La confusión juega para el violento

Desde que se anunció la estrategia del “barbijo rojo” para ayudar a las víctimas de violencia de género en este periodo de aislamiento por la pandemia del Covid- 19 coronavirus, no ha hecho más que cosechar críticas, por su inviabilidad e ingenuidad.

La iniciativa conjunta entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina, anunciada “de prepo” como una medida federal, pero sin consultar a las áreas de género provinciales, establece que las personas en situación de violencia por motivos de género podrán acercarse o llamar a la farmacia de confianza para pedir ayuda mediante una clave “secreta” (pedir un Barbijo Rojo), código que, por haber sido ampliamente difundido, también conoce el agresor.

El instructivo llegado a las farmacias indica que al solicitar la víctima “un barbijo rojo” el personal debe gestionar una comunicación con la Línea 144. La estrategia es responder que aún no tiene el producto y le pida sus datos bajo pretexto de acercárselo cuando esté disponible. Entre las críticas se hizo notar que una víctima de violencia de género, de por sí hipercontrolada por el violento, difícilmente pueda -y en este particular contexto de encierro- acceder a una llamada para solicitar la ayuda codificada.

Se contempló también que la víctima llegue a la farmacia, sola o acompañada por el violento, lo que pone al empleado o empleada en la posición de pesquisa y de negociador. Es inverosímil pensar que empleados y empleadas hayan recibido la capacitación adecuada para realizar esta tarea. Máxime si se tiene en cuenta que los pedidos de ayuda deben ser registrados en una planilla Excel para comunicar a la Línea 144.

No se entiende cómo, en este contexto de pandemia, con farmacias desbordadas y gente haciendo cola en las puertas, los empleados en la línea de batalla con riesgo de contagio, trabajando en turnos reforzados, tal vez precarizados, cumplan un rol que es del Estado.

La medida anunciada por la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, fue un espasmo ante la abrumadora cifra de femicidios durante la cuarentena. Algunas provincias ya descartaron su aplicación.

Consideran que el personal de farmacias debería tomar decisiones para las que no está capacitado, como detectar a una mujer violentada o el perfil de un vínculo violento, para determinar si entrega -o no- un folleto. “Una mujer amenazada de muerte no puede ir a la farmacia, menos acceder a un teléfono. Es inadmisible que no exista en la cabeza de quienes intentan campañas de protección la noción de que difundir una clave públicamente es llevarla directamente a los oídos del hombre que ata, encierra, trompea, patea, arranca el pelo, viola, empala y prende fuego a una mujer. Y en el hipotético caso de que la víctima pudiera salir o llamar, en la farmacia se comunicarían con el 144... y a sentarse a esperar la fatalidad”, expresó sobre “el Barbijo Rojo”, Inés Estévez.

Para resumir, la medida expone a las víctimas y evidencia un profundo desconocimiento de la realidad de la violencia de género. Además de ingenua e inconsulta, traslada a un o una "laburante" el trabajo que debería cumplir el engranaje estatal y judicial.