Hace ya varios meses que no hay avances importantes en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Entre Ríos. La última sentencia por estos crímenes se dictó el 5 de noviembre de 2018, con la condena al médico militar Jorge Horacio Capellino por su participación en un secuestro y en el homicidio de Pedro Sobko, hoy desaparecido. Poco antes, el 23 de octubre de 2018, fueron condenados los médicos del Instituto Privado de Pediatría Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, responsables de sustracción de bebés y sustitución de identidad en el caso de los mellizos Valenzuela Negro. Esta semana que pasó se realizó la audiencia de apelación del fallo contra Capellino y ahora la Cámara Federal de Paraná debe resolver si eleva la pena y lo responsabiliza también por la Masacre de la Tapera (con dos víctimas), como impulsan las querellas y la Fiscalía, o si lo absuelve de todo como pretende la defensa. Habrá entonces un nuevo veredicto, de revisión de uno anterior, pero lo cierto es que hace nueve meses que por estas latitudes no se determina la responsabilidad de ningún genocida.
La lentitud que favorece la impunidad
Por otro lado, es excesiva la dilación de la causa Área Paraná II, que tiene entre sus víctimas al desaparecido Jorge Emilio Papetti. Los testigos declararon en abril de 2018 y un año y cuatro meses después todavía no terminaron de presentarse los alegatos. Como todos los expedientes que derivan de la megacausa Área Paraná, el trámite es por escrito por aplicación del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, lo que enlentece y obstaculiza todavía más la resolución de la responsabilidad penal de los ocho imputados, que deberá ser tomada en algún momento por la jueza Beatriz Estela Aranguren.
En la costa del Uruguay no hay excepciones. El ya creado Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay hace meses que debe definir la fecha del juicio oral y público de la llamada “Causa PC”, en la que se investigan las torturas que sufrieron militantes del Partido Comunista en esa ciudad. Uno de los represores involucrados, José Luis Palacios, ya falleció gozando de la impunidad.
El tratamiento que se le da a los procesos por crímenes de lesa humanidad en el fuero federal entrerriano es favorable a esta lentitud. En el Juzgado Federal de Paraná, en lugar de agruparse las causas por el lugar en que ocurrieron los hechos o las fuerzas y represores involucrados, se llevan adelante procesos aislados y separados, algunos hasta con una sola víctima y con un solo imputado, como si no fueran parte de un mismo plan sistemático de represión ilegal, tortura y exterminio, algo que ya no se discute por formar parte de la jurisprudencia nacional y de la memoria social de los argentinos. Se pierde de vista el contexto en el que se cometieron estos crímenes y su condición de formar parte del genocidio llevado adelante en el país por las fuerzas militares y con participación de civiles, algo sobre lo que la misma Justicia Federal de Paraná ya se ha pronunciado. El tratamiento que se le da, entonces, es el de delitos comunes y no de graves violaciones a los derechos humanos que por su gravedad ofenden a toda la humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. En el futuro llegará a juicio una causa que tendrá como único imputado al expolicía Atilio Ricardo Céparo, por tres víctimas. Céparo ya fue condenado en otro juicio por una sola víctima y tiene otra causa en trámite por otras dos. Carlos Carvallo, también exmiembro de la Policía de Entre Ríos, será sentado en el banquillo por los delitos que cometió contra una persona.
Lo lógico sería que se juzgara a la mayor cantidad posible de integrantes de la patota de la fuerza de seguridad provincial y por la mayor cantidad de hechos; lo mismo que los que eran parte del grupo de tareas de la Policía Federal.
Pasaron ya 16 años desde que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron declaradas “insanablemente nulas”. Pero el juzgamiento de los crímenes más terribles cometidos por el Estado, en Entre Ríos, todavía está lejos de completarse.