariamente lleva a golpear a los peces gordos del narcotráfico, la trata y la corrupción pública y privada; sin embargo, las Fiscalías y Policías carecen de áreas específicas o son casi testimoniales. Quizás aquellas prioridades explican los intereses de quienes las fijan. Queriendo o sin querer, se protege el origen de la mentada inseguridad.

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