Los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, tuvieron un solo y exclusivo destinatario: el Fondo Monetario Internacional. La batería de medidas del Gobierno, dijo la funcionaria, persiguen el objetivo del “equilibrio fiscal”. En tono ortodoxo y lejano a la prédica del Frente de Todos en la campaña electoral, prometió: “no gastar más de lo que tenemos”, es decir, sujetar la inversión pública a la recaudación; tasas de interés positivas (que superen la inflación) para absorber los pesos circulantes; y prohibir el ingreso de empleados al Estado.
Gobierno para el Fondo y oposición para los ricos
Por Ramiro García
La ministra Batakis anunció el ajuste del Gobierno, y JxC propone eliminar el impuesto a los Bienes Personales
No sugirió ninguna medida de emergencia para aliviar a la población más empobrecida por la crisis económica.
Los anuncios sí incluyeron indicios de cambios tributarios para las clases medias y altas. Economía controlará las valuaciones inmobiliarias y se presume que habrá un revalúo para acercar las propiedades a su valor real de mercado, muy lejano al valor fiscal. Si se concreta, se esperaría una mayor recaudación a través de tributos como Rentas, Inmobiliario y Bienes Personales.
Las reacciones de Juntos por el Cambio a los anuncios fueron críticas, obviamente. Pero en vez de salir contra el ajuste en defensa de las mayorías, algunos opositores se alzaron….. por los ricos.
Diputados de JxC y La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar, precisamente, el impuesto a los Bienes Personales. El texto del diputado radical Martín Tetaz fue respaldado por dos representantes de Entre Ríos: Rogelio Frigerio (PRO) y Gabriela Lena (UCR).
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Entre los fundamentos del texto, se lee que el tributo aprobado por emergencia en 1991 debería haberse terminado en el 2000; que “compite con impuestos provinciales” y desfinancia a los gobiernos de las provincias; y que derogarlo no afectará recursos públicos nacionales, porque representa “solo” el 1,3% de la recaudación. Un porcentaje nada despreciable de la masa tributaria nacional, a pesar de la consideración opositora.
¿Quiénes pagan este impuesto y, por lo tanto, se beneficiarían con su derogación? Las personas que, hoy, tienen patrimonios declarados mayores a $6 millones, dentro del país y/o en el exterior. ¿Qué bienes alcanza? Inmuebles, vehículos, tenencias en billetes (pesos, dólares u otra moneda), bienes en el exterior, obras de arte y antigüedades, barcos, aviones y criptomonedas, entre algunos otros. Cabe aclarar que los inmuebles destinados a vivienda no están alcanzados si su valuación es igual o inferior a $30 millones. ¿Cómo se cobra? Se paga una vez al año. Se completa una declaración jurada ante la AFIP y se abona de acuerdo con una “tablita” que sube la alícuota a medida que crece el patrimonio.
Por ejemplo, alguien que tiene bienes declarados por $8 millones pagará el 0,5% de los $2 millones que superan aquel piso de $6 millones. Pasando en limpio, tributaría $10.000 por única vez este año. En cambio, al contribuyente que tenga propiedades por $50 millones (recordamos, sin contar el inmueble que use para vivienda), el Estado le cobraría $481.250 una vez al año. Progresivamente, la “tablita” llega hasta los patrimonios de $300 millones y deja de contar.
La cuestión no es simple. No se trata de tildar de rico ni avaro a un trabajador que posea un patrimonio de $6 millones después de una laboriosa vida de ahorro y esfuerzo. Pero la ley de Tetaz no está pensada para la jubilada que tiene “una rentita” porque hoy los haberes previsionales de la mayoría no alcanzan para vivir con dignidad (lo que es lamentablemente cierto). Es que, en ese caso, la propuesta bien podría ser subir el piso mínimo para pagar el tributo y gravar a quienes realmente viven en la riqueza, en vez de derogarlo lisa y llanamente.
¿Por qué eximir de este impuesto a aquellos que no saben en qué gastar la plata que les sobra, en un país donde más de 8 millones de personas viven en la pobreza y 2,5 millones ni siquiera logran una alimentación básica?
Con las propuestas conocidas esta semana, tanto el Gobierno y la oposición liberal dieron muestras claras de quiénes tienen prioridad en sus agendas.