El gobierno nacional ya tiene un plan y envió al Congreso el proyecto denominado Ley de Solidaridad social y reactivación productiva, que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. El proyecto busca crear un impuesto del 30% a las compras en dólares. Se aplicará tanto para las transacciones realizadas con tarjeta de crédito en moneda extranjera (es lo que había anunciado el jefe de Gabinete Santiago Cafiero durante el fin de semana), como para la adquisición de la divisa estadounidense para atesoramiento: esto es dentro del límite de 200 dólares mensuales contemplado desde la instauración del cepo hard, que seguirá vigente.
Alberto y su plan para salir adelante
Atenti, este tributo no se aplicará para los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco para proyectos de investigación. La recaudación se utilizará en un 70% para financiar los programas de la Anses, y un 30% para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social. Además se prevé una suba en la alícuota del derecho a exportación para el agro. En el caso de la soja, se eleva el tope del 30% al 33%, mientras que para el maíz y el trigo pasa de 12% a 15%. En otro punto se estipula un aumento en forma progresiva del impuesto a bienes personales. Para el primer tramo pasaría del 0,25% al 0,50%, para el segundo del 0,50% al 0,75%, para el tercero del 0,75% al 1% y para el tramo más elevado (cuando el monto supere el mínimo no imponible en 18 millones de pesos) ascendería al 1,25%. El Mínimo no Imponible se mantendría en 2 millones de pesos y la exención de la casa habitación, por un valor menor a 18 millones de pesos.
La ley también plantea que por los bienes en el exterior se pagaría el doble (es decir, un 2,5%) y si se repatriara el dinero habría un reconocimiento y menor impuesto. Por otra parte, subirían los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas. Mientras que los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.
El proyecto estipula el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio de 2020. El documento faculta al gobierno nacional a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” para fijar los nuevos valores de los servicios públicos.
En otro de los puntos destacados se encuentra la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria: será interrumpida por seis meses –con posibilidad de que llegue a un año– la ley sancionada en 2017 y que ataba a la inflación y a las subas salariales los aumentos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Se buscará confeccionar una nueva fórmula de actualización automática de haberes que implica a un total de 18 millones de argentinos. Hasta que haya nueva fórmula, el Gobierno dará aumentos por decreto a los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH. El 30 de diciembre se pagará un bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren la mínima y subas en menores cantidades para quienes cobren hasta 19.000 pesos.
Se incluyó una moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, que contempla la suspensión de las acciones penales, la exención de multas y la condonación de intereses y capital. La regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad y aduaneras, habilita a acogerse por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive.
En otro de los artículos, se otorga al Gobierno la facultad de disponer “incrementos salariales mínimos” a empleados del sector privado. Sería una suba fija de emergencia para las escalas más bajas, cuya cifra oscilaría entre los 6.000 y los 10.000 pesos. El Presidente podría aplicarla por decreto, y se sumaría a otro ajuste porcentual derivado de una negociación paritaria.
Hay un artículo referido a los créditos UVA. Se estipula que el Banco Central realice “una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias” de los préstamos hipotecarios, a la vez que se estudiarán mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.